Puntos de cuatro colores visten las casas y ranchos de las 4.948 personas que todavía habitan La Invasión, comunidad de San Antonio del Táchira, epicentro de la crisis fronteriza desde el 22 de agosto, cuando iniciaron las deportaciones y desalojos.

En ocho hectáreas conviven los que se quedaron, los que se quieren ir y los que se devolvieron.

I. Los que regresaron

Un joven se abre paso entre aquellas montañas de tierra, bloques picados y columnas desmanteladas. Es uno de los colombianos indocumentados que la madrugada del 22 de agosto huyó de la fuerza pública. Pero ha vuelto. De los escombros saca insumos con la idea de levantar un rancho donde vivir con su pareja. Su casa, asegura, fue demolida.

La gente de San Antonio la sigue llamando “La Invasión”. Efectivos militares la entienden como una “zona de seguridad”. Autoridades civiles la califican de “zona de ocupación ilegal”. A 18 días del despliegue del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), sobre esas ocho hectáreas de terreno la vida continúa.

El joven de 25 años teme revelar su identidad. Apenas testifica que es vendedor de comida rápida en el centro de San Antonio, donde habita desde hace nueve años. Las pertenencias que recuperó las pasó por el río Táchira, tras pagar hasta 1.500 bolívares “a soldados de la Guardia”, según su relato. ¿Por qué regresó? “La economía en Colombia no me sirve. Allá no tengo trabajo y no me rinde la plata”, dice.

Este diálogo se da en “Mi Pequeña Barinas”, el sector de La Invasión más próximo a La Parada, en Norte de Santander. Al fondo del paisaje se divisan las riberas del separador natural de Venezuela con Colombia. El joven sabe que donde quiere reconstruir no puede: está dentro de la zona de seguridad, que son los primeros 500 metros de territorio nacional. “A mí no me da miedo estar aquí, yo no debo nada”, contesta.

La zona de seguridad fronteriza es un área delimitada que comprende una franja de seguridad de fronteras, así como una extensión variable del territorio nacional, adyacente al límite político-territorial de la República, sujeta a regulación especial. Así lo define en su artículo 49 la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (noviembre de 2014).

No hay una fecha precisa de cómo surgió esta comunidad, entre los años 2003 y 2004. En uno de sus programas, Diosdado Cabello enseñó imágenes satelitales comparativas de esa área entre los años 2008, más despoblada, y 2014, ya minada de techos de zinc, pero también de teja, machimbre y placa. Con el tiempo, La Invasión dejaba de ser invasión.

II. Los que se quedaron

(Habitantes mantienen banderas nacionales como un símbolo de la patria. Foto: Diario La Nación)

Poste de electricidad, sistema de cloacas, drenajes y hasta servicio de televisión por cable. Eso tenía Margarita (nombre cambiado a petición de una mujer que ahora se convirtió en vecina de casas demolidas, también en la franja de la zona de seguridad fronteriza). Derribada su casa, se mudó al rancho de una hermana marcado con la “D” de demoler.

“¿Por qué me voy a ir, si soy venezolana y tengo mis derechos? Lo que estoy esperando es una reubicación del Gobierno. Como ve, no vivo en un palacio, pero uno está acostumbrado a vivir en Venezuela”, cuenta la mujer desde un cuadrado de paredes de zinc en el que caben una cocina, un televisor, una cama, ropa, sillas y una imagen del Corazón de Jesús.

“Esperaré hasta diciembre a ver qué pasa”, proyecta la nativa de Ureña, que antes del cierre indefinido de la frontera trabajaba en una fábrica de pasteles en Cúcuta.

En otro rancho de La Invasión está sentada Zulay (nombre ficticio a petición de la fuente). “Yo casi no salgo”, introduce, y antes de pronunciar la quinta palabra empieza a llorar. Las preguntas le remueven el pasado reciente. “Me siento mal. La verdad, conmigo los guardias no se portaron mal, pero me duele mucho lo que les hicieron a los hermanos de mi país. No actuaron correctamente”, comparte la habitante desde hace 10 años del sector Ezequiel Zamora.

Madre de seis hijos, no tiene otro sitio a donde ir. Uno de ellos se cuenta entre los 1.467 colombianos deportados (estadística de la ONU al 7 de septiembre). El muchacho de 28 años está donde una hermana, en Cúcuta, pero desde allá le recomendó telefónicamente que no emigrara. Zulay, mientras tanto, seguirá vendiendo minutos, hielo y morcillas.

El callejón de tierra que habita Zulay, como son la mayoría de vías de comunicación en La Invasión, está tranquilo. Bien pueden encontrarse en un mismo encuadre un rancho de zinc (hay 682 de estos, según el censo último) al lado de una vivienda con techo de placa, puerta de madera, recién pintada, enrejada y con piso de cerámica (las casas registradas son 969).

Esos estrechos callejones regularmente son patrullados por militares en motos. En puntos estratégicos del perímetro están paradas tanquetas blancas de la Guardia Nacional. Y la mayoría de accesos a la comunidad mantienen presencia de uniformados.

III. Los que se quieren ir

Adrián administra una de las bodegas del sector Che Guevara; un expendio sin patente donde no hay productos regulados de la cesta básica. Las ventas, asiente, han bajado. Parece que no le importa demasiado la escasez, ni las ganancias. Único venezolano nacionalizado de su núcleo familiar, cuenta cómo su esposa, suegra y dos hijos fueron deportados. Les dijeron, recuerda, que solo irían a radiarlos y regresarían.

“Yo voy a esperar para irme para allá. Si tumban (la casa), me voy. Y si no tumban, igualito me voy. Trataré de vender lo que más se pueda para hacer algo y montar un negocio allá. Ojalá se pueda vender la casa”, comparte, mientras vende un cigarrillo.

Liseth, otra habitante de Che Guevara, no tiene dudas sobre el futuro de su vivienda. Está segura de que nadie se la va a derribar, o por lo menos eso le afirmaron las autoridades con las que ha conversado. “Todo lo que esté a orillas del río, sí. Pero nosotros ya no somos una invasión, somos un barrio”, diferencia, sentada en una tumbona.

La venezolana de nacimiento y madre soltera de tres menores de edad ha recorrido La Invasión en vano, buscando arroz, harina, pollo y carne. “Antes de lo que pasó, carito, pero se conseguían las cosas. Ahora no”, cuenta, tras una década como residente del sector.

A pesar de la certidumbre de que conservará su hogar, y pese que los militares de la OLP se portaron respetuosamente con ella, Liseth confiesa que quiere irse de allí. Lo dice mientras observa un punto de espray al lado de la puerta de su casa.

Hay puntos de alguno de estos cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y azul) en la mayoría de las viviendas, pero ningún vecino de los consultados sabe a ciencia cierta qué significan. “Dicen que lo anaranjado lo iban a tumbar y lo azul lo iban a dejar, no sé bien”, responde Liseth. Otra habitante lo relaciona con el censo que tuvo lugar en días recientes.

Además de puntos, de letras D y R, en las casas y ranchos de La Invasión enarbolaron banderas tricolores con ocho estrellas. “Es un símbolo de patria”, explica Beatriz, una morena que desgrana el conjunto de nacionalidades que confluyen en su hogar: “Soy venezolana y mi esposo colombiano. Tenemos hijos venezolanos y colombianos”. Así de mixtos son 43 % de los núcleos familiares de La Invasión, de acuerdo con el registro de las autoridades. ¿Hasta cuándo durará izada? “La quitaremos cuando ya tengamos paz”, dice.

 “Era el centro de gravedad del contrabando”

El despliegue de la OLP en La Invasión arrojó la detención de ocho personas pertenecientes supuestamente a la banda paramilitar ‘Los Urabeños’. El parte dado por las autoridades refiere que desmantelaron un burdel en el que funcionaba una red de prostitución, proxenetas y violación de jóvenes y adolescentes, con capacidad para 500 personas.

El sitio era usado como centro de operaciones y refugio de mafias de contrabandistas, paramilitares y criminales, según los cuerpos de seguridad. El presidente Nicolás Maduro dijo el lunes en la noche que el barrio La Invasión era dirigido y gobernado por paramilitares.

José Vielma Mora, gobernador del Táchira, intervino en ese Consejo de Ministros del lunes y, sobre el caso La Invasión, aseguró: “Las viviendas fueron destruidas por los propios colombianos que se llevaban, en su desesperación, los marcos de las puertas, de las ventanas, los techos, se llevaban todo porque en Colombia nunca lo van a poder comprar”.

Luego, agregó: “Los colombianos que se fueron por las trochas tienen una inmensa esperanza de retornar a Venezuela, porque aquí hay paz, tranquilidad, educación, salud, prosperidad y bienestar”.

El comandante de la ZODI-Táchira, general José Morantes Torres, declaró el martes a mediodía que, al estilo de la teoría de Clausewitz, La Invasión era “el centro de gravedad del contrabando, el paramilitarismo y delitos conexos”. Tras asegurar que ya se abordó de manera integral, pronosticó que los demás irán cayendo por añadidura.

El general Carlos Alberto Martínez, autoridad única de la zona de seguridad 1, declaró a Diario La Nación que habrá un plan para saber cómo los habitantes de La Invasión serán reubicados. “Estamos esperando instrucciones del presidente de la República. Oportunamente informaremos acerca de este plan”, asomó.

Hay 1.678 familias registradas: 58 % en casas y 41 % en ranchos

En La Invasión conviven 4.948 personas. Esto arrojó el registro que acaban de terminar diversos entes de la Gobernación del Táchira, en colaboración con los cuerpos de seguridad.

Jaime Otero, director encargado de Protección Civil Táchira, organismo donde terminan la fase de consolidación de los resultados, explicó que trabajaron en conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Política y el Instituto Tachirense de Vivienda, con el apoyo del general César Méndez López, de la Guardia Nacional. También colaboró Fundes en la primera etapa del proceso.

El instrumento diseñado para la recolección de datos fue revisado por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y del Ince. En una primera etapa, que duró del 25 al 29 de agosto, se hizo registro de viviendas y terrenos. La semana pasada, entre sábado 5 y domingo 6 de septiembre, se terminó de hacer el trabajo de campo.

“Se trata de una zona de ocupación ilegal de ocho hectáreas”, señaló Otero. Ninguno de los ocupantes tiene documento de propiedad. En ese terreno levantaron un total de 1.678 registros, uno por cada grupo familiar.

Los resultados definitivos precisan que hay 969 casas (esto es, 57,7 % del total), 682 viviendas improvisadas (es decir, 40,6 % de familias en ranchos) y 27 terrenos registrados (esto significa que la familia fue censada, pero no tenía vivienda sino que alegó ocupación de ese terreno).

Visto por nacionalidades: 543 familias tienen todos sus integrantes venezolanos, 162 con sus miembros colombianos y 723 familias (la mayoría) en las cuales las personas que las conforman tienen nacionalidad mixta, es decir, algunos venezolanos y otros colombianos.

Llama la atención que durante el registro hallaron 253 viviendas solas. Son 10 los grupos familiares de La Invasión que están en condición de refugiados.

El equipo, que encabezó Protección Civil, también hizo una venta supervisada de Mercal y Pdval para la comunidad: comercializaron 600 mercados y distribuyeron alrededor de 250 bombonas de gas.

“Durante el tiempo que hemos estado allí no hemos visto maltrato, persecución, ni desalojos forzosos. No hemos visto golpes, mucho menos heridos. Ha habido un trato cordial, amable y respetuoso de parte de la Fuerza Armada”, afirmó Otero.

Diario La Nación | San Cristóbal