Familiares de los reclusos que se encontraban en el Cuartel de Prisiones de Politáchira durante el motín que allí se mantuvo por espacio de un mes, denunciaron una serie de agresiones, asesinatos, violaciones y actos de canibalismo, como parte de lo que sus seres queridos vivieron al interior de la sede policial.

“Aquí violaron a detenidos de Politáchira, les amputaron sus dedos, mataron a por lo menos dos muchachos. Los cortaron en pedazos y se los dieron a todos los detenidos para que se los comieran”, denunció Juan Carlos Herrera, padre de un joven, quien lleva su mismo nombre, y es uno de los desaparecidos durante el motín.

Según su relato, a su hijo lo apuñalaron para que se desangrara, lo descuartizaron y así lo hicieron también con otro joven. Dijo que su mayor dolor era no poder tener nada para hacer un funeral, porque no dejaron nada del cuerpo.

De acuerdo a la versión suministrada por los familiares, los desaparecidos serían los reclusos Juan Carlos Herrera, Anthony Kelvin Correa y probablemente un tercer prisionero, cuya identidad no se ha establecido con certeza.

El diputado Franklin Duarte, miembro de la subcomisión especial conformada en la Asamblea Nacional para dar seguimiento a este caso, confirmó que un total de cuatro detenidos sufrieron amputaciones en los dedos de sus manos, fractura en los brazos y otros fueron apuñalados.

En la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se adelantan experticias a algunos restos humanos hallados al interior de los calabozos de Politáchira, para determinar su identidad.

El padre de Juan Carlos agregó que algunos reclusos resultaron heridos y lesionados cuando se resistieron a comer la carne de su hijo y del otro joven asesinado. 

“A ellos les dieron martillazos en la cabeza, en los brazos y los cortaron hasta que accedieron a comerse primero al otro muchacho y después a mi hijo”, dijo.

El hombre denunció además que los organizadores del motín enviaron a su casa a algunos emisarios, quienes intentaron despojarlo de un vehículo. 

“Yo fui objeto de persecución, pues llegaron a mi casa a quitarme un carro, pero no lo entregué hasta que me dejaran oír la voz de Juan Carlos. No pude hablar con mi hijo la noche del viernes y me dijeron que la madrugada  del sábado empezaron a arremeter contra él, entre más de 40 detenidos”, aseguró.

Hace días

Según la versión de Herrera, la matanza se habría producido hace más de una semana y asegura que no acudió antes a formalizar la denuncia, porque había amenazas de que los asesinatos serían masivos, si la situación salía a la luz. 

“Para evitarle este dolor al resto de los familiares y proteger la vida de esos muchachos, preferí callar la muerte de mi hijo hasta que toda la situación se solucionara. Además,  tenía la esperanza de que no fuera cierto y que mi hijo saliera de allí bien”, explicó al tiempo de señalar que teme por su vida.

El diputado Duarte destacó que exigió a la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado Táchira una medida de protección para la familia Herrera, quienes han sido intimidados y extorsionados en su residencia, por parte de emisarios de los líderes del motín.

El funcionario enfatizó que sobre toda la situación se está levantando un informe que será debatido en la Asamblea Nacional y luego elevado desde allí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que lo sucedido en los calabozos de Politáchira califica como delito de lesa humanidad.

Corrupción y política

El padre de Juan Carlos Herrera lamentó que la situación no se resolvió en el corto plazo por “diferencias personales” entre la Ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela y el gobernador del Táchira, José Vielma Mora.

El papá aseguró tener grabaciones donde fue extorsionado por la Policía del Táchira, con más de 200 mil bolívares, y pagó para que dejaran a su hijo en una celda de menor peligrosidad. Además, denunció   corrupción de los directivos del organismo policial, entre ellos de apellidos Escalante y Rubio.

“Varios funcionarios empezaron a recibir dinero para pasar drogas, licor, armas. Por la visita de los niños cobraban 10 mil bolívares y por la visita conyugal. Escalante cobraba 10 mil y después Rubio la subió a 15 mil. Esos abusos fueron los que dispararon el motín”, apuntó Herrera al tiempo de exigir la inmediata destitución de los funcionarios involucrados.

Traslados

El diputado Duarte rechazó que durante el motín y una vez superada la situación, más de un centenar de reclusos fueron traslados a comisarías policiales del interior del estado, “enviando personas de alta peligrosidad a instalaciones policiales no acordes para su custodia y además obligando a destinar mayor número de efectivos policiales a custodiarlos, dejando desprotegidas a las poblaciones del Táchira”.

La Opinión intentó obtener la versión de las autoridades a través del Comisionado de Seguridad, Ramón Cabeza, cuya oficina de prensa anunció que el funcionario dará declaraciones hasta hoy.