La principal razón alegada por el gobierno de Venezuela para decretar el Estado de Excepción inicialmente en 6 municipios del estado Táchira y luego en 22 de todo su territorio nacional era la necesidad de controlar la inseguridad, tras el atentado sufrido por un grupo de militares y la continua actividad de bandas delictivas en la frontera.

Recientemente, el gobernador del Táchira, José Vielma, dijo que uno de los principales logros al cumplirse dos meses del cierre de fronteras y la implementación del Estado de Excepción, era precisamente la disminución de 99% del índice delictivo en los municipios bajo la aplicación de esta medida, y 96% en el resto de la entidad tachirense.

Luego de este anuncio, muchos tachirenses esperaban que al cumplirse este miércoles 21 de octubre, 60 días de la aplicación del Estado de Excepción, y vencido el primer lapso que para ello establece la Constitución venezolana, el presidente Maduro levantara la medida, para comenzar así el tan esperado proceso de normalización en la frontera con Colombia.

En vez de ello, en el decreto 2.054 de la Presidencia de la República publicado en la Gaceta Oficial N. 40.769 de fecha 19 de octubre fue oficializada una prórroga de 60 días del Estado de Excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira.

El texto oficial establece que el decreto será remitido a la AN, a los fines de su consideración y aprobación dentro de los ocho días siguientes de su publicación en la Gaceta.

Asimismo, indica que dentro de los ochos días de su publicación en Gaceta también se llevará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la finalidad de que esta institución se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La Gaceta Oficial señala, además, que la ejecución del decreto está delegada en el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora.

Cabe recordar que el Estado de Excepción restringe el tránsito de mercancía y bienes, permite la inspección y revisión por parte de autoridades de los domicilios, lugares de residencia o estadía, prohíbe reuniones públicas, suspende el porte de armas y anuncia el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP).