El mensaje que envió el jueves el Gobierno Nacional a los alcaldes y autoridades de salud y de gestión del riesgo de la frontera es contundente: extremar todas las acciones para redireccionar la atención que se está dando al fenómeno migratorio en esta parte del país.

Así lo explicó el viceministro de Salud, Luis Fernando Correa, al destacar que se reanudó un nuevo proceso de valorización de lo que hasta ahora se ha hecho en materia de atención de los venezolanos en su migración por territorio nacional.

Un primer paso fue la orden que Cancillería impartió a Migración Colombia para que haga una revalorización del control migratorio en la frontera.

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Del encuentro con alcaldes y autoridades de salud se concluyó que en materia de salud hay que estar mejor preparados.

Tras revisar los recursos dispuestos y los adeudados para atender a los inmigrantes en los hospitales, el viceministro anunció que se dispondrán de 4.200 millones de pesos para responder a una agenda concreta. De esta plata ya se entregaron partidas al hospital universitario Erasmo Meoz.

Una segunda conclusión fue la necesidad de revisar los riesgos relacionados con la salud pública. Se decidió que con las autoridades departamentales y municipales se fortalezcan las actividades de vigilancia epidemiológica y los servicios de vacunación. Para esto último habrá recursos adicionales complementarios a los que destinan los entes territoriales por 1.000 millones de pesos.

Correa reveló que el Gobierno Nacional también priorizó recursos para la atención de la población de frontera en cuantías que detalló así: 7.500 millones  de pesos para el hospital mental Rudesindo Soto; 400 millones y una ambulancia para dotación del hospital de Villa del Rosario, y 3000 millones para el hospital de Tibú.

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Al ser preguntado sobre por qué el Gobierno no ha emitido medidas para la emergencia sanitaria en la frontera, el funcionario dijo que aún no se reúnen los soportes para una declaratoria de esta naturaleza, “aunque no se descarta  que se haga”.

En cuanto a la desatención de los niños venezolanos, que pululan en todas las esquinas de la ciudad, Correa admitió que hay una crisis y hay que resolverla, pues con los niños y los jóvenes hay muchas cosas por hacer.

En tal sentido anunció que se integrarán los esfuerzos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), cuya directora vendrá a Cúcuta hoy, y las alcaldías, para hacer frente a estas falencias.

Algunos alcaldes demandaron del Gobierno Nacional pasar a los hechos a la mayor brevedad, pero ello se logra con recursos, dijo el mandatario de Tibú,  Jesús Alberto Escalante.

El mandatario reveló que en su municipio la capacidad instalada del hospital hace rato está copada por culpa de la inmigración extranjera.

Por su parte, Pepe Ruíz, alcalde de Villa del Rosario, dijo que si no se hacen efectivos los pagos a la red pública de salud es imposible que con lo que se tiene en la actualidad se pueda atender la gran cantidad de personas del vecino país que a diario llegan buscando atención.

Decisiones nacionales

En el reciente consejo de ministros que se celebró en la Casa de Nariño surgieron decisiones para la crisis migratoria. La primera, ajustar una nueva fase de la estrategia  para optimizar los controles migratorios. Asimismo, se ordenó actualizar la valoración y  proyecciones de los servicios  que se prestan en educación, salud, al igual que en la protección de niños y adolescentes.

Se medirán los impactos financieros y se buscará un marco regularotio  de la población más efectivo, que ofrezca apoyo en el mercado laboral y al sistema de aseguramiento. También se decieron medidas en seguridad y control en los pasos fronterizos, y se delegó en la Unidad nacional de gestión del riesgo la tarea de revisar a fondo los esquemas logístico y operativo, que bajo estándares humanitarios internacionales permita dar una respuesta más efectiva a la situación actual.