La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) visitó el jueves el puente internacional Simón Bolívar, en el sector La Parada del municipio Villa del Rosario, para vivir en ‘carne propia’ el diario que afrontan los 45.000 inmigrantes venezolanos y retornados colombianos, que cruzan por esta zona en busca de una salida para abastecerse de alimentos o por atención médica. 

En medio de promesas de trabajo por sus derechos y apretones de mano, la presidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena, arribó al lugar, donde afirmó que “Maduro tiene una responsabilidad con su pueblo”.

Asimismo, aseguró que siempre se debe conservar la esperanza de una solución efectiva para la comunidad venezolana, en especial para la niñez.

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La presidenta Arosemena estuvo acompañada por la comisionada Julissa Mantilla Falcón y el secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, y como anfitrión, el secretario de fronteras Víctor Bautista, y cooperación internacional, los guío durante el recorrido.

Los transeúntes aprovecharon para hacer un llamado de auxilio a los funcionarios del CIDH, manifestando que el pueblo sufría de hambre y que requerían de manera urgente ayudas humanitarias.

Reafirmar confianza

Arosemena fue contundente al enfatizarse en que el CIDH solo pretende sostener la confianza con el pueblo inmigrante, además de asegurar que estarán monitoreando la actividad de la frontera y la situación que viven al interior del país venezolano.

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“Escucharemos a los que representan las víctimas y organizaciones de sociedad civil ya que es para nosotros una verdadera oportunidad. Agradezco al estado colombiano por facilitarnos la llegada”, dijo.

A su vez se mostró impotente al no poder ingresar al territorio de Venezuela debido a que les fue negada la entrada antes de abordar el vuelo que tenían programado directo a Caracas, por orden del gobierno de Nicolás Maduro.

“Estas negativas son respuestas de negación a su mismo pueblo por un derecho que reclaman. Se trata del derecho que tienen a contar con un organismo internacional que les abre la posibilidad de expresarse”, dijo

De igual forma puntualizó Arosemena, presidenta de la comisión, que el gobierno venezolano se niega a aceptar el escrutinio popular y dejar el poder. “Si no tienen nada que esconder ¿por qué no nos dejaron ir a ver?”, se cuestionó públicamente.

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No callaron

En horas de la tarde la comisión se reunió con las víctimas de violación de derechos humanos, inmigrantes venezolanos, colombianos retornados y población de acogida para escuchar las denuncias que tenían.

Crímenes, desapariciones forzadas, explotación laboral, inflación, baja seguridad y abuso de autoridad fueron algunas acusaciones que se hicieron en medio de la actividad, donde se pidió apoyo e intervención del CIDH para controlar y de alguna manera mediar los actos de impunidad que ocurren en Venezuela.

La Fundación El Amparo que funciona en San Cristóbal, Estado Táchira, estuvo presente a través de su representante el exdiputado venezolano Walter Márquez quien no guardó silencio y dijo que se han encargado de documentar casos enviados a la Corte Penal Internacional por la responsabilidad del presidente Maduro.

“También estamos solicitando que investiguen las causas y consecuencias del cierre arbitrario de frontera y los daños colaterales que se causaron”, puntualizó.