El panorama no es alentador para los desplazados colombianos que retornan de Venezuela. Se enfrentan a una “doble victimización” a un “nuevo exilio”. Así lo revela el Informe ¿A dónde van? Relatos Transfronterizos, presentado por la Comisión de la Verdad y elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander, el cual recorrió la línea fronteriza del departamento hasta el sur de Arauca para conocer la situación conflicto, frontera y desplazamiento de los connacionales desde el vecino país. 

La investigación se desarrolló en el marco del proyecto Asesoría para el fortalecimiento de la Macrorregión Nororiente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición junto con el Programa de Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia Propaz de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, con el fin de ofrecer herramientas para la elaboración de rutas de exploración en contextos de frontera.  

El documento refleja el desplazamiento forzado y posterior retorno de 268 víctimas, en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Tibú, Herrán, Arauca, Arauquita y Saravena, y comunidades de karikachaboquira y batroctora del pueblo indígena barí, detallando diferentes situaciones de esta población como el acceso a documentos de identificación en Venezuela, la inclusión en el Registro Único de Víctimas, solicitud de asilo y la vulneración de sus derechos fundamentales. 

Los especialistas indicaron en la presentación virtual del informe que ante la ausencia de medidas de atención a los desplazados, los colombianos prefierían los certificados de nacionalidad venezolana porque así pueden optar a las políticas públicas de asistencia al fenómeno migratorio, que teniendo documentación de su propio país. El estudio arrojó que el 52% de la población no pudo lograr la identidad mientras que el 48% sí alcanzó a registrarse como ciudadano venezolano. 

Carlos Marín Beristain, comisionado de la Verdad, calificó como una “aberración” que los propios colombianos desplazados por la violencia no sean reconocidos por el Estado para apoyarlos en solucionar sus problemas. Abogó por una visibilización de las experiencias de lo que a la gente le ha tocado vivir y afrontar con leyes verdaderamente efectivas. “Tienen inflación de marcos legales, pero deben tener un marco para que estas personas se sientan reconocidas”, dijo.  

El documento da cuenta de que los recorridos forzados transfronterizos en Norte de Santander tuvieron su pico más alto entre 1999 y 2003 por los puentes oficiales: 23% a través del puente Francisco de Paula Santander (Cúcuta-Ureña), 22% por el puente Unión (Puerto Santander-Boca de Grita) y 10% por el puente Simón Bolívar (Cúcuta-San Antonio). El resto de la población se movilizó por las trochas de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Tibú y Herrán.  

Mientras que por Arauca el mayor desplazamiento fueron de tipo familiar y colectivo entre 2005-2009: el 37% lo hizo por vías no oficiales a través del río Arauca y el 26% se desplazó por el puente internacional José Antonio Páez.  Debido a la difícil situación de Venezuela, estas poblaciones retornaron nuevamente entre 2015 y 20219. 

El documento evidencia que la mayoría de las víctimas se establecieron en Venezuela. Tuvieron acceso a la educación, vivienda, trabajos formales, pero la inestabilidad económica en los años posteriores acabó con la tranquilidad de miles de familias colombianas, haciendo que muchas de ellas  renunciaran a su estadía en el país vecino y otros se desplazaron de manera pendular por motivos familiares, educativos o laborales.  Las niñas desplazadas actualmente ya son mujeres cabezas de hogar que abandonaron todo lo que lograron para empezar de cero en su propio país. Muchas fueron objeto de agresiones sexuales y acosos en ese tránsito irregular forzado.

Marín Beristain destacó que este tipo de informes ayudan a comprender las políticas de los países en torno a las víctimas de estas movilizaciones. 

“El retorno es un nuevo desplazamiento forzado, muchos de ellos lo hacen por fallas en las políticas y medidas económicas. Las consecuencias de ese nuevo desplazamiento es que hay una doble victimización, sin marco de reconocimiento ni al salir ni al llegar. Y las personas están buscando alternativas para recibir ayuda humanitaria”, sostuvo el comisionado. 

Rafael Jaimes, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander, explicó que el desarrollo de este ejercicio permitió identificar las dinámicas de desplazamiento forzado hacia Venezuela, cuáles han sido los puntos de mayor concentración de población víctima desplazada de Colombia y cómo se han dado esos retornos hacia el territorio colombiano. 

También posibilitó la participación de un grupo significativo de mujeres, hombres, adultos mayores y pueblos ancestrales que comparten la condición de binacionalidad en el territorio fronterizo como el caso del pueblo barí. 

“El dar voz a estas víctimas implica el reconocimiento a una realidad que por años había sido invisibilizada, desconocida e ignorada por el Estado colombiano”, expresó Jaimes, durante la presentación.  

Señaló que otro de los elementos identificados en el estudio es la ausencia de un enfoque diferencial para poder atender a la población de segunda generación que está retornando con sus padres, abuelos que fueron desplazados hacia Venezuela. El 85% de los connacionales manifestó  haber sufrido una violación a sus derechos humanos mientras estuvieron en Venezuela. 

Pedro Durán Barajas, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de la Gobernación de Norte de Santander, indicó que los resultados del informe deben ser una herramienta fuerte para que las entidades territoriales impulsen de manera vehemente un diálogo transfronterizo y así restablecer unas relaciones mínimas con regiones vecinas como los estados Zulia y Táchira con el departamento. 

A su juicio, el restablecimiento de las relaciones consulares entre ambos países pudiera solucionar los problemas de fondo de Norte de Santander como el narcotráfico y la criminalidad que ronda a esta población vulnerable. 

Por su parte, los participantes en este estudio recomendaron al Gobierno Nacional que se reconozca su condición como víctimas del conflicto armado con la posibilidad de acceder a la política pública de asistencia, disminuyendo los trámites para agilizar los procedimientos con el fin de contar con  medidas de reparación integral. También solicitaron definir una política pública desde un enfoque humanitario para el restablecimiento de sus derechos y que las gobernaciones y alcaldías propongan un censo para las víctimas de este problema transfronterizo. 

Hicieron un llamado a los organismos internacionales y agencias de cooperación a promover el reconocimiento de los afectados y su presencia permanente en el territorio como mediadores entre el Estado y sociedad civil para el desescalamiento del conflicto armado. 

La comunidad indígena barí demandó al Estado su inclusión en la formulación de políticas con enfoque diferencial y étnico para evitar la invisibilización de la que han sido objeto en los últimos años con relación a la población urbana.