Grupos armados de Colombia y Venezuela ejercen un "control social feroz" en ambos lados de una zona fronteriza, a la altura de Arauca y Apure, con la "connivencia" de autoridades venezolanas, dijo este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW).

Durante la presentación del informe "los guerrilleros son la policía", el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, denunció las operaciones que llevan a cabo guerrilleros del Eln, disidentes de las Farc y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln), un grupo venezolano de ideología chavista. 

Todos "tienen la fuerza y la capacidad para imponer su ley" y someter a la población a homicidio, tortura, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores, abuso sexual y trabajo forzado, agregó Vivanco. 

De acuerdo con la investigación, tanto los rebeldes guevaristas del Eln, como los disidentes de la que fue la guerrilla más poderosa de América "se mueven con total facilidad, mantienen campamentos en Apure y usan a Venezuela como su retaguardia".

Según el jefe de la ONG, el grupo armado Fpln está concentrado en Apure. 

Aunque se desconoce su tamaño y poder de fuego, HRW asegura que esa organización cuenta en sus filas con exmiembros de los llamados "colectivos" -grupos que la oposición considera un brazo armado del chavismo- y que "trabaja en colaboración con autoridades y fuerzas de seguridad locales".

La ONG, que no habló de alianzas entre las tres fuerzas, documentó casos de trabajo forzado como castigo. 

Las víctimas son llevadas a campamentos en Venezuela, para luego obligarlos a desempeñar tareas agrícolas o de alimentación de los combatientes.

En Arauca viven cerca de 44.000 venezolanos, que en su mayoría huyeron de la peor crisis de su historia moderna, agravada por la hiperinflación y el desabastecimiento. 

Los migrantes salen "de una dictadura violenta" y terminan en "una situación de extremo riesgo" en Colombia, afirmó Vivanco.

Una porosa frontera de 420 kilómetros separa al departamento de Arauca del estado de Apure. 

Con 240.000 habitantes del lado colombiano y 460.000 del lado venezolano, la población vive en altos índices de pobreza, a pesar de estar en una zona petrolera y de tráfico de droga y contrabando hacia Venezuela. 

Según HRW, "las autoridades en Arauca no están en condiciones de administrar justicia" y los militares colombianos en la región tienen como "prioridad principal" la "protección" de la infraestructura la estatal Ecopetrol.