El cierre de la frontera entre Norte de Santander y Venezuela, más que pérdidas económicas, ha ocasionado un drama social que vincula a cientos de familias obligadas a dormir en albergues improvisados.

Según las últimas cifras oficiales conocidas antes del cierre de esta edición, durante los cuatro días del estado de Excepción fueron deportadas 530 personas, muchas de ellas madres separadas de sus hijos.

Una de ellas es Sandra Patricia Carreño Silva, que fue detenida por las autoridades venezolanas en San Antonio, mientras se transportaba en su moto hacia la casa donde trabajaba como empleada de servicio. A ella no solo la deportaron después de ocho años de vivir y trabajar en esta población fronteriza, también la separaron de sus dos hijas y sus esposo, quienes permanecen temerosos en su hogar por la persecución a los colombianos que se está presentando.

“A los colombianos nos están tratando como delincuentes y no lo somos”, dijo, mientras limpiaba sus lagrimas.

Precisamente, el temor generado por la arremetida de las autoridades venezolanas, hizo que muchos nacionales que residían en Ureña y San Antonio decidieran pasar la frontera por el temor a ser maltratados y deportados.

En este sentido, Jhon Vargas, dijo que el pasó por una trocha, pero al estar ya del lado colombiano (después del río Táchra) fue agredido y robado por la guardia de Venezuela.

Al conocer las denuncias de los colombianos expulsados de Venezuela, el ministro del Interior, Juan fernando Cristo, le pidió al Gobierno venezolano respetar los derechos humanos y no maltratar a los colombianos. “Hay una situación preocupante, lamentable. Hay unas denuncias serias de atropellos a ciudadanos colombianos que vamos a tratar ante las autoridades venezolanas (…) También hay un problema de unificación de familias en el que tenemos que trabajar y vamos a pedir que se garantice el derecho a las propiedades y enceres de los colombianos que quedaron allá”, aseguró Cristo.

Precisamente, Henry Martínez, oriundo de Bogotá y residente en San Antonio desde hace más de ocho años, dijo que a pesar de haberlo dejado todo allá, él no piensa volver. “Ellos  prácticamente me robaron todo”.

Entre las decisiones que se tomaron ayer para atender a los deportados y a quienes salieron de Venezuela por miedo, está la adecuación del coliseo del Colegio Municipal como un albergue temporal. Sin embargo, ante el problema migratorio que se está presentando, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, destacó la ciudad no está en capacidad de recibir a toda la población que llegue.

Otra de las denuncias hechas por los colombianos es que las viviendas estaban siendo marcadas por las autoridades con una R, que significaría residente y con una D, para aquellas que tenían que ser destruidas.