Veinte a veintidós millones de pesos mensuales compra Gabriela* en mechones de cabello, en Cúcuta. Una millonaria cifra que revela el desmedido auge, que tras la apertura de la frontera con Venezuela, tomó este negocio en la ciudad.  

En pleno parque Santander y en el sector de La Parada (Villa del Rosario) abundan los ‘arrastradores’, quienes ganan una comisión entre $3.000 y $5.000 por llevar clientes y entregar volantes. Mujeres con tijeras profesionales en mano y en cualquier banca cortan cabelleras, tras acordar un pago que varía según cada interesada(o) en venderlo.

Mientras a una mujer le ofrecen $25.000 por siete u ocho mechones de su cabello, un ‘arrastrador’ explica, a quienes se congregan a mirar el corte en la calle, que lo importante es el grosor y el largo. Siempre y cuando no tengan horquilla, ni tinte, el precio puede alcanzar los $120.000.  

“Viendo el cabello es que se le dice el precio”, señala a los curiosos.

Las clientas más apetecidas resultan ser las mujeres venezolanas, quienes visitan el centro de la ciudad, en busca de alimentos, medicamentos, y elementos de aseo carentes en su país. En la venta de su pelo (voluntaria), encuentran una oportunidad a su difícil situación económica.

¿A dónde va?

Gabriela es estilista caleña y el contacto donde van a parar muchos de estos mechones o moños de pelo. Ella los compra al por mayor y los lleva a una fábrica informal de pelucas en Cali, donde posteriormente –dice– salen para el exterior.

“El cabello lo compramos en diferentes ciudades, pero en este momento hay mucha gente que lo está vendiendo en Cúcuta (…). Yo viajo cuatro veces al mes. Luego, de entregar el cabello en la fábrica me desentiendo”, señala Gabriela.

Según la mujer, una peluca, fabricada en pelo natural, lleva mucho cabello (más de tres  cabezas) y por ello el valor de venta es elevado.

Una peluca de buena calidad, puede encontrarse en locales especializados o ventas en internet entre  $800.000 y $ 1’200.000. Los clientes son personas con cáncer u otros padecimientos, por calvicie, simple vanidad o por cambiar su aspecto ante las autoridades.

Pero, también se consiguen precios más cómodos que corresponden a cabelleras cortas y de diseño sencillo o trenzas naturales.

“Hay gente que vende el cabello no solo por el dinero, sino porque les pesa y les genera dolor de cabeza, por cuestiones de calor o lo tienen bastante largo”, agrega Gabriela, al tiempo que advierte que no le compran a menores de edad, a personas que estén enfermas o que no tengan uso de razón.

Los afectados

El propietario del reconocido almacén de pelucas Cabellos de Ángel, en el centro de Cúcuta, dice sentirse en competencia desleal, debido a que sus productos y materia prima los importa legalmente cumpliendo con todos los registros y normas sanitarias.

“Se me está haciendo un daño enorme, porque yo pago legalmente el cabello”, señaló el comerciante.

Además –asegura– que diariamente llegan a su negocio entre 30 a 40 personas, de todos los estratos sociales, ofreciendo vender su pelo. Por ello, puso un letrero a la entrada: “No compramos cabello”.

“Yo he denunciado esto a la Policía porque estas personas ‘agarran’ a gente incauta y que aguanta hambre, aprovechándose de sus necesidades. Cualquiera puede tener un piojo, un hongo o una bacteria en su cabello y es muy riesgoso ponérselos a una persona con cáncer. Sería mortal”, considera.

Aún más preocupante es que a su local han llegado habitantes de la calle con mechones de pelo para la venta, lo que podría motivar el hurto de cabello. Aunque, hasta la fecha, la Policía Metropolitana no tiene denuncias al respecto.

Salud

Judith Ortega, secretaria de Salud de Cúcuta, señaló que no existe ninguna normatividad o riesgo con respecto a la compra y venta de pelo.

Sobre la posible transmisión de enfermedades dijo que se trata de un corte de cabello que no involucra al folículo del pelo, a través del cual, posiblemente, si podría darse alguna transmisión.

“Sumado a ello, sabemos que para la elaboración de las pelucas se lleva a cabo un fuerte proceso químico”, destacó la funcionaria.

La Opinión buscó a Juan Alberto Bitar Mejía, director del Instituto Departamental de Salud (IDS), para conocer su opinión al respecto, pero no atendió a la prensa.

(*) Nombre cambiado por petición y seguridad de la fuente.