A pocos días para terminar su período en uno de los cargos constitucionales más importantes del país, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, resaltó a La Opinión que durante su gestión se garantizaron los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, haciendo un llamado al compromiso de las alcaldías y gobernaciones para cumplir la obligación de atender a la población vulnerable, especialmente en tiempos de pandemia.

El abogado recordó que se  promovió la construcción de rutas de asesoría a los ciudadanos del vecino país y que lanzó advertencias de que los ciudadanos venezolanos se estaban convirtiendo en blanco de organizaciones al margen de la ley dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. 
 
También desde su despacho fue presentado un proyecto para permitir que los niños y niñas nacidos en Colombia, de padres venezolanos en condición irregular, pudieran optar a la nacionalidad.

A su sucesor lo invitó a continuar con el proceso de regularización masiva de la población migrante irregular venezolana, adoptando políticas públicas que les permitan gozar plenamente de sus derechos.  

¿Qué balance nos puede ofrecer sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo en la atención hacia la población migrante venezolana en Colombia?

La situación no ha sido ni es fácil. Y desde la Defensoría del Pueblo lo podemos decir porque acompañamos y atendimos a comunidades ubicadas en zona de frontera y población proveniente de la República Bolivariana de Venezuela. Tanto migrantes venezolanos, familias mixtas, víctimas retornadas, colombianos retornados y miembros de las comunidades indígenas, fueron sujetos de nuestro acompañamiento.

Apoyamos la conformación y puesta en marcha de la Estrategia Red Migrante en Norte de Santander, La Guajira, Nariño, Arauca, y Urabá antioqueño y chocoano, una iniciativa muy importante para fortalecer los territorios de mayor impacto del fenómeno migratorio.

Y, para cubrir el futuro del problema en los niños, tomamos la iniciativa de proponer e impulsar lo que fue sin duda el más importante resultado, la presentación del Proyecto legislativo que luego dio vida jurídica a la Ley 1997 de 2019 para otorgarles la nacionalidad colombiana por nacimiento a hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular e irregular o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia.

Con la expansión del coronavirus en el país ¿qué medidas tomó la Defensoría del Pueblo para preservar los derechos de los migrantes venezolanos?

Es una situación que nos tomó a todos por sorpresa, sin embargo, dedicamos nuestros esfuerzos a resaltar la obligación de las administraciones locales de proteger a todas las comunidades vulnerables. Así les hemos recomendado a alcaldías y gobernaciones la atención a dicha población. Sumado a eso se han capacitado masivamente a personerías y secretarías de Gobierno sobre los derechos de la población migrante con necesidad de protección internacional.

¿Cuántas denuncias de migrantes venezolanos recibieron en los últimos seis meses de 2020 y cuáles fueron los motivos más recurrentes?

Como es de público conocimiento, la Defensoría no recibe denuncias, pero sí hacemos atenciones a la población migrante, con base en eso cabe especificar que la población migrante por desconocimiento o temor a las instituciones no siempre se acerca a la Defensoría, muchas veces nos enteramos de los casos por parte de organizaciones venezolanas, principalmente la mayor solicitud es para garantizar la salud y proceso de regularización.

¿Qué recomendaciones y observaciones hizo la Defensoría del Pueblo a las autoridades para ayudar a la comunidad migrante del vecino país?

La Defensoría hizo lo necesario para incidir ante las autoridades colombianas gestionando el acceso a derechos en materia de salud, educación, identificación y reconocimiento de su condición de víctimas del conflicto armado para la atención y respuesta a los connacionales víctimas de desplazamiento forzado en procesos de retorno. Asimismo apoyamos en la construcción de las rutas de atención a la población migrante venezolana en el territorio.

Norte de Santander es uno de los departamentos con mayor población migrante venezolana ¿qué diagnóstico hizo la Defensoría sobre ese fenómeno en esta región fronteriza?

Tenemos diferentes informes. Por ejemplo, en el Informe Defensorial en Zonas de Frontera del año 2017, evidenciamos que la ausencia de programas diferenciados para población migrante los hace mayormente susceptibles a ser víctimas de redes delictivas de tráfico y/o trata de migrantes.

En el Informe Defensorial sobre la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, nacionales o extranjeros en departamentos y municipios de frontera, identificamos acciones y omisiones institucionales, poniendo en evidencia el fenómeno de explotación a menores y el nivel de vulnerabilidad que hay en las zonas fronterizas.

Y también realizamos un Informe Defensorial sobre la situación de las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD) en situación de desplazamiento forzado y necesidad de protección internacional en zonas de frontera, donde evidenciamos la falta de políticas incluyentes y la revictimización de la población con identidad de género diversa.

¿Cuáles cree que son las tareas pendientes que dejará a su sucesor en relación a la defensa de la población migrante venezolana?

Se hace necesario promover la adopción de Políticas Públicas Migratorias en todos los niveles del Estado y que estén basadas en el enfoque de derechos humanos y el goce efectivo de los derechos sea su objetivo principal.

Se debe seguir avanzando en acciones claras de incidencia ante las autoridades del orden nacional y territorial para que se aplique la política pública, así como la articulación entre organismos gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de las medidas de respuesta del ejecutivo para atender la situación de la población migrante y con necesidad de protección internacional, solicitantes de asilo y refugiados.

No se pueden escatimar esfuerzos en adelantar campañas de prevención y protección a migrantes frente a la xenofobia y los crímenes de odio.

Y la tarea constante: promover un proceso de regularización o de protección internacional masiva de la población migrante irregular de origen venezolano que se encuentran en territorio colombiano.