Varios militares desertores venezolanos volvieron a quejarse del abandono en el que los tiene el líder opositor Juan Guaidó, en Cúcuta, pues afirman que siguen sin condiciones dignas para vivir y afrontan diversas dificultades, como amenazas, persecuciones, falta de transporte para evitar desplazarse a pie por la ciudad, e incomodidades durante su estadía y la de sus familias.

Un pequeño grupo, que se aloja en el centro de la ciudad y dijo estar a cargo de Acnur y el “gobierno de Guaidó”, señaló que les insisten en que no hay presupuesto para generar un estado de mayor bienestar, situación que les preocupa “porque leímos en la prensa que llegaron millones de dólares de ayuda, y a nosotros no nos están prestando atención”.

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Según se conoció, los líderes de los grupos hospedados en varios hoteles son ex coroneles, que les insisten en que no se rompa la unidad que mantuvieron tras su salida de Venezuela; es decir, internamente se estarían manteniendo jerarquías que indican que los exmilitares aún no se reconocen como civiles y, de hecho, aún se muestran “dispuestos a volver a las armas”, pese a que su estatus cambió en el territorio nacional.

De otro lado, afirmaron que de conocerse estas tensiones internas se le estaría dando la razón al presidente Nicolás Maduro, pero su paciencia se agota, y algunos señalan que al parecer está pasando lo que temían: no deben creer en políticos.

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Aunque algunos reconocen que hay comida y un techo, les preocupa que no avanzan las solicitudes de asilo que, según ellos, ya están en trámite.

Además, no tienen posibilidad de trabajar, lo cual perjudica su cotidianidad, “porque a pesar de todo, allá teníamos un sueldo”, declaró uno de ellos a La Opinión.

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En días pasados, el director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería, Víctor Bautista, dijo no tener información nueva sobre estos solicitantes de refugio ubicados en el área metropolitana de Cúcuta, pero afirmó que las solicitudes de refugio “son solo para civiles” y que “ninguna persona que esté haciendo una actividad distinta a esa puede permanecer en el país”.

Afirmó que la Cancillería no tenía información verídica de que se estuviesen haciendo actividades de entrenamiento militar, “y si se hicieran, se tienen que aplicar todos los elementos de la ley”.