Las dificultades que afronta el departamento por las condiciones de la frontera podrían ser peores, según estimó el Defensor del pueblo, Jorge Villamizar, quien afirmó que “sin inversión social para resolver los problemas será difícil salir de esta crisis”.

Para el funcionario, decisiones como la declaratoria de la emergencia de salud (que en parte se origina en la atención masiva a pacientes venezolanos) “es una situación de la que se viene hablando hace más de cinco meses, y debió decidirse antes”.

“No se han visto soluciones concretas para ese problema y es delicado”, dijo. 

Según Villamizar, la frontera preocupa a la Defensoría en la medida en que tampoco se ha definido qué hacer con quienes ya se establecieron en el territorio.

“Sin empleo, sin proyectos productivos, vamos a tener un buen número de población cesante que no sabemos a qué se va a dedicar”, agregó.

Por ello, uno de los temores es que se incremente la delincuencia, o que los nuevos habitantes se dediquen a actividades ilícitas, como el cultivo y cosecha de coca, por ejemplo. 

Señaló que además del apoyo del Gobierno Nacional con financiación, se requiere que las autoridades del departamento, especialmente el gobernador, sean más contundentes para tomar decisiones.

“En vista de que la apertura de frontera se dio por el orden nacional, quien debería solucionar los inconvenientes es el Gobierno Nacional”, dijo. “No tenemos por qué cubrir nosotros esas condiciones adversas; la solución la debe dar la Nación”.

Agregó que decisiones como el crédito que prevé solicitar el gobernador tampoco es una solución para apoyar la salud, “porque son recursos que no llegaron a nosotros, y por los que terminaremos pagando”.

La Opinión