Colombianos retornados de Venezuela, que actualmente se encuentran en Norte de Santander y están inscritos en el Registro Único de Retornados (RUR) –un instrumento para incluirlos en las políticas de emprendimiento y de gestión de desarrollo de los entes gubernamentales–, manifestaron sentirse desatendidos por parte de la Cancillería de Colombia.

María Angélica González es cucuteña y tiene su RUR. Hace un año llenó el formulario y recibió un correo de la entidad confirmando su inscripción; pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“No me han dado ningún tipo de ayuda. Me mantenía con el comercio informal y desde que nos mandaron a la casa por la pandemia, he pasado muchas calamidades para sostener a mis dos hijos”, relató la madre soltera.

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Como González, otros retornados están en las mismas circunstancias. Lilia Ramírez vive en Cúcuta desde hace un año, hizo la solicitud ante la Cancillería y espera el apoyo para comenzar su vida.

“Somos una familia de cuatro personas. En estos momentos de la epidemia, el Gobierno ha dado colaboraciones y no he salido beneficiada en ninguna y soy colombiana. Estamos en malas condiciones y no sabemos a quién más acudir”, expresó Ramírez.

Hasta el momento, el RUR cuenta con 20 mil colombianos registrados, en su mayoría provenientes de Venezuela. Según la Gobernación del Norte de Santander, la cifra de retornados en el departamento es de 8 a 10 mil connacionales.

¿Qué dice la normativa?

La Ley 1565 de 2012, conocida como Ley Retorno, ofrece el acompañamiento en ciertos aspectos como exención de los tributos por el pago de importación de sus bienes y dinero reunido en el exterior. 

Entre los cuatro tipos de regreso se encuentra el retorno humanitario, la más solicitada. El colombiano la pide “por alguna situación de fuerza mayor o causas especiales”, como “aquellas que pongan en riesgo su integridad física, social, económica o personal, así como el abandono o muerte de familiares radicados con él en el exterior”.

Wilander Patiño, quien regresó a Villa del Rosario, se acogió al retorno humanitario, luego de vivir dos años en Ecuador. Hoy está desempleado y confinado en su casa por la pandemia.

“Hace mes y medio llegué a Colombia y quedé atrapado por la cuarentena, estoy sin trabajo y no he recibido ayuda de ninguna autoridad”, dijo el joven. Como él existen situaciones similares, que no están dentro del lapso establecido por la normativa y se sienten “desprotegidos” por el fenómeno de la COVID-19, sin nadie a quien acudir. Se preguntan si serán tomados en cuenta dentro de las ayudas sociales.

No hay asignación económica

Jesús Elí Contreras, asesor regional del programa Colombia Nos Une –creado por la Cancillería para atender a los retornados colombianos– mencionó que muchos connacionales malinterpretan los incentivos tributarios de la Ley Retorno como ayudas económicas o humanitarias del Gobierno.  

“Si el ciudadano vive en Estados Unidos y quiere volver al país con su dinero, sus instrumentos de empresa, o menaje, puede acogerse a la Ley y si es aceptado, puede traerlo al país sin ningún problema, pero la Ley no estipula una asignación económica”, explicó el funcionario.  

Contreras resaltó que el programa “se encarga de orientar a los retornados en la obtención de un cupo escolar, en la búsqueda de empleo a través del Sena, pero dicha vacante solo será aprobada por la empresa”.  

El asesor informó que otra manera de ayudar a los retornados humanitarios es a través de los proyectos de emprendimientos, los cuales se efectúan con agencias y cooperantes como la Cruz Roja, Consejo Noruego, OIM, World Vision, en donde a través de una convocatoria de entre 20 y 40 personas se seleccionan a los posibles beneficiados.

Aclaró que la Ley no contempla tiquetes y viáticos para el traslado hasta el territorio nacional;  manutención, acceso preferencial al subsidio de salud  y de vivienda, ni becas de educación superior.

Antes de la pandemia, Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, mencionó que dentro de su gestión atenderán el flujo de retorno a través de la identificación, caracterización y la inclusión de los retornados en un banco de proyectos.

Bautista sostuvo que facilitarán las condiciones para que los retornados puedan ayudar a sus parejas e hijos con su estatus migratorio, ya que el gobierno es garante del derecho a la unidad familiar.

Los retornados que buscan apoyo y están inscritos en el Sisbén pueden revisar si fueron beneficiados con el programa Ingreso Solidario, con el que las familias vulnerables o en pobreza recibirán una asignación monetaria de 160.000 pesos. También pueden consultar los otros planes de atención como Adulto Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.