Mientras algunos alcaldes de los municipios fronterizos declaran que el estado de excepción generó crisis que antes no existían, otros aseguran que los conflictos por el contrabando y otros fenómenos sociales cesaron y el cambio ha sido positivo.

Así se demostró ayer, durante el encuentro de municipios fronterizos que se efectuó en Cúcuta y que evidenció la disparidad entre algunas las localidades, tras 40 días que hoy cumple el estado de excepción.

Por ejemplo, en Pamplona, el alcalde Carlos Arturo Bustos, reiteró la necesidad de que este municipio sea cobijado con la exención del Iva, por el desequilibrio comercial que deja el decreto 1770.

“El comercio en Pamplona ha enfrentado el contrabando y es incomprensible que, ahora, con las medidas de beneficio sean los mismos comerciantes legalmente constituidos los que tengan que pelear contra ellas”, dijo.

En este sentido, Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, declaró que si bien las decisiones del Gobierno Nacional sirven para contrarrestar las “medidas absurdas” del gobierno venezolano, hay que resolver los problemas internos.

“Sin querer, se promociona otro tipo de contrabando, ya no de un país a otro, sino de un municipio a otro”, comentó.

Por su parte, el alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos, indicó que uno de los mayores inconvenientes de su jurisdicción se da con la baja en el suministro de combustible y la afectación económica.

Así mismo enfatizó en la crisis que afrontan los indios wayúu “que no reconocen frontera y solo comprenden que hay un gran territorio ancestral”.

Los optimistas

Pese a las dificultades, el director de la Federación destacó casos como el de Arauca, donde el cierre de la frontera incrementó el consumo interno de carne, cuyo contrabando cesó.

Jhon Jairo Alonso, alcalde de Cubará, manifestó que en su zona solo se han recibido 14 familias retornadas voluntariamente, que ya están ubicadas con sus allegados.

Sin embargo sí pidió que se preste atención a la deteriorada vía de la Soberanía que une a Arauca, Boyacá y Norte de Santander, pues de 9 horas que antes gastaba en llegar a Cúcuta, se tardó 14, por los estragos que causó la reciente temporada de lluvias.

También solicitó reabastecimiento de gasolina e incremento del cupo, dado que su pueblo solo tiene dos estaciones de servicio cuyo desabastecimiento afectaría, en principio, las rutas escolares.

En el caso de Cúcuta, el alcalde Donamaris Ramírez, dijo que en este momento los municipios y departamentos fronterizos deben esbozar las alternativas para lo que será la “era post Maduro”.

“Venezuela está ahí y ahí seguirá, pero es importante que entendamos que ni ahora ni cuando regrese al vigor que alguna vez tuvo volvamos a depender de su economía”, señaló.

Igualmente, dijo compartir las afirmaciones de la canciller María Ángela Holguín, sobre terminar la dependencia con Venezuela, pero pidió reglas claras y normas que se cumplan.

En próximos días los alcaldes deberán emitir un documento que integre cifras, resultados, inconvenientes y aciertos de la crisis fronteriza.

Este será enviado al próximo consejo de ministros con el fin de lograr que el apoyo a las regiones sea más efectivo y sirva no solo para los meses que quedan, sino para los mandatarios que llegarán a partir de 2016.

Así mismo, el director de la Federación instó a los alcaldes para que desarrollen estrategias que garanticen la vida y la subsistencia con base en sus propias capacidades.

Deportados llegan a Interferias

Durante la sesión de ayer se presentaron las cifras de atención por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se anunció que todas las personas distribuidas en los albergues temporales están reunidas en lo que denominan el ‘mega albergue’ de Interferias.

Según Norela Arenas, coordinadora del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, son más de mil personas las que se reubicarán allí, en un espacio que cuenta con zona de atención para niños, baños, suministro de agua, así como el acompañamiento de las entidades de Gobierno para lograr que los afectados retornen a sus lugares de origen, o sean beneficiarios de los subsidios.

Además, Arenas manifestó que, a la fecha, se han invertido 1.660 millones de pesos en 2.216 contratos de arrendamiento, y presentó cifras de deportados, expulsados y repatriados en La Guajira, con 2.401 personas; Arauca, 936, y Vichada, con 26 ciudadanos.

Entre tanto, Orlando Puentes, personero de Cúcuta expresó que aunque la gestión ha sido organizada desde esta región falta información para los mandatarios del interior del país quienes, afirmó, no están atendiendo a los afectados por la crisis.

Al respecto, Arenas respondió que el sistema nacional de atención está activo y que se cuenta con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) que tienen a su cargo un máximo de 20 familias en todo el país.