Más de dos meses de invasión del espacio público frente al Centro de Migraciones acabaron con la paciencia de los vecinos del barrio Pescadero, que llamaron la atención del alcalde César Rojas, para que haga desalojar la vía.  

En el lugar permanecen 20 adultos y 24 niños deportados por Venezuela, que aseguran vivir en la miseria luego de que destruyeron sus viviendas en el vecino país.

Kelly Johanna Jaimes, madre de dos niños de 8 y 3 años, dice que no tienen qué comer y que desde que los sacaron del Centro de Migraciones, en la calle han tenido que hacer sus necesidades fisiológicas, dormir y esperar la ayuda del gobierno.

La mujer pide dinero a los conductores  de autos y de motos que transitan por  el canal Bogotá, que les arrojan billetes y monedas. Otros llevan pan, aceite y alimentos, conmovidos por la presencia de niños.

Rosa Quintero lleva un listado con los nombres de todas las personas que viven en 16 cambuches acomodados en los andenes del centro de migraciones y algunas casas.

Quintero dijo que del sitio no se van si no reciben un trabajo donde les paguen un salario mínimo y un terreno o una vivienda para vivir dignamente.

Precisaron que antes eran 24 familias, pero que la exalcaldesa María Eugenia Riascos ofreció una casa de albergue para unas personas, pero ellos quieren soluciones urgentes.

Los deportados dijeron que están siendo asesorados por profesionales de la Universidad Libre y que han interpuesto 14 acciones judiciales contra el alcalde.

“Tenemos a una señora que tiene desprendida la matriz y es mamá de 4 hijos, estuvo tirada aquí sin recibir servicios de salud”, comentaron los deportados.

‘No quieren aceptar trabajo’

Una comisión de la Alcaldía, integrada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio José Franco, y de Gobierno, Óscar Gerardino, visitaron a los deportados y advirtieron que deben desalojar el espacio público.

Franco insinuó que hay personas que quieren aprovechar la situación y la buena voluntad del Gobierno, que hizo una oferta educativa, afiliación al sisben, salud y trabajo, pero ahora piden casa o un lote.

“El Departamento de la Prosperidad Social (DPS) les va a dar empleo temporal a 518 personas y se les ofreció a los deportados, pero no aceptaron”, dijo.

Franco dijo que puede ser cierto que el pago del subsidio de vivienda no es suficiente, pero que es lo que ofrece el gobierno nacional y que si ellos no aceptan el trabajo, hay otros cucuteños que sí lo aceptan.

En los próximos días se hará una nueva jornada con cada una de las dependencias e instituciones que deben mediar, sin embargo, Gerardino aclaró que el gobierno nacional aclaró que estas personas ya recibieron ayudas.

*La Opinión