Puerto Santander parece un pueblo fantasma. Las calles, que hasta hace una semana vivían atiborradas de vendedores y mercancía de todo tipo, están vacías.

Pese a que las puertas de la mayoría de los locales comerciales se cerraron por tiempo indefinido, hay un negocio que resiste a la crisis fronteriza: el contrabando de gasolina.

Las canoas es las que colombianos y venezolanos cruzan de lado a lado del río Grita,  también son utilizadas para pasar combustible. El cierre del Puente La Unión, que comunica a Puerto Santander con Boca de Grita (Venezuela), no ha acabado con este ilícito.

Aunque el paso de pimpinas no es tan frecuente ni abultado como antes, los contrabandistas pasan sin mayor reparo con su mercancía. En cada viaje pueden llevar hasta 30 pimpinas, las mismas que revenderán en territorio colombiano en 50 mil pesos.

Si la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o la Policía colombiana se hacen las de la vista gorda podrán pasarlas, de lo contrario perderán el viaje. Aunque los pimpineros se resisten a hablar de si hay o no tratos con la GNB, en clave aseguran que por pasar cada pimpina pagan 100 bolívares.

Pese a que desde el puente donde está instalada la Guardia se pueden divisar las canoas y sus cargas, pimpineros y contrabandistas pasan como si nada.

“A veces la GNB molesta mucho y ahí si que no se puede pasar es nada”, dice una de las residentes.

Es mediodía y por lo menos unas 10 canoas están estacionadas en territorio colombiano. Son más, las que llegan que las que salen.

La primera en llegar al improvisado puerto en el sector La Piragua está cargada con ocho personas. Dos de ellos son  venezolanos. Como no los dejaron pasar por el puente, pagaron 500 bolívares por cruzar en bote.

Cinco minutos más tarde se divisa una nueva canoa. En ella una familia de Boca de Grita se trajo su trasteo para el puerto. Aunque no los deportaron se vinieron por su propia cuenta.

Al llegar a la orilla, decenas de jóvenes ofrecen sus servicios de carga. Desde que la frontera se cerró aprovechan cualquier  oportunidad que les represente ganarse unos pesos.

Cuando el sol está en su máximo punto llega con prisa otra nave: esta viene cargada de pimpinas de gasolina. En un santiamén unos hombres las bajan de la canoa y las montan en un camión.

Del otro lado del río

Paradójicamente, las canoas que arriman a territorio venezolano no son las mismas que zarpan hacía Puerto Santander.

Para poder hacer el viaje de ida y vuelta, los canoeros deben pagar un peaje. Los encargados de las flotas dicen que traer gente del otro lado les acarrea un pago de 500 bolívares por viaje a una mujer encargada de estos cobros en el otro lado.

“Esa plata es para la Guardia, eso ya se sabe”, explica una mujer al pisar tierra.

Al llegar ilegalmente al territorio venezolana una decena de mototaxistas reciben a propios y visitantes. Por 200 bolívares o mil pesos los sacan de la trocha.

Para salir nuevamente se debe esperar a que por lo menos cuatro personas vayan a territorio colombiano para, según los navegantes, no perder el viaje.

En medio día pueden llevar unas 30 personas y recibir alrededor de 90 mil pesos, mucho más de las ganancias que obtienen diariamente al pescar en este mismo río.

A eso de la 1:30 p.m. llega una patrulla de Policía venezolana y se riega la noticia de que José Vielma Mora, gobernador del Táchira, visitará el puente. Los viajes se cancelan y las canoas quedan estacionadas en las amarillentas aguas.