Este miércoles fue presentado el Estudio Piloto Sociolaboral de la población inmigrante venezolana, que evaluó las posibilidades de vinculación laboral de esta población venezolana en el país, determinado que hay desconocimiento para acceder a oportunidades de empleo.

El Especialista de inclusión laboral de Fupad, Carlos Parra, explicó que el estudio evidenció las principales barreras de empleabilidad a las que se enfrenta la población migrante venezolana y que parten desde el mismo desconocimiento de la normatividad y la ruta de empleabilidad disponible para esta población por parte de empresarios, entidades públicas y privadas y de los migrantes inclusive.

“Hay aspectos relacionados con la imposibilidad para certificar sus títulos de formación y/o experiencia laboral, prejuicios sociales y discriminación, desconocimiento de los diferentes tipos de contratación, entre otros”, agregó.

El estudio se realizó en Bogotá, Barranquilla y Cartagena con cerca de 25.000 registros de hojas de vida de migrantes venezolanos en Colombia, condensadas en el Servicio Público de Empleo (Agencias Públicas de Empleo del SENA y las Agencias de Gestión y Colocación de las Cajas de Compensación Familiar), revelando así que sólo 8879 personas tiene el Permiso Especial de Permanencia y están perdiendo oportunidades laborales por desconocimiento de la normatividad.

“Existe un bajo registro de hojas de vida de población migrante venezolana tanto en las plataformas de las Agencias Públicas –APE del SENA- como en las de las Agencias de Gestión y Colocación de las Cajas de Compensación Familiar. Además, en los Grupos Focales (tres en cada ciudad), se determinó que muchos migrantes postulan sus hojas de vida con perfiles más bajos a los reales con el fin de tener una mayor posibilidad de vinculación laboral, lo cual podría explicar los resultados cuantitativos”, sostuvo Parra.

Además de esto, el estudio también documentó que el rango de edad de esta población oscila entre 21 y 40 años y el nivel de formación académica se encuentra en su mayoría en el nivel medio. Lo que representó que al analizarse las vacantes de baja postulación, en donde no se reciben candidatos para ocupar los cargos disponibles, se encontró que la mayoría corresponden a cargos relacionados con finanzas y administración y en niveles técnicos y profesionales.

Entre tanto, los niveles salariales ofrecidos en estas vacantes, según el estudio, corresponden al rango entre 1 y 2 salarios mínimos. “Esta es una brecha que representa una posibilidad real de vinculación laboral para la población migrante y que no genera una competencia directa con la población colombiana en búsqueda de trabajo”, comentó Parra.

Este panorama para el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, refleja que aspectos relacionados con la imposibilidad para certificar sus títulos de formación y/o experiencia laboral, prejuicios sociales y discriminación, desconocimiento de los diferentes tipos de contratación siguen afectando su inclusión laboral.

“Mientras no se les beneficie con un mayor acceso a la información laboral del país y sobresalga la falta de interés de apoyar a esta población, pues seguirán tomando la vía de la informalidad para poder subsistir. El Estado debe crear políticas que estén dirigidas específicamente a esta población y su adaptación laboral”, apuntó el experto.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la informalidad laboral en Colombia para 2018 fue de 48,2 % con una tasa de desempleo nacional a enero de 2019 en Bogotá de 11,6 %, Cartagena con un 9 % y Barranquilla 8,1 %.