El gobierno de Colombia atendía este lunes el "drama humanitario" por la deportación de cientos de ciudadanos desde Venezuela en los últimos días, en el marco del estado de excepción decretado por Caracas y que mantiene cerrada una parte de la frontera binacional.
       
Desde la ciudad de Cúcuta, unos 600 kilómetros al noreste de Bogotá, los ministros de Interior, Juan Fernando Cristo, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, seguían personalmente la situación y recorrían esa conflictiva zona del departamento de Norte de Santander para reunirse con decenas de deportados.
       
"Es un drama social (...) es un drama humanitario que estamos atendiendo aquí en Cúcuta", dijo Cristo en rueda de prensa desde esa ciudad, donde las autoridades buscaban responder a los casos de cientos de colombianos deportados, la mayoría por supuestas irregularidades migratorias y sin sus familias ni sus bienes.
       
Según un comunicado oficial, firmado por el presidente Juan Manuel Santos, en Cúcuta se instaló un "Centro de Mando Unificado" para "velar por los derechos de los colombianos que han sido deportados, agilizar la reunificación familiar y mantener informada a la población".
       
Santos, que dijo haber apostado por "el camino del diálogo y la diplomacia" ante esta crisis, se refirió al tema con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, según dijo este último tras reunirse con el mandatario en Bogotá.
       
Más de 1.000 colombianos han sido deportados desde que entró en vigor el viernes pasado un estado de excepción de 60 días decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en un sector de la frontera binacional, según informó este lunes José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Norte de Santander.
       
Maduro adoptó la medida tras un ataque de desconocidos que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos, durante una operación contra el contrabando en la ciudad de San Antonio del Táchira.
       
El mandatario venezolano sostiene que en el lucrativo contrabando en la zona limítrofe están implicados paramilitares que, aliados con la "derecha" local, buscan desestabilizar su gobierno.
       
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, donde las autoridades de ambos países denuncian la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.

*AFP