Para el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, “la frontera no la controlan ni Colombia ni Venezuela, sino que está en manos de criminales, y eso hay que decirlo”.

Según el director, las condiciones de seguridad y soberanía en la frontera empeoran, según se concluye del monitoreo que la entidad hace en la zona, en especial en materia de derechos humanos.

“Con la afluencia de venezolanos y el retorno de colombianos indocumentados se advierte un vínculo entre su llegada y la ejecución de actividades ilegales siendo raspachines, o nutriendo redes de narcotráfico, contrabando, y hurto”, dijo.

Pese a ello, insistió en no estigmatizar a los visitantes ni señalarlos como únicos responsables de la violencia y las crisis.

Para Cañizares, la violencia en la frontera no es nueva y es necesario que se deje de acusar a quienes ingresan al territorio.

“Son décadas de engendrar y desarrollar violencia en una zona llena de grupos ilegales que no aparecieron con el cierre de la frontera”, afirmó. “Lo que pasa es que la crisis de frontera es un ingrediente más, pero no es la razón de ser de lo que ocurre en la región”.

Agregó que tanto el desempleo, como la informalidad en el transporte que se usa para transportar armas, drogas y contrabando, la llegada de venezolanos es solo uno de muchos fenómenos que determinan la realidad fronteriza, y sobre los que las autoridades aún tienen acciones pendientes.

“Siempre hemos dicho que la situación de la frontera se resuelve cuando los dos gobiernos pacten medidas estructurales”, declaró. “Esto no se soluciona con comandos conjuntos, que están bien, pero son insuficientes porque la solución pasa por un acuerdo mutuo”. 

Además, recomendó que se dejen de lado los conflictos políticos, pues la ciudadanía debe esta por encima de esas diferencias.

La región, a la espera

Mientras el gobernador José Vielma insiste en que quien tiene la frontera cerrada es Colombia, para la Gobernación esto no es así, y el único incumplimiento registrado para normalizar las condiciones es del gobierno vecino.

“Nosotros apoyamos las decisiones de la Cancillería”, dijo el secretario de Fronteras, Jorge Cortés. “Quienes han incumplido en las mesas binacionales para que haya conclusiones, decretos y normas claras son ellos”.

Afirmó que Colombia y Norte de Santander también quieren tener una frontera abierta pero con mayor seguridad y controles, como los pedidos por Venezuela.

Impacto sobre Catatumbo

Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas del departamento, ratificó la necesidad de evitar señalar a los venezolanos que, en un éxodo considerable, llegan al departamento buscando oportunidades.

Sin embargo, señaló que no se puede desconocer que dentro de las oportunidades también se filtran actividades ilegales, debido a la falta de alternativas legales.

“La poca empleabilidad que tenemos en Norte de Santander no da la capacidad para que los mismos nortesantandereanos se pongan a trabajar, cosa que hace más compleja la situación, y de ahí que los venezolanos que cruzan la frontera entran a cumplir labores no lícitas, como ocurre en el Catatumbo”, dijo. “Lamentablemente, quienes escogen estas opciones están pagando con sus vidas”

Destacó que esto no ocurre en todos los casos, pero sí se debe prestar atención, razón por la cual se hará un consejo de seguridad el 30 de marzo, en Tibú, para abordar “la emergencia”.