La denuncia fue hecha por Juan Carlos Rodríguez Muñoz, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), quien aseguró que dicho cobro lo viene efectuando la guardia de Venezuela desde mucho antes del cierre de la frontera decretado por el gobierno venezolano el pasado 19 de agosto. 

Sobre el número de casos, el dirigente gremial no se atrevió a dar una cifra, pero manifestó que por el cierre de la frontera el sector pierde $750.000 millones semanales. 

El vocero indicó que 210.000 toneladas de carbón aún están represadas en las minas de Norte de Santander y cerca de 303 vehículos venezolanos, de propiedad de colombianos, están varados en el país vecino desde hace mes y medio. 

Las declaraciones las dio el presidente de Colfecar en la antesala del Congreso Internacional de Transporte de Carga y su Logística   que se desarrolla en Cartagena.

Según Rodríguez, esta situación ya se puso en conocimiento del Gobierno colombiano para que se tomen cartas en el asunto, pero que hasta el momento no se ha tenido una respuesta positiva. 

Nacionalizar volquetas 

Leonardo Méndez, director de Colfecar en Norte de Santander,  informó que el gremio  solicitará al Gobierno  la nacionalización de los vehículos paralizados  en Venezuela tras el cierre de la frontera, que tienen placas venezolanas, pero cuyos dueños son colombianos, y la mayoría de ellos dedicados al transporte de carbón.   

El representante regional de Colfecar aseguró que estos camiones se pueden sumar a la distribución del carbón por la ruta Norte de Santander- Ocaña y Puerto Gamarra y Capulco. 

Indicó además que los costos operativos para el transporte del mineral aún son muy altos, a pesar de la reducción al precio del combustible y los peajes.
 
Transporte férreo

El Gobierno Nacional emitió un decreto que complementa la reglamentación requerida por las empresas carboneras para facilitar la evacuación del carbón usando la vía férrea. 

El decreto 1977 del 6 de octubre de 2015, autoriza una medida temporal y excepcional para que los puertos de servicio privado de la Costa del Caribe permitan la movilización del carbón  mientras permanezca cerrada la frontera con la República Bolivariana de Venezuela y por el término en que se prolonguen sus efectos.

El documento también indica que la tarifa por uso de las instalaciones de los puertos privados se sujetará a lo dispuesto entre los puertos de servicio público y las empresas de carbón.