Múltiples han sido las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que se levantan en torno a los hechos ocurridos en la frontera entre Venezuela y Colombia a raíz del cierre unilateral del 20 de agosto de 2015, tras un ataque a un grupo de soldados venezolanos en el que tres de ellos resultaron heridos.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Venezuela ha negado reiteradamente que tales violaciones se hayan producido; aunque el caso de la joven Erica Moncada Higuita, quien dice haber sido torturada, agredida sexualmente mientras se encontraba bajo custodia policial y trasladada de forma arbitraria, parece demostrar lo contrario.

La Opinión ha conversado de manera exclusiva con Raiza Ramírez Pino, abogada y defensora de derechos humanos, quien tiene en sus manos el caso de esta joven colombiana acusada de ser la exconcubina de uno de los presuntos autores materiales del atentado contra los militares venezolanos.

“Fue trasladada sin orden de la jueza de la causa, a la cárcel de máxima seguridad de Uribana, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Y en aquel sitio para el momento de las primeras denuncias, la joven tenía 88 días detenida, hoy lleva siete meses, y los primeros 45 días la tuvieron recluida en un cuarto de castigo sin razón alguna, sin derecho a visita, y en una oscuridad absoluta donde perdió el sentido del tiempo, situación que la ha afectado, llevándola a tener ataques de pánico constantemente”, relató su abogada.

Los esfuerzos de La Opinión por obtener una versión oficial sobre el caso, tanto en los tribunales militares donde cursa la causa, como por parte de las autoridades castrenses, resultaron infructuosos.

Sola en Venezuela

“Erica Moncada Higuita es colombiana y se encuentra detenida, literalmente, por haber sido concubina de una persona de nombre Carlos Arango, de quien dicen es paramilitar y está señalado por un ‘patriota cooperante’, de nombre Elvin Antonio García Yepes, (también conocido como Ramón Vueltas), de ser alias El Paisa. Este último acusa a Arango de ser una de las personas que disparó contra los militares que resultaron heridos en San Antonio del Táchira, hecho que dio origen al cierre de la frontera”, explicó la abogada.

En el momento en que se realiza el cierre de la frontera toda la familia de Erica Moncada fue deportada, situación que la abogada calificó como “un acto de brutalidad extrema y xenofobia, solo por el hecho de ser de nacionalidad colombiana”.

Entre el grupo familiar deportado se encuentra la pequeña hija de Erica, de 10 años, quien es venezolana; además, la joven y sus familiares perdieron todas sus pertenencias,“que fueron destruidas por los funcionarios actuantes”, señaló Ramírez Pino, al tiempo de acotar que desde ese momento la joven se encuentra sola en Venezuela.

Tortura y violación

Erica, a pesar de ser muy delgada, ha perdido aproximadamente 10 kilos después de su detención.

La misma joven relató ante la jueza durante su audiencia de presentación que por la golpiza que le propinaron los funcionarios del Cicpc el día de la captura, se le desprendió una prótesis mamaria, lo que causaba dolores insoportables.

Posteriormente, narró a su abogada, cuando fue detenida, los funcionarios del Cicpc la golpearon salvajemente, le pusieron corriente eléctrica en los senos y la manosearon; le colocaron bolsas de plástico sobre el rostro hasta que perdió el conocimiento; “luego de uno de sus desmayos, ella sintió su cuerpo extraño, sobre todo en su zona vaginal, dándose cuenta de que había sido violada”, dijo la abogada.

Así mismo, dijo en el Tribunal que el encierro que sufrió en la celda de castigo por meses enteros a oscuras y sin dónde hacer sus necesidades fisiológicas, le causó una dermatitis visible en la piel y una infección vaginal, que nunca fue tratada por un médico, a pesar de que la jueza ordenó que la llevaran a un centro de salud.

Agregó la abogada que en el penal se corrió la voz de que la joven era paramilitar, lo que ha generado reiteradas amenazas de muerte, “tanto por parte de las otras reclusas como de los mismos funcionarios”.

A la espera de juicio

La causa seguida a Erica Moncada es llevada por la Fiscalía Militar Trigésima Sexta de San Antonio del Táchira, y por el Tribunal Único de Juicio Militar de los Tribunales Militares con sede en San Cristóbal. Hasta la presente no ha sido trasladada a la audiencia preliminar, a pesar de todas las gestiones que ha realizado la jueza militar.

Según la versión aportada por la abogada, el propio director de la cárcel de Uribana ha manifestado su preocupación sobre el estado mental y físico de la joven.

“Fui atendida por el director del penal, de nombre Wilson Gelvez, quien me refirió de viva voz que con Erica existía un problema delicado pues está afectada psicológicamente, casi no habla y se aísla de la población reclusa; prácticamente no come nada, está casi anoréxica; esto motivó que la supervisaran y la obligaran a comer”, subrayó.

El caso de Erica está en conocimiento de las autoridades consulares de Colombia, tanto en San Cristóbal como en Barquisimeto. Estas han realizado diligencias diplomáticas para que el gobierno venezolano ordene el traslado de la joven a su centro de reclusión originario en el anexo femenino del Centro Penitenciario de occidente, en Táchira.

Se espera que con ello cesen las violaciones al debido proceso por retardo procesal, y se le restablezca el derecho a tener comunicación con su defensora y con su familia, así como a las visitas, que actualmente tiene prohibidas. Adicionalmente, exigen se investigue la tortura a la cual fue y sigue siendo sometida esta joven colombiana, encarcelada en Venezuela.