Este 19 de agosto se cumplirán cuatro años del cierre total de frontera que ordenara de forma unilateral el presidente venezolano Nicolás Maduro en 2015 y que trajo consigo una serie de acontecimientos económicos y sociales, que han trastocado la cotidianidad de los habitantes de San Antonio y Ureña, así como de Villa del Rosario y Cúcuta, entre otras zonas de ambos países. 

Desde entonces muchas cosas han pasado, entre ellas una reapertura parcial del tránsito binacional, que se reduce ahora a un paso peatonal por los puentes internacionales de San Antonio, Ureña y Orope, en horario restringido y que a juicio de diversas personalidades, ligadas al quehacer fronterizo, no es suficiente para sostener la dinámica fronteriza que exige esta franja binacional.

Wladimir Tovar, director de asuntos fronterizos y comercio exterior de Fedecámaras Táchira, destacó que los sectores productivos que hacen vida en la frontera entre Táchira y Norte de Santander han venido haciendo una solicitud permanente de que sean reabiertos de forma total los pasos fronterizos. “Es necesario que se dinamice la frontera y comencemos a corregir los errores que se han cometido en el desarrollo y ejecución de políticas públicas, que se han convertido en grandes elementos de crisis para la frontera”, apuntó.

Cuando en 2016, tras un año de cierre total, se restableció parcialmente el paso, se estableció un horario especial para el paso de mercancías, lo que representaba un pequeño alivio a la fuerte presión económica que la paralización total del comercio binacional mantenía sobre toda la zona de frontera.

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Sin embargo, actualmente y desde hace ya casi un año, desde septiembre de 2018, no hay paso de mercancías ni ningún tipo de actividad comercial en las aduanas de San Antonio y Ureña,  y por lo tanto no hay operatividad en los pasos fronterizos formales, que permita que la actividad empresarial que hay en frontera se pueda desarrollar en las mejores condiciones.

El sector aduanero, y el de transporte de carga pesada, son los más afectados por esta paralización. “Son no menos de 100 empresas que están adscritas a la administración aduanera, entre agencias de aduanas, almacenadoras y  transporte de carga internacional que siempre se han dedicado a atender la demanda del comercio bilateral”, precisó Tovar.

El impacto de esta paralización afecta a unas ocho mil personas, que en la zona fronteriza del Táchira dependen de la actividad vinculada al transporte de carga internacional y que en la actualidad están prácticamente a la deriva debido a la prolongada suspensión de sus actividades laborales.

Pero las repercusiones de este cierre total no fueron solo económicas, también de tipo social, pues incluyeron la concreción de crímenes de lesa humanidad contra un gran número de familias que fueron expulsadas de sus hogares y del país. Y, para quienes requieren pasar a Colombia a subsanar carencias personales o familiares, producto de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

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Datos de la empresa Consultores 21 señalan que a junio de 2019, 49% de las familias venezolanas tienen al menos un miembro fuera del país, y de ellas el 72% sostiene que sus familiares le ayuda con remesas, en promedio de unos 40 dólares mensuales.

Según el catedrático y experto en fronteras, Francisco Sánchez, la mayoría de ellos van a Cúcuta para poder hacer efectivas esas remesas, lo que indica que el cierre de fronteras (parcial o total) afecta directamente a los venezolanos, incluso más allá de la franja fronteriza. Lo mismo sucede, agrega, con quienes deben buscar en Colombia medicinas o asistencia médica que no están disponibles en Venezuela.

En este marco se constituyó el Comité de Derechos Humanos Sin Fronteras, integrado por expertos de diversas universidades, representantes de la sociedad civil, organizaciones empresariales e incluso los colegios de abogados de Táchira y Norte de Santander, y encabezado por el exdiputado venezolano Walter Márquez.

Este comité ha organizado una serie de actividades con motivo de este cuarto aniversario del cierre total de frontera, comenzando desde el lunes 12 de agosto con un simposio en San Cristóbal sobre  “Las deportaciones masivas del sector La Invasión como crimen de lesa humanidad”, a cargo del profesor Francisco Sánchez. 

Después, el día 15 de agosto, en Cúcuta, habrá  un Simposio Internacional On Line con la participación de expertos de Colombia, Estados Unidos, España y Venezuela, para analizar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Así mismo, tanto del lado colombiano como venezolano del Puente Internacional Simón Bolívar, los días 18 y 19 se tienen previstos eventos de calle, para exigir la reapertura total de los pasos binacionales formales, la reactivación del comercio fronterizo y el respeto a los derechos humanos en la frontera colombo venezolana.