En la actualidad, Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos que, por causa de la crisis humanitaria compleja y los niveles de inseguridad, abandonan su país para reconstruir sus vidas en otras tierras.

En el último informe de Migración Colombia, más de 1,8 millones de personas venezolanas residían en el país, pero menos de 18.000 de ellas han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, según datos de Cancillería. Una cifra que apenas representa el 1 % de los migrantes.

Esto podría deberse, entre otras cosas, a la demora del estudio que el gobierno colombiano hace de cada petición, tiempo en el que el solicitante no puede trabajar de manera formal.

En diálogo con La Opinión, Jozef Merkx, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), analiza esta situación y explica de qué manera la agencia brinda acompañamiento a los solicitantes de asilo en el país. 

Con casi 25 años de experiencia trabajando en contextos humanitarios, Merkx también habló de las acciones humanitarias que está desarrollando Acnur y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) para atender a refugiados y migrantes en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la pandemia generada por la COVID-19.

¿Qué impresión tiene del sistema de solicitud de asilo colombiano?

El sistema de solicitud de asilo en Colombia es pequeño, desarrollado relativamente para pocas personas porque Colombia nunca había tenido la necesidad de tener que recibir a tantas personas que están huyendo de su país. La solicitud tarda muchos meses. Ahora hay un desarrollo bueno, porque antes el salvoconducto que reciben los solicitantes tenía validez de 3 meses, ahora se duplicó a 180 días y nosotros ayudamos para que con este salvoconducto las personas venezolanas puedan tener acceso a salud y servicios básicos.

Unas de las limitantes del proceso de asilo es que con el salvoconducto las personas no pueden emplearse ¿hay algunos avances con el gobierno sobre esta situación?

Eso siempre lo estamos discutiendo con el gobierno para que este salvoconducto sirva como permiso de trabajo, pero también le explicamos a muchos solicitantes que pueden tener otros documentos como el Permiso Especial de Permanencia, ya que el PEP sirve mejor como permiso de trabajo.

Hay un imaginario entre muchos migrantes que Acnur es la oficina encargada de aprobar o rechazar las solicitudes de asilo ¿cuál es la función de Acnur en estos procedimientos?

Acnur no reemplaza al gobierno, porque quien decide si una persona recibe o no la condición es la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Cancillería. Nosotros acompañamos los procesos, sugerimos a las personas cómo prepararse, apoyamos a la gente durante el proceso, porque muchos están en situación precaria sobre todo si no pueden trabajar. También estamos en contacto con el gobierno para mirar cómo acelerar los procesos.

¿Considera Acnur que los migrantes venezolanos en Colombia deberían tener el estatus de refugiado?

Para Acnur la llegada de tantos venezolanos a Colombia sí tiene una gran dimensión de refugio porque la gente no viene de forma voluntaria. Mucha gente huye de Venezuela por la inseguridad, por la violencia que se vive en el país vecino. Es una discusión que seguimos teniendo con el gobierno, con nuestras contrapartes de Cancillería y Migración Colombia, porque sí pensamos que más personas deberían tener la condición de refugiado, sobre todo si aplicamos la definición de la Declaración Cartagena, que se adoptó en 1984, que dice que todas las personas que salen de sus países por violencia generalizada podrían conseguir la condición de refugiado.

¿Qué país suramericano considera usted que es ejemplo por su capacidad para reconocer la condición de refugiado a los migrantes venezolanos?

No hay que obviar que países como Perú, Chile y Argentina tienen sistemas más desarrollados que Colombia y ha quedado demostrado con los colombianos que en el pasado han solicitado la condición de refugiado y que tiene sistemas más desarrollados. En la actualidad Brasil es un ejemplo bueno porque tiene un buen sistema y porque está considerando reconocimientos en grupos y saben que los migrantes no pueden ni deberían regresar a Venezuela, porque al final es una cuestión de protección internacional.

Por otro lado, desde que se declaró la emergencia sanitaria y el cierre de frontera ¿cuáles son los principales problemas que están enfrentando migrantes y refugiados en Colombia?

