Este martes 11 de agosto se cumple un año del cierre programado de la frontera entre Venezuela y Colombia, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, medida implementada por el gobierno venezolano con el propósito de reforzar sus políticas para enfrentar el contrabando de extracción de combustibles, alimentos y artículos de primera necesidad.

La medida incluye una restricción al tránsito de transportes de carga de todo tipo, desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana, y un significativo incremento del pie de fuerza militar a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera compartida, junto a la oferta de la próxima implementación de una Zona Económica Especial en Ureña, San Antonio y Ayacucho; así como la apertura de nuevas estaciones de servicio con combustibles a precios internacionales

Nellyver Lugo, parlamentaria del Consejo Legislativo del estado Táchira, estimó que las acciones emprendidas por el gobierno venezolano en la frontera, han permitido “enfrentar una guerra económica que ha venido mutando y aumentando la cantidad de personas que realiza este tipo de acciones asociadas a mafias  que operan en torno al tráfico de alimentos y combustibles”.

Para la parlamentaria, estas mafias han tenido que replegarse ante el reforzamiento de las fuerzas militares, no solo en la línea fronteriza, sino en varios anillos dispuestos incluso más allá de la geografía tachirense en las rutas que conducen hacia la frontera.

“Creo que la cantidad de toneladas que se han retenido a lo largo de este año, nos llevan a presentar un balance positivo; y es que no solamente nos hemos encargado de vigilar el puente internacional Simón Bolívar y el Puente Francisco de Paula Santander, sino que se han destruido gran cantidad de pasos clandestinos”.

Sin embargo, la diputada Lugo señala que las mafias dedicadas al contrabando, agobiadas por los controles, se han visto obligadas a mutar, a cambiar sus modus operandi, y esto constituye un nuevo reto para las autoridades venezolanas, que deben ir un paso delante de estos grupos al margen de la ley.

Otra visión

Isidoro Teres, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, estimó por su parte, que aunque nació como una medida temporal, el cierre se ha convertido en algo permanente, que ha traído consecuencias.

“Realmente ni industriales ni comerciantes vemos nada de positivo en esas medidas... Desde el sector económico tenemos que resaltar las pérdidas que los negocios, especialmente restaurantes, hoteles y posadas, taxistas han sufrido tras la desaparición de la actividad económica nocturna tras el cierre parcial de frontera”, dijo el empresario.

Explicó que ello obedece a que hay una economía nocturna, “Por esos puentes circulan los pasajeros, turistas, líneas internacionales, así como los pasajeros de tránsito que van o vienen del aeropuerto de Cúcuta en vuelos nocturnos y representa para ellos una enorme incomodidad el no poder completar su tránsito”.

Apuntó Téres que en materia de salud se han registrado situaciones gravísimas de pacientes que no han podido cruzar, o han tenido que esperar horas, siendo casos de personas en estado crítico.

La situación también afecta al sector estudiantil que cursaba, sobre todo cursos de postgrados en horas de la noche y que se ha visto impedido de continuar con su formación, a raíz de estas medidas.

Destaca Téres que las actividades económicas que se realizan en el día no han tenido una perturbación tan drástica como la sufrida durante la noche.

“Estamos ya a punto de inaugurar el tercer puente internacional en tienditas y paradójicamente al mismo tiempo estamos cerrando los otros puentes, por lo que a estas alturas, al cumplirse ya un año del cierre parcial, debe llamarse a un debate ciudadano junto con las autoridades para tomar una decisión que permita levantar una medida que desde el punto de vista del ciudadano no ha traído más que perturbaciones”, recalcó.