De 503 mil personas que han ingresado desde Venezuela a Colombia, salieron 490 mil; es decir, 13 mil de ellas continúan en territorio nacional bajo el control de las autoridades migratorias.

Así lo dio a conocer el director de Migración Colombia, Christian Krüger, quien señaló que su permanencia en el territorio no es considerado como irregular, siempre y cuando no sobrepasen los treinta días establecidos con el uso de la tarjeta migratoria.

“Los venezolanos han diligenciado la tarjeta que permite agilizar los ingresos y lograr una migración ordenada, regulada y segura”, dijo el funcionario, que visitó los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y los avances de Tienditas, y verificó los controles para el paso peatonal.

Allí, el funcionario reiteró que la tarjeta solo permite permanecer en el área metropolitana de Cúcuta, pues pasar de ella implicará la deportación.

Según reveló, hasta el momento se han deportado 700 venezolanos del territorio colombiano, quienes tenían una condición migratoria irregular, o estaban incumpliendo su categoría migratoria.

 “Por ejemplo, tenían categoría de turistas pero estaban trabajando sin visa”, comentó.

Agregó que no solo los empleados irregulares están en riesgo, sino también las empresas y negocios que avalen estas actividades, pues deben pagar multas de hasta ocho salarios mínimos mensuales.

De acuerdo con las cifras presentadas, actualmente hay 210 empresas de La Guajira, Norte de Santander y Arauca en proceso de investigación por admitir venezolanos sin visa de trabajo.

“Esto beneficia tanto a empleadores como a los extranjeros porque con la visa les pagarán lo justo, tendrán acceso a seguridad social y a nosotros nos permite identificar a quienes están en el territorio”, declaró.

Otos datos

De otro lado, anunció que en un mes se hará una reunión con la autoridad migratoria venezolana, el Saime, para evaluar las cifras y definir la fecha, condiciones y características del documento migratorio definitivo para los habitantes de frontera.

En relación con la falta de control de parte de las autoridades venezolanas que, según testimonios, no solicitan la tarjeta, Krüger expresó que esta es una decisión autónoma del país.

“La tarjeta se había acordado, están las actas, pero cada país es independiente de exigir o no el documento”, expresó.

Enfatizó además que los procedimientos migratorios se acompañan con la Defensoría del pueblo, la Procuraduría, y un grupo auditor que verifica que se den garantías de derechos humanos.

La Opinión