Desde que se cerró la frontera el 14 de marzo estamos viendo problemas más grandes, como violencia contra las mujeres, violencia doméstica en el caso de los niños y un incremento en los desalojos. Las personas venezolanas perdieron sus ingresos, sus medios de vida y no han podido pagar el alquiler. El decreto que prohibía los desalojos venció el 30 de junio y en estos momentos es muy difícil prevenir los desalojos porque muchos dependían de la economía informal. Acnur tiene 47 líneas telefónicas a nivel nacional para orientar a las  personas en estos tiempos.

¿Ustedes han aclarado que ni Acnur ni las entidades de cooperación del GIFMM apoyan el retorno voluntario a Venezuela...

Nosotros no queremos promover el retorno porque pensamos que no es el buen momento para retornar, principalmente por la cuarentena, porque pasar por la carretera caminando o en buses o estar en grupos grandes va en contra de muchas normas de salud. Hablando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) siempre queremos asegurar que las personas tengan las mínimas condiciones para evitar el contagio.

Sin embargo, el grupo interagencial ha brindado asistencia en los corredores humanitarios ¿cómo han sido estos programas de respuesta, sobre todo en Norte de Santander?

En Cúcuta y Bucaramanga estamos ayudando a un grupo de venezolanos para que puedan aguantar la cuarentena, haciendo transferencias monetarias a las familias más vulnerables, apoyando albergues y orientando de una forma correcta.

Decidimos apoyar al gobierno al crear este Centro de Atención Sanitaria, en el puente Tienditas, para asesorar a la gente y que tengan una condición de salud adecuada en estos movimientos, pero sabemos hay restricciones para cruzar la frontera, lo que causa un represamiento en la misma frontera, aumentando el peligro contagio.

¿Son suficientes los recursos para apoyar a tantas personas?

Estos apoyos no solo vienen de Acnur, también en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos y otras entidades internacionales. No hay suficiente para todos y hay que priorizar a los más vulnerables. Donantes como Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur nos apoyan pero lamentablemente las necesidades a nivel mundial por la COVID.19 son tantas, por lo que necesitamos ser creativos para trabajar con el gobierno y complementar lo que el gobierno ya está haciendo.

 En el último informe de Migración Colombia, más de 1,8 millones de personas venezolanas residían en el país.

La COVID-19 ha hecho florecer algunos sentimientos de estigmatización y xenofobia hacia refugiados y migrantes venezolanos en Colombia ¿Cuál es su mensaje desde Acnur?

La COVID no tiene nacionalidad. Estos son temas que requieren de compasión porque la gente no se mueve porque les parece un viaje turístico, sino para sobrevivir, para buscar alimentos, seguridad, medicinas. Son tiempos para mostrar solidaridad, ser tolerantes y no olvidar que muchos colombianos se fueron a Venezuela en tiempos difíciles e hicieron sus vidas. Hoy muchos de ellos todavía siguen en Venezuela.

Pasando a otro tema, Migración Colombia anunció la implementación de un sistema de identificación biométrico para migrantes como una medida de mayor regularización ¿cómo ve Acnur esta iniciativa?

Nosotros tenemos reuniones mensuales con el director de Migración Colombia para ver cómo apoyamos los procesos que están impulsando. El tema de la regularización es fundamental Si pudiéramos tener cédulas o PEP para que más gente esté de forma regular ya es ganancia porque da una idea de quiénes son y dónde están. Tendrían sus derechos a trabajar, acceder a servicios, contribuir a la economía de Colombia y reconstruir sus vidas.

¿Qué opinión le merece el actual Proyecto de Ley de Política Migratoria Integral que se adelanta en el Senado?

Es un proyecto importante y pensamos que se debe incluir temas de derechos humanos y derecho internacional al refugiado. Hay mucho trabajo para hacer y continuamos discutiendo con senadores del Congreso, con gente de Cancillería y con la cooperación estamos brindando insumos para que salga de la mejor manera posible. Debemos todos como sociedad ser parte de la solución.