La ausencia de controles efectivos y de equipos especializados para control preventivo en la tarea de impedir el ingreso de alimentos de contrabando tiene en serio riesgo la salud de los colombianos.

La advertencia la había hecho la Policía Fiscal Aduanera en reciente control político de la Asamblea, pero muy poca fue la reacción que tuvieron las autoridades de salud del municipio y el departamento y entidades responsables del control y la vigilancia fitosanitaria, como el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica) y el Invima.

Al ser indagada sobre esta situación, la secretaria de Salud del Municipio, Judith Ortega, admitió que su despacho no tiene el personal especializado necesario para vigilar los pasos fronterizos.

“Solo tenemos en el puente Francisco de Paula Santander a dos personas de salud ambiental apoyando el control de la Dian y la Polfa”, dijo.

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Pero hay algo mucho más grave: nadie está ejerciendo vigilancia y controles fitosanitarios de los alimentos de contrabando, que se venden en el espacio público, como carne, queso, pollo, aguacate y frutas, productos que ingresan camuflados en maletas y bolsas, advirtió Ortega.

La funcionaria recalcó que por competencia la vigilancia de su despacho se dirige solo a ventas autorizadas de alimentos. “Lo que se venden en la calle no es de nuestra competencia”.

La Opinión conoció que estas falencias en materia de sanidad portuaria, asistencia técnica e infraestructura en puntos fronterizos destinadas a la vigilancia le serán planteadas al viceministro de Salud, Luis Fernando Correa el jueves aquí,  como quiera que pese a los controles en los puentes internacionales, grandes cantidades de alimentos perecederos de contrabando se siguen vendiendo en las calles.

La Policía Fiscal Aduanera (Polfa) insistió en que para contener el riesgo contra la salud se hace necesario que la presencia en los pasos fronterizos de entidades como Ica, Invima y secretarías de Salud sea permanente, “todos los días, de lo contrario la salud siempre estará expuesta”.

El jefe de salud pública de Cúcuta, Leonardo Ernesto Durán, fue contundente en advertir del peligro al que se exponen las personas que consumen carne o cualquier alimento que ingrese de  contrabando, dadas las precarias condiciones de manipulación, transporte y cadena de frío que se da a esos productos.

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“Se exponen a contraer enfermedades como salmonela, cólera, brucelosis y otras  de tipo zoonótico”, sentenció Durán.

Pero hay algo aún peor: el consumo de bisulfito, producto químico cancerígeno que los contrabandistas ponen en la carne de contrabando para devolverle la apariencia de fresca y buena calidad. “Quienes compran esta carne no saben qué están comiendo”, dijo

El director encargado del ICA, Alberto Tarazona, dijo que la entidad tiene puestos de control permanente en todos los puentes internacionales del área metropolitana y que en concurso con la Dian y la Polfa se está impidiendo el ingreso de todo tipo de productos vegetales.

No obstante, al confrontarlo sobre la gran cantidad de productos de contrabando como aguacates, bananos, piñas, naranjas, entre otros, que se venden en las calles, respondió que la competencia suya está en los puentes y que si ingresaron a la ciudad es deber de la Dian y la Polfa incautarlos, “no del Ica”.

El comandante de policía de Cúcuta, coronel Javier Barrera, dijo que la institución controla las 24 horas en los 10 kilómetros de frontera que abarca el área metropolitana “paracontener el contrabando”.

El coronel Oscar Cortés, comandante de la Polfa, reveló que este año se llevan incautadas 11.5 toneladas de carne, 12.5 de queso y 17 de aguacate.

Otras alarmas

No solo el control fitosanitario preocupa a las autoridades en los pasos fronterizos, también el ingreso de venezolanos enfermos en busca de atención  médica. Con corte al 31 de diciembre de 2017, 13 mil 110 venezolanos recibieron atención en salud en los distintas empresas sociales del estado del departamento.

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Enfermedades como VIH, rabia humana, violencia de género, tuberculosis, mal de chagas, malaria, cáncer de mama, entre otras fueron las patologías que se trataron y por las cuales el Gobierno Nacional está adeudando a las entidades de salud un total de $10 mil 474 millones, de los cuales solo al hospital universitario Erasmo Meoz le corresponde $9.300 millones.

La Opinión conoció que la ocupación de camas en este hospital por parte de ciudadanos venezolanos es de 56 (13,11%).