El impacto de la COVID-19 en materia de salud en el estado Táchira, va más allá de las cifras de contagiados o recuperados; de la deficiente dotación hospitalaria o los esfuerzos que hacen quienes administran el sistema de salud pública para brindar respuesta a quienes acuden en busca de atención.

Las medidas restrictivas aplicadas para evitar el contagio, repercuten en otros sectores de la vida cotidiana, especialmente en el plano económico, donde uno de los principales afectados es el sistema de salud privado, que desde la aplicación del cierre de fronteras como parte de las medidas preventivas para frenar el avance de la pandemia, sufre por la ausencia de pacientes colombianos, quienes se habían convertido en parte de su estructura central de funcionamiento.

Los costos que resultan competitivos para los colombianos, se hacen prohibitivos para el venezolano común; una consulta de especialista, con un valor de 50 mil pesos, representa 3 millones de bolívares, lo que equivale a 7.5 salarios mínimos, actualizados a mayo de 2020.

Luz Dary, una paciente que requería una atención quirúrgica urgente por apendicitis, acudió esta semana a la emergencia de un centro de salud privado, y tras la intervención, se dio cuenta con sorpresa de que fue la única paciente atendida en la clínica durante todo el tiempo que permaneció hospitalizada.

Porfirio Parada, directivo del Colegio de Médicos del estado Táchira y amplio conocedor del sistema de salud privado en la región, estima que la afluencia de pacientes a los centros privados de salud en el estado Táchira desde el inicio de la pandemia ha disminuido en al menos 60%.

“Ello ha obligado a los centros privados de salud a tomar medidas drásticas, como el despido masivo de personal”, dice, y explica que en muchos casos la plantilla de enfermeras, camilleros y camareros ha disminuido de forma sustancial. “Más del 70% de la fuerza de trabajo que mantenía operativas las clínicas se ha retirado y solo va quedando el personal esencial”.

Estima que la recuperación, tras el paulatino levantamiento de la cuarentena, será también lento, pues los centros privados de salud están realizando grandes esfuerzos económicos para mantenerse operativos en este tiempo de crisis, “luego tendrán que equilibrar las cuentas antes de comenzar a reclutar personal nuevamente”.

Frontera, tabla de salvación

La crisis hiperinflacionaria que afecta a Venezuela, ha resultado una gran oportunidad para que los colombianos accedan a un sistema de salud de óptima calidad, ofrecido en los mejores centros de salud del Táchira, a precios muy accesibles debido al diferencial cambiario cada vez más favorecedor, que atrae a clientes no solo de Cúcuta sino también de Bucaramanga y otras ciudades. Recuerda Parada que desde el año 2015, tras el cierre de fronteras comenzó una creciente presencia de personas que viajaban desde Colombia en busca de atención en salud; además, a partir de 2018, con la llegada de la hiperinflación y el consecuente incremento acelerado en los costos de bienes y servicios, los seguros privados –que constituían la columna vertebral de los ingresos de los centros privados de salud- no alcanzaban a brindar cobertura a las necesidades clínicas de sus clientes, lo que hizo colapsar el sistema hasta entonces establecido.

Alfredo Orozco, accionista de un centro de salud privado en San Cristóbal, agrega que la mayoría de los pacientes que desde Colombia se movilizaban al Táchira en busca de atención médica antes de la cuarentena obligatoria, corresponden al área quirúrgica, pues los inconvenientes no compensan el esfuerzo de una consulta. “Los médicos venezolanos desde hace años estamos ofreciendo consultas en Cúcuta porque es más fácil para los pacientes tratarse allá y viajar a Venezuela solo en el caso eventual de una cirugía”.

Agrega que en vista de esa situación las clínicas venezolanas prepararon paquetes especiales para los clientes colombianos que incluso contemplaban el traslado post operatorio en ambulancia hasta San Antonio, “y aun así les resulta mucho más económico que intervenirse en Colombia”, apuntó, al tiempo de agregar que en medio de la pandemia todas las cirugías provenientes del otro lado de la frontera se paralizaron de forma abrupta desde el mes de marzo; “resulta muy difícil e irresponsable trasladar a un paciente por una trocha”. Las consultas privadas también han sufrido los rigores de las restricciones contra el coronavirus y registran una merma superior al 50%.

Salud pública como alternativa

“Nos resistimos a ponerle un candado al Hospital Central de San Cristóbal así no tengamos recursos”, dijo recientemente la gobernadora del Táchira ante periodistas locales al enumerar las dificultades que enfrenta este centro asistencial, convertido en Hospital centinela en tiempos de pandemia, y calificado como el segundo mejor en atención de toda Venezuela.

Por su parte, Leonardo Contreras, director del centro hospitalario, informó que a pesar de las dificultades, las cifras de atención reflejan en este tiempo de cuarentena 6 mil 500 pacientes hospitalizados por diferentes patologías, 185 personas operadas por emergencias en traumatología, se han atendido 472 pacientes por triaje respiratorio, 6 pacientes recuperados de COVID-19, así como 280 cirugías generales de emergencia y 448 intervenciones entre partos, cesáreas y legrados uterinos.

María Niño corrió con su hija pequeña en busca de atención médica luego de que la menor sufriese un desmayo por deshidratación tras varios días de presentar vómito y problemas estomacales. “Al subir al carro mi esposo me mira y me dice: ¿A la clínica?;  y yo le respondo: ¿Clínica? Los pocos dólares que tenemos apenas alcanzarán para las medicinas, vamos rápido al hospital.

Como ella son cada vez más los casos de venezolanos cuyo nivel de vida usualmente les permitía acceder al sistema privado de salud y a quienes la realidad del país ahora les obliga a acudir a hospitales públicos, lo que junto a la falta de insumos y la manipulación de las políticas públicas en materia de salud, ha llevado al sector en una espiral descendente que acusa deserciones masivas de personal de salud, deterioro de la infraestructura hospitalaria, fallas notables en la dotación de insumos, medicamentos y hasta de alimentos.