Si hay posibilidad de que la violencia y el crimen organizado en la frontera se exacerben es ahora, cuando el narcotráfico atraviesa uno de sus mejores momentos y se avecinan cambios estructurales en la dinámica de este negocio ilegal.

Así lo manifestó el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, quien señaló que uno de sus principales temores con la nueva temporada de homicidios en la línea fronteriza es que las condiciones empeoren, por falta de políticas acertadas de atención a los migrantes, las comunidades que habitan en la frontera, o por ejemplo, cuando se consolide la sustitución de cultivos de uso ilícito y la oferta de coca se reduzca.

Las declaraciones coincidieron con la alarmante situación en el barrio La Parada, en Villa del Rosario, donde se handecubierto siete asesinatos en solo cuatro días, al parecer producto de una guerra territorial entre bandas locales y alianzas de guerrilleros y pandilleros venezolanos.

Las autoridades colombianas han guardado silencio sistemático en torno de lo que sucede en esa zona, donde está el puente internacional Simón Bolívar, el sitio de paso fronterizo más dinámico de América Latina.

Según Cañizares, las condiciones actuales e históricas de vida en la frontera favorecen lo que está ocurriendo y se resumen en cuatro puntos:

Cultura de la ilegalidad y permanencia de una sociedad inviable y permisiva.

Fracaso del Estado para garantizar derechos fundamentales.

Cierre de la frontera, que agravó la violencia, pues antes de ello, Los Rastrojos y Los Urabeños operaban desde Venezuela, pero luego se trasladaron a la zona limítrofe.

Presencia de cultivos de uso ilícito, que facilitan el trabajo de narcotraficantes, así como alianzas abiertas entre quienes manejan los cultivos.

Lo anterior, sumado a “que todo sigua igual y que no ha pasado nada que lleve a un cambio, con un  Gobierno Nacional que no aparece por ningún lado”, aceleran el desastre.

Aunque la Fundación mo tiene información concreta sobre los homicidios recientes, se ha conocido que en distintas rutas, como en Juan Frío, aparecen hombres armados.

Otras personas afirman que en este sector se estarían cobrando 10 mil pesos a los conductores para permitir su tránsito.

Por su parte, el alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, resignado dijoque la situación cada vez es más difícil.

“Todos los días muertos y muertos”, manifestó.

Dijo que una de las estrategias para tratar de resolver lo que ocurre está en lograr que se permita la presencia del Ejército “en la raya fronteriza”, situación que ya es de conocimiento nacional.

“La policía hace su trabajo, pero solos no pueden y se necesita más ayuda”, declaró. “Ojalá que también se pueda tener organismos de inteligencia”. 

Sobre las hipótesis de las muertes indicó que los motivos son los mismos que se vienen repitiendo desde hace meses: una lucha entre las bandas por el control territorial.

“Ahí cae gente inocente, que si pasa con carne y no paga, lo asesinan”, comentó. “El otro tema, también presente, es la lucha que tienen esos grupos entre sí, que dejan sus propios muertos”.

¿Legalizar el contrabando?

Para el gestor de paz del ELN, Eduardo Martínez, urge una política de frontera en consenso con las comunidades, para aclarar lo que es y no contrabando. 

“Son las comunidades que viven a lado y lado las que saben cuál es su realidad y a ellos es a quienes hay que escuchar”, dijo. “No se puede llamar contrabando a algo que es un intercambio entre los pueblos”, razón por la que dijo que se debería “legalizar” ese intercambio.

“Yo no puedo llamar contrabando el pasar una pimpina de un lado a otro”, afirmó. “Habrá otras actividades, porque le están metiendo mano bandas mafiosas y eso hay que desarticularlo, porque no son las comunidades sino imposiciones de las bandas”.

“Pienso que los pueblos son sabios, y tener una política de frontera implica escuchar de lado a lado los pueblos”, dijo.