El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno colombiano ha establecido un procedimiento de recepción y atención a los cerca de 1000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y de cerca de 400 familiares que han llegado al territorio nacional en busca de ayuda.

“En un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones del Estado colombiano y la cooperación internacional, los miembros de este grupo de personas han sido entrevistados por autoridades migratorias y han recibido atención básica en salud, apoyo legal, alojamiento transitorio y alimentación”, indicó la Cancillería.

Según explicó la entidad, todos ellos han hecho entrega de su armamento y uniformes, que se encuentran bajo custodia de la Fuerza Pública colombiana, y han manifestado cesar cualquier tipo de actividad militar.

Un número significativo de miembros de este grupo han tramitado solicitudes de refugio. En tal virtud, y de acuerdo con las normas internacionales, han recibido los salvoconductos que les permitirán permanecer en el territorio colombiano en tanto el Cancillería adelanta los trámites correspondientes.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha respondido positivamente a solicitudes del Gobierno colombiano de ofrecer apoyo logístico para la atención de los solicitantes de refugio.

“El Gobierno desea reiterar sus agradecimientos a ACNUR por la prontitud de su reacción y confía en que continuará contando con su importante cooperación en el manejo del éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, originado en la grave crisis humanitaria que vive ese país”, manifestó la Cancillería.

Así mismo informó que el Gobierno Nacional se encuentra trabajando con el Embajador en Colombia designado por el presidente encargado Juan Guaidó, en la identificación de medidas que permitan ofrecer soluciones de mediano plazo a los miembros de este grupo de personas.

Entretanto, se mantendrán las condiciones de alojamiento y alimentación transitorias, en los lugares de ubicación en los que han permanecido desde su llegada al país.

“Vale la pena aclarar que el Gobierno colombiano no tolerará ninguna alteración del orden público o amenazas a la seguridad por parte de ningún ciudadano, de ninguna condición o nacionalidad, y estará atento a tomar las decisiones a que haya lugar en caso de presentarse alguna amenaza de esta naturaleza”, recalcó la entidad.