Las violencias contra las migrantes venezolanas en las zonas de frontera se complica con la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.

En Norte de Santander, el Observatorio de Asuntos de Género publicó el boletín informativo ‘Afectaciones diferenciales en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19’ en el que profundiza sobre la situación de esta población en la región.

El estudio involucró a 53 mujeres provenientes de Venezuela que residen en Cúcuta. Adriana Pérez Rodríguez, directora del Observatorio, precisó que en la actualidad se dedican al trabajo informal, al trabajo del hogar o están desempleadas.

El 11% de las encuestadas aseguraron sufrir de violencia económica. La pareja o sus familiares no les permiten trabajar, no tienen control de sus ingresos o se les retienen sus documentos como medida de presión.

Además, que casi todas se encuentran viviendo en entornos de hacinamiento; en lugares reducidos con una o dos familias. “Más de 10 personas en una misma casa, en las que recae las responsabilidades del cuidado del hogar sobre ellas”, añade Pérez.

El boletín reveló que 7% de las encuestadas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Los principales agresores son sus propias parejas, las ex parejas, los familiares, integrantes de la fuerza pública y miembros de los grupos armados al margen de la ley.

Otro hallazgo del boletín informativo fue la sexualización de los cuerpos de las mujeres migrantes. Aunque no hay una cifra porcentual, se registraron relatos de mujeres que se dedican a la prostitución producto de redes de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Algunas son controladas por actores armados al margen de la ley, que mueven toda clase de economías ilegales, entre ellas la trata de personas y la explotación sexual de migrantes”, profundizó la experta.

El 98% de las mujeres que participó en la encuesta admitió que no están afiliadas al sistema de salud colombiano. Esto las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, por el riesgo de contagio de la COVID-19 y de otras enfermedades que ameriten la atención en salud.

Los detalles del boletín fueron dados a conocer en el marco del conversatorio virtual Mujeres migrantes en las regiones de la frontera colombo-venezolana, en el cual participó Pérez y contó con la participación de dos expertas más en derechos humanos y conocedoras del contexto en La Guajira y Arauca.

Situación en Arauca

En el departamento de Arauca la situación para las migrantes y refugiadas es muy similar a la de Norte de Santander. Gloria Patricia Vergara, directora técnica de la Asociación de Apoyo al Desarrollo (APOYAR), recordó que antes de que aumentara el flujo migratorio, las mujeres venezolanas que llegaban al departamento de Arauca lo hacían buscando acceder a mejores servicios de salud para sus hijos.

En el marco de la contingencia, las mujeres se ven expuestas a varias situaciones que ponen en peligro su vida, como violencia sexual, familiar o trata de personas. 

“Su situación económica es precaria. Nos hemos encontrado con un grupo cuyos primeros embarazos fueron antes de los 14 años y que al llegar acá aún en edad adolescente tienen dos o tres hijos más; además son mujeres muy jóvenes con parejas adultas, algo que está muy normalizado entre ellas y ellos”, enfatizó Vergara.

También narró que la organización que lidera detectó a más de 68 mujeres que ejercen actividad sexual por supervivencia en establecimientos o en las calles. Algunas de ellas, víctimas de redes de trata de personas.

Por otra parte, Vergara planteó que se debe pensar en las mujeres transgénero: “están expuestas a la discriminación por su identidad de género; sumado a su condición de migrantes, son señaladas, víctimas de xenofobia. Vemos que muchas de ellas también han sido afectadas por el acoso policial”.

Motivó a hacer un esfuerzo desde la sociedad para entender la situación que están atravesando las mujeres migrantes y en general toda esta comunidad que llega en búsqueda de mejores oportunidades en el territorio nacional.

¿Qué pasa en La Guajira?

 Entre las recomendaciones que se hacen en el catálogo que presentó la ONU Mujeres destaca la necesidad de promover estrategias específicas de empoderamiento y recuperación económica de las mujeres.

La migrantes que llegan al departamento de La Guajira, en palabras de Karen Almanza Vides, docente investigadora de la Uniguajira, se encuentran con una región en crisis multifactorial. Al ingresar por las trochas, más de 200 en esta región “no logran un estatus migratorio legal”.

La mayoría de migrantes carga con sus hijos y tienen una doble responsabilidad: ser proveedoras y cuidar de los niños, lo que las hace más vulnerables en un departamento, donde más del 40 por ciento de la población es rural, donde hay niveles altos de desescolarización y déficit de plazas de trabajo, pues la economía es, básicamente, informal.

A esto se le suma el factor intercultural: las mujeres wayú que retornan a su territorio ancestral del lado colombiano.

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Subraya que “hay una connotación especial con las mujeres venezolanas: se les sexualiza; así, como ocurre con las mujeres colombianas en el extranjero. Se les señala con calificativos peyorativos, aun cuando las actividades que ejerzan sea vender café, comida o cualquier otra”.

Esta situación, –añade Almanza– las hace aún más vulnerables, incluso, hay muchas que tienen que salir a trabajar con sus hijos. Muchas de ellas consiguen una relación sentimental con hombres que les ayuden económicamente; pero que, luego desencadenan otras realidades como la violencia de género o intrafamiliar.

La cooperación suple la responsabilidad del Estado

Tanto en Norte de Santander, Arauca y La Guajira, hay un despliegue importante de proyectos de la Cooperación internacional que abordan la atención psicosocial, alimentaria y de salud de los migrantes, retornados y demás población en condición de vulnerabilidad.

“Esto tiene un impacto positivo pero me genera preocupación que sean ellos los que estén supliendo las responsabilidades del Estado”, advierte Adriana Pérez, directora del Observatorio de Género de Norte de Santander, haciendo hincapié en que “los proyectos de estar organizaciones tienen un presupuesto y plazo definido”.

Recomendaciones del  Centro de Justicia y Paz

‘Mujer, COVID-19 y Cuarentena: Una mirada desde la frontera Colombo-Venezolana, junio 2020’ es el estudio que publicó recientemente Uniandes Acción Popular en el cual expone que el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), auspició el catálogo de 14 recomendaciones que presentó la ONU Mujeres para dar una respuesta con perspectiva de género en el marco de la solución de esta crisis.

Estas son las recomendaciones publicadas en dicho estudio:

1. Asegurar la disponibilidad de información desagregada por género (infectados, impactos económicos, barreras de acceso, violencia doméstica y sexual).

2. Asegurar la dimensión de género en la respuesta, esto implica destinar recursos suficientes para responder a las necesidades de las mujeres y niñas.

3. Involucrar a las mujeres en todas las fases de la respuesta y en la toma de decisiones.

4. Asegurar la atención de las necesidades inmediatas de las mujeres que trabajan en el sector sanitario.

5. Realizar consultas directas con organizaciones de mujeres sobre la situación de las mujeres, y conocer sus necesidades, intereses y propuestas.

6. Los mensajes de salud pública deben llegar a todas las mujeres y abordar las necesidades de las mujeres en sus diferentes roles.

7. Adoptar medidas para aliviar la carga de la atención sanitaria primaria y garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención sanitaria prenatal y posnatal.

8. Adoptar medidas directas de compensación a trabajadoras informales.

9. Impulsar medidas de política que permitan reconocer, reducir y redistribuir la sobrecarga de trabajo no remunerado que se produce al interior de los hogares.

10. Promover estrategias específicas de empoderamiento y recuperación económica de las mujeres.

11. Adoptar medidas que permitan asegurar el acceso de mujeres migrantes y refugiadas a servicios de salud, empleo, alimentación e información, y protección integral.