Nuestro país sabe que no debe bajar la guardia con el desplazamiento, que por cuatro años, ha recibido de población proveniente de Venezuela, y que cerró 2019 con el ingreso de 1.630.903 ciudadanos de ese territorio, según Migración Colombia.

A esta cifra podrían sumársele 500.000 colombianos retornados, es decir, los nacionales que vivían allí y que regresaron dada la crisis económica, social y política, según cálculos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, pues en la divulgada por la autoridad no se tienen en cuenta.

Esto significa que desde 2015 han ingresado al país alrededor de 2,1 millones de personas a causa de la crisis provocada por el mandato de Nicolás Maduro.

Las tareas del gobierno colombiano se mantienen en los sectores de educación, salud, integración social y económica, y lucha contra la xenofobia, solo que empieza una segunda generación de desafíos, que plantea mantener la atención, pero mejorarla en términos de calidad y continuidad.

Radiografía del fenómeno

Felipe Muñoz, gerente de Frontera, encargado de atender el fenómeno migratorio en el país, señala que se prevé un aumento en la llegada de venezolanos, debido a las medidas que adoptaron países como Ecuador, Chile y Perú desde el año pasado, enfocadas en exigir visa a los venezolanos, lo que les complica su estadía en esos territorios, pues salieron prácticamente con lo que llevaban puesto o con lo que pudieron meter en una maleta antes de partir, sin plata y sin documentación.

La Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, integrada por 59 organizaciones y agencias de cooperación internacional, coincide con el diagnóstico que tiene Colombia, y en su informe final de 2019, en el que hace un análisis de la situación, plantea la necesidad de mejorar el acceso a bienes y servicios, aumentar las oportunidades de integración para esta población y fortalecer la prevención y mitigación de riesgos.

“Las actividades responden a las necesidades humanitarias, de protección e integración de refugiados y migrantes con la intención de permanecer en tránsito y participar en movimientos pendulares, repatriados colombianos y comunidades de acogida en las zonas más afectadas, especialmente en zonas fronterizas y urbanas”, sostiene el informe.

Los riesgos que enfrentan

La Plataforma también destacó que los migrantes, en su necesidad de salir de Venezuela, se exponen a riesgos para su vida e integridad, como “trata o contrabando, así como explotación y abuso”.

Esto también se ha expuesto en informes pasados,  pues en la zona de frontera grupos delincuenciales estaban cobrando entre 20.000 pesos y 50.000 pesos a los venezolanos que pretendían cruzar por las trochas ilegales.

“Cuando está la Policía o el Ejército, los que cobran se retiran, pero en Venezuela no pasa nada”, dijo en ese momento el entonces alcalde de Villa del Rosario (Norte de Santander) Pepe Ruiz, y el Gobierno dejó claro que para evitar este fenómeno se reforzó la presencia institucional.

Ahora, con ayuda de la Gerencia de Frontera y expertos revisamos cómo encarará Colombia los desafíos en educación, salud, xenofobia e integración económica.

Educación, a enfocarse en calidad

Actualmente, según referenció la Gerencia de frontera, en el sistema educativo colombiano hay 210.000 niños de Venezuela; sin embargo, la previsión es que la demanda de cupos aumente este año, pues los reportes que llegan de las oenegés del vecino país se enfocan en que no están siendo matriculados en los municipios fronterizos del lado venezolano, como en Zulia. Al respecto, Muñoz indicó que “podrían llegar a buscar cupos en nuestro país”.

Ahora, aunque esto plantea un reto importante, el país ha garantizado el acceso a la educación de la población migrante; no obstante, Muñoz señala que se debe mantener la apertura de cupos estudiantiles, pero sobre todo, “avanzar en la calidad”, es decir, tener en cuenta que son niños que requieren una atención especial, dado su estatus de vulnerablilidad.

Por otra parte, Cecilia Dimaté, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia, señala que el país debe seguir construyendo “puentes” que permitan ofrecer a los niños venezolanos, sin descuidar a la población colombiana, educación de calidad, por lo que este desafío “puede ser una oportunidad para que, con propósitos precisos, se orienten los esfuerzos por alcanzar una mejor escuela para todos”.

La salud exigirá tratamientos

Pese a que este desafío se ha encarado bien, los recursos destinados para la atención no han sido suficientes, pues aún hay una deuda de 50 millones de dólares con los hospitales públicos por la atención de esta población, según la Gerencia de Frontera.

Será clave la creación de mesas de diálogo entre las Empresas Sociales del Estado (ESE), el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), que según recuerda su presidenta, Olga Lucía Zuluaga, fueron anunciadas a finales del año pasado y permitirán definir una hoja de ruta.

Sobre esto, explica Muñoz, “aún estamos buscando recursos de cooperación para poder seguir girándoles a los hospitales, ya que lo otro lo ponen el Gobierno Nacional y las autoridades locales”. El funcionario destacó a Bogotá como un ejemplo en la atención a la población migrante, en donde se invirtieron alrededor de 200.000 millones de pesos durante la administración del alcalde saliente Enrique Peñalosa, según las cifras oficiales del Distrito.

Aunque el gerente precisa que la salud ha sido una prioridad para Colombia, ahora la tarea no solo se enfoca en garantizar el acceso a urgencias o de atención básica, sino que este año se deben empezar “a encarar retos complejos, como salud sexual y reproductiva, salud mental y enfermedades de alto costo”.

Muñoz aclara que estas necesidades ya se tenían identificadas desde el año pasado, pero la prioridad era garantizar la atención inicial, ahora se enfocará en implementar los tratamientos de segunda generación para los pacientes venezolanos que llegan con afecciones de este tipo.

Inclusión laboral y financiera

Esta es otra de las tareas que tiene Colombia, la de incluir a la población en materia laboral y financiera. Por esto, Muñoz explica que será fundamental la participación del sector privado, sobre todo en la generación de empleo: “Ese es nuestro gran reto”.

Este panorama también lo respaldan la Fundación Corona y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que a través de un mapeo que realizaron con ACDI/VOCA y la Fundación Andi, en 50 iniciativas en Bogotá y Cúcuta, identificó que el 90 % de la población migrante está en vinculado laboralmente de manera informal.

Al respecto, Germán Barragán, gerente de Educación Orientada al Empleo de la Fundación Corona, señala que teniendo en cuenta la vocación de permanencia de los migrantes, el país debe dejar de pensar solo en la “atención humanitaria”, sino que se debe crear una agenda de inclusión productiva.

En la misma línea, el director encargado de Migración Colombia, Andrés Martínez, le dijo a EL COLOMBIANO que precisamente ahí está el verdadero desafío “en poder incorporar a toda esta población que está llegando a nuestro territorio a la vida productiva y lograr que estas personas no sólo se regularicen, sino que puedan conseguir trabajo y así aportar al sistema de seguridad social, logrando así disminuir la carga para el Estado”.

Esto además supone en la práctica “llamar a otros actores, entender las temáticas, los tipos de acción, los aprendizajes...”, dice Barragán, quien agrega que se pueden analizar ejemplos de trabajo con otras poblaciones vulnerables en el país e implementarlos o adaptarlos para atender a los migrantes.

El exdirector de Migración Christian Krüger, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 31 de diciembre, sostuvo que aún hay que hacer “esfuerzos, porque estamos hablando del segundo fenómeno migratorio más grande de la actualidad, después del sirio”; y Colombia no lo puede resolver de manera aislada.

Lucha contra la xenofobia

El cuarto desafío de Colombia se enfoca en prevenir y erradicar los discursos y acciones xenófobos, que se enmarca en el temor contra población extranjera y los migrantes.

De acuerdo con Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, la tarea debe ser asumida tanto por el gobierno como por la empresa privada y la sociedad civil. Hay que recordar hechos como los ataques contra esta población por el solo hecho de ser venezolanos o las falsas cadenas de Whatsapp y audios que circularon en 2018, los cuales se enfocaban en amenazarlos. Incluso, Rodríguez plantea que desde las esferas políticas se han promovido y pone de ejemplo las expulsiones, que se sustentan en su presunta relación con Maduro, aunque para él quedan dudas pues los argumentos de las autoridades se basaron en “seguridad nacional”.

Sobre esta lucha, el gerente de frontera señaló que como funcionario se siente satisfecho de “contener, de manera masiva, los discursos de xenofobia”, aunque destacó que esto no quiere decir que no “haya riesgos”, sino que hay que “seguir trabajando en esa tarea, pero en la mayoría de las figuras políticas y mediáticas, se ha mantenido el acogimiento”.

El director encargado de Migración agrega que, por esto, “debemos combatir estos brotes”.