El pasado lunes, comerciantes y habitantes del municipio de Puerto Santander tomaron la decisión de salir a protestar, para exigirle al Gobierno Nacional y departamental la reapertura del Puente La Unión que los conecta con Venezuela, ya que su base económica dependía exclusivamente de los ciudadanos venezolanos que llegaban a territorio colombiano para abastecerse de los artículos de primera necesidad.

Comerciantes denunciaron que las ventas cayeron un 90 por ciento, lo que agudizó la economía en este municipio limítrofe, situación que los ha llevado a la quiebra, por lo que ayer se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participaron representantes del gremio de comerciantes, la alcaldesa de Puerto Santander, Maria Virginia Torres, la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, en cabeza de Víctor Bautista; la Defensoría del Pueblo, delegados del Instituto Departamental de Salud, entre otros.

“Expusimos las problemáticas que vive el municipio. El secretario de Fronteras y  Migración Colombia se comprometieron a llevar la inquietud al Gobierno Nacional para ver qué posibilidad hay de que se de una reapertura gradual de la frontera”, dijo Fredy Solano, concejal de Puerto Santander.

Solano manifestó que la principal problemática es el cierre de frontera que ya lleva más de 6 meses, sumándole a esto el paso de los ciudadanos venezolanos por las famosas “trochas”, lo que para él y los comerciantes de la región no es justo. 

“La gente sufre, porque pasan ancianos, familias que vienen es a comprar medicinas o comida. Según dicen, por el paso humanitario llegan 7 personas diarias, pero en el puesto de salud reportan 50 personas, entonces esas personas entran es por las trochas y no hay control, eso es lo que necesitamos”, añadió el funcionario. 

Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, informó que se constituirá una comisión de trabajo entre los alcaldes fronterizos y el Gobierno Nacional, “que permita encontrar las fórmulas para un mejor funcionamiento regular de los pasos fronterizos y determinar una migración más regulada y ordenada como corresponde en estos tiempos de pandemia de COVID-19”.

Maria Virginia Torres, alcaldesa de Puerto Santander, indicó que necesitan la reapertura de la frontera  de manera responsable, no solo con el compromiso de los comerciantes, sino de todas las instituciones, para reactivar el comercio de la zona. 

“Puerto Santander vive de Venezuela, no de Colombia” 

Alejandro Valencia, comerciante del municipio fronterizo, señaló que la situación que se está presentando, es por las malas relaciones que tienen los jefes de Estado de ambos países, pues considera que los mandatarios no tienen conocimiento de la realidad que se vive entre las fronteras, especialmente en Puerto Santander, donde más de 3.000 comerciantes dependen exclusivamente de los compradores venezolanos. 

“Nos dejaron sin ningún tipo de ayuda. Somos netamente comerciales, vivimos de Venezuela, de los productos que se venden para esa zona, porque no tenemos vida propia y aunque hay un área pequeña que es agrícola, la mayoría vive de los negocios que tienen  a la orilla del puente”, sostuvo Valencia. 

De acuerdo con la información suministrada por los comerciantes, durante la pandemia y el tiempo de confinamiento no recibieron ningún tipo de ayuda económica o alimentaria, por lo que la única opción fue salir a protestar, “y ahí sí nos escucharon, pero ya sabemos que eso va a seguir en las mismas”, dijo otro de los comerciantes afectados. 

Aproximadamente 1.000 negocios han tenido que cerrar sus puertas, pues no cuentan con los recursos para pagar los arriendos, empleados, servicios públicos y cuotas bancarias.  Aseguraron que algunas farmacias están trabajando a pérdida, pues debieron deshacerse de productos vencidos, los cuales tenían almacenados, con la esperanza de distribuirlos a los compradores extranjeros, pero la pandemia lo impidió. 

De igual forma, los almacenes de calzado han sido los más afectados, “la gente dice que los zapatos se están pudriendo, se están dañando y ellos no tienen a quién venderlos”, afirmó Velandia.