“El contrabando no es nuevo, toda la vida ha existido el contrabando en la frontera y aquí todo el mundo vive es de eso. Antes de que yo naciera, y antes de que existiera el Puente Simón Bolívar, el contrabando pasaba el río Táchira en canoa; pero esos eran otros tiempos”. Así resumió el problema el sexagenario José Luis Molina, habitante del municipio Pedro María Ureña, en la frontera venezolana.
 
Y es que aunque ciertamente el problema del contrabando es tan antiguo como la frontera misma, el cierre del paso binacional que se prolongó por todo un año entre Agosto de 2015 y Agosto de 2016, trajo consigo el colapso del comercio formal y de la producción industrial en los municipios fronterizos de San Antonio y Ureña, alguna vez considerados el epicentro de la mayor actividad de intercambio comercial de toda Latinoamérica.
 
Ello, aunado a la profunda crisis económica y social que durante los últimos años enfrenta Venezuela, han convertido al contrabando en el motor que mueve la economía en la frontera venezolana, donde autoridades locales y nacionales han reconocido un incremento en los niveles de ilegalidad en los municipios fronterizos de San Antonio y Ureña, así como la existencia de organizaciones criminales armadas dedicadas, entre otras cosas, al tráfico ilegal de mercancías.
 
La gasolina

Así las cosas, quizás el producto más apetecido de este comercio ilícito es el combustible, cuyos precios han estado históricamente subsidiados por la economía petrolera venezolana, pero que en la actualidad, frente al diferencial cambiario en relación a los costos de los carburantes en Colombia, ofrece una forma de obtener dinero rápido y abundante a quienes se dedican a su comercio ilegal.
 
Una pimpina de 20 litros de combustible venezolano, que en la actualidad tiene un costo de un bolívar soberano, tiene un precio en el mercado negro colombiano de aproximadamente 25 mil pesos, que equivalen a mil quinientos bolívares soberanos, lo que representa una jugosa ganancia, a cambio de una casi nula inversión.
 
La situación es tan evidente, que recientemente el gobierno venezolano ha anunciado la aplicación de precios internacionales (libres de subsidio) al combustible que se expende en 43 municipios fronterizos y la implementación de un Plan Piloto de control a través del uso del llamado “carnet de la patria”, un documento digital mediante el cual se llevará –entre otras cosas- registro sobre quién, cómo y cuándo consume combustible en cualquier parte del territorio venezolano, así como la cantidad de litros adquiridos por su portador; todo ello con ánimo de frenar el contrabando de combustible a través de la frontera.
 
Restricciones

Sobre éste particular, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, consideró que la medida, lejos de minimizar la venta ilegal de combustibles, contribuirá a incrementarla, e hizo un llamado de “conciencia gubernamental” al presidente Nicolás Maduro y su gabinetes, asegurando que “la implementación de políticas públicas condicionantes en el expendio de combustible, en un estado fronterizo, incrementa las actividades ilícitas en beneficio de unos pocos”.
 
Manuel Arenas, vecino de San Antonio del Táchira, estimó que las medidas anunciadas por Maduro, sumadas a las restricciones en la venta de combustible en los territorios fronterizos, contribuirán a incrementar la inseguridad y la ilegalidad.

“Esta es una frontera donde toda la vida ha existido el contrabando… El 90% de la población vive del contrabando, y no sólo de combustible, sino de cualquier producto que represente ganancia; y si mañana no se puede pasar gasolina, será, cobre, o arroz, o cualquier otra cosa, porque ese se convirtió casi en el único modo de vida de estos pueblos de frontera”.