Con la llegada del coronavirus el 6 de marzo se activaron las alarmas en  todo  el país y una de las medidas de contención para prevenir su propagación fue el cierre de las fronteras terrestres.  

La decisión presidencial afectó el tránsito migratorio entre Colombia y Venezuela a partir del 14 de marzo. Miles de venezolanos no pudieron ingresar, aumentando considerablemente el flujo  por los pasos irregulares hacia el interior.   

El confinamiento obligatorio hizo que la actividad comercial y laboral se fuera en picada por lo que muchos migrantes venezolanos fueron despedidos de sus empleos y desalojados de sus casas por no contar con ingresos para mantenerse.   

Los comedores sociales cerraron, los albergues no recibieron más personas, las ayudas humanitarias se paralizaron y los trámites presenciales de regularización fueron cancelados, creando una calamidad para esta población vulnerable. 

Estas situaciones generaron un retorno masivo hacia Venezuela. En febrero de 2020 habían 1.825.687 venezolanos, pero luego fue descendiendo hasta que en octubre subió levemente a 1.717.352. 

Migración Colombia estima que ocho de cada 10 migrantes que retornó a Venezuela regresará con dos personas para 2021 y la cantidad superará los 2.000.000. La pandemia hizo que más de 134.000 venezolanos retornara a su país.    

Atención a migrantes necesitará 1.400 millones de dólares

Para que los países de acogida en Latinoamérica puedan seguir atendiendo a la población migrante venezolana en 2021 requerirán de una inversión de 1.440 millones de dólares, según  el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) lanzado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) junto a más de 150 agencias y oenegés.

Con estos recursos se pretende ayudar a 3,3 millones de venezolanos que han salido de su país y que están distribuidos en 17 países de la región en condiciones de vulnerabilidad.

Estas proyecciones indican que Colombia, el país que más migrantes ha recibido en los últimos años, necesitará 641 millones de dólares para atender a esta población. 

Identificación biométrica sigue en marcha 

La implementación del Registro Biométrico con el cual se iniciará el proceso de identificación y caracterización de la población venezolana en Colombia comenzará con los migrantes que tengan el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en el país.

A nivel nacional son 770.246 regularizados y 947.106 irregulares. El registro se hará por medio de dos fases para otorgar un  documento moderno y seguro. La primera etapa constará de un proceso de captación de datos y recopilación de información base a través de mecanismos de interfaz inteligentes.

En una segunda fase se hará una verificación y captación de información con migración de forma presencial.

El dramático retorno de los caminantes en las carreteras

Las principales vías del interior de Colombia vuelven a ser escenario de largas caminatas de migrantes venezolanos, quienes buscan sobrevivir en el país.     

En las primeras dos semanas de diciembre de 2020, la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander detectó  unos 2.397 migrantes caminando en la ruta Cúcuta-Bucaramanga. Todos se dirigían a otras ciudades, especialmente  Bogotá, Cali y Medellín.

Víctor Bautista, Secretario de Fronteras dijo: “Estamos en medio de una crisis migratoria en cifras desbordantes. Esta es la crisis más compleja del mundo y la segunda más crítica en cifras”.  

La Red Humanitaria en Colombia estima que unos 12 mil migrantes al mes transitan por estas calles, calificando este problema como “gravísimo”.  

Lucas Gómez, nuevo Gerente de Fronteras

Después de la renuncia de Felipe Muñoz como Gerente de Fronteras, en su lugar fue designado Lucas Gómez García, el 15 de septiembre de 2020. 

Gómez se desempeñó como director de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería y tiene  “amplia experiencia” en temas migratorios en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y más de 15 años de trayectoria en el análisis y evaluación de políticas públicas. 

Su función es ser el enlace entre las administraciones locales, el Gobierno Nacional y entidades de cooperación internacional para trazar la respuesta institucional a la migración proveniente de Venezuela. 

Ha enfatizado que el objetivo de su gestión será modernizar la regularización migratoria de los venezolanos. 

Ley migratoria espera por su aprobación 

Colombia está cerca de poder contar con una Política Integral Migratoria de largo plazo que permita definir unos lineamientos claros y concretos para atender los diferentes fenómenos migratorios, además de garantizar procesos seguros, ordenados y regulares.

El 27 de octubre la plenaria del Senado aprobó en segunda discusión este proyecto con el que se pretende mejorar la oferta de servicios del Estado para los colombianos en el exterior,  retornados y  extranjeros en Colombia.

La ley pasará a la Cámara de Representantes, en donde deberá surtir su tercer y cuarto debate. Allí, seguramente sufrirá algunas modificaciones y le serán incorporados nuevos artículos, entre ellos la iniciativa de que tenga un componente de incentivos para el empleo.