En La Parada sigue la pugna por el espacio público entre la Alcaldía de Villa del Rosario, el comercio formal y unos 2.000 vendedores informales que se mueven entre andenes, separadores y calles que se tragó la invasión ilegal.

De estos 2.000 vendedores, que en un día podrían llegar a 2.500, 80 por ciento son venezolanos.

El esfuerzo de la Alcaldía es arduo para desalojar a este conglomerado de renuentes comerciantes y devolver el espacio público a la comunidad.

El alcalde, Pepe Ruíz, ha hecho énfasis que el Municipio no puede darles a los inmigrantes venezolanos, que se apuestan como vendedores informales, una solución a su condición de desempleados.

“No puedo darles a ellos una esperanza de nada, porque así sucedería que a quien invada, uno le tiene que arreglar”, dijo.

El plan es dejar limpio todo lo que debe quedar despejado. Ruíz dice que no han tenido por parte de la Policía Nacional un acompañamiento eficaz de funcionarios en el proceso de recuperación, y que hay días que despejan una zona, y deben volver a trabajarla en días posteriores.

“Estamos mirando cómo hacemos un plan definitivo”, en el cual la Policía tenga mayor presencia.

Es una petición de los comerciantes formales de la zona, cansados de la competencia ilícita.

Raúl Gómez, encargado de una venta de víveres, dijo que ya no aguantan más la problemática que trae consigo la invasión que le tienen los comerciantes informales a su negocio.

Denuncian otros comerciantes que los propietarios de establecimientos legales alquilan los andenes de sus negocios, fomentando el problema de invasión.

“Esto no puede seguirse permitiendo”, dijo. “La Policía debe estar acá todos los días, y apenas son unos pocos los que llegan”.

Los vendedores informales venezolanos argumentan que no tienen dónde trabajar, pero el municipio no tiene responsabilidad de darles tampoco un lugar para hacerlo.

Sin embargo, la administración local ha sostenido reuniones con organismos de cooperación internacional para precisar alguna salida momentánea para ellos, pero aún no se ha logrado nada.

Villa del Rosario ha quedado con este problema de la informalidad de los comerciantes venezolanos sobre sus hombros. Esto lo han repetido el alcalde y el secretario de Gobierno, Saúl Cristancho, quienes aseguran que no tienen los recursos para brindar atención a esta población.

El Municipio tiene responsabilidad directa con los colombianos que trabajan como comerciantes informales. El secretario de Gobierno explicó que han ofrecido espacios de reubicación, pero ha sido imposible que se muevan.

Es lo que ordenan normas legales: desalojar a los vendedores informales del espacio público, pero garantizarles un lugar donde puedan trabajar.

Las zonas desalojadas están cerca de la autopista de San Antonio: fueron cercadas para impeedir que fueran invadidas.

Sin embargo, los vendedores se movieron a zonas de parqueo de las empresas de transporte público, a un costado del puente, e instalaron ventas de verduras y frutas.

El alcalde asegura que el punto más crítico ha sido la calle séptima que está ubicada muy cerca de la Casa de Paso Divina Providencia, donde obstaculizan las actividades.