Nicolás Maduro y José Gregorio Vielma Mora fueron acusados penalmente ante el Ministerio Público venezolano por crímenes de lesa humanidad, debido al cierre de fronteras y al estado de excepción impuestos en el Táchira. El señalamiento involucra también a varios miembros del alto mando militar venezolano.  

“La denuncia es por abuso de poder, violación de tratados internacionales, crímenes de lesa humanidad y asociación para delinquir con motivo del cierre de la frontera y declaratoria del estado de excepción, en virtud que el primer mandatario nacional carece de facultades para cerrar fronteras.  Desde el punto de vista constitucional únicamente puede restringir garantías y reglamentar el ejercicio de los artículos constitucionales que hayan sido restringidos”, explicó el parlamentario tachirense.

Explicó Márquez que el pasado 19 de agosto, el presidente venezolano Nicolás Maduro dio una orden verbal de cerrar las fronteras, lo cual constituiría una violación al debido proceso constitucional.

“Posteriormente, el 21 de agosto firmó un decreto de estado de excepción que fue publicado el día 24, y en el ese lapso procedieron a hacer desalojos, destrucción de viviendas deportaciones y traslados forzosos”, enumeró, indicando que todo ello se encuentra tipificado como crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El legislador informó, asimismo, que se destruyeron 237 viviendas, violando el debido proceso que establece la ley especial promulgada por el presidente Hugo Chávez sobre el desalojo forzoso de inmuebles. “Igualmente, se deportaron más de 1500 colombianos, violando el debido proceso administrativo que contempla la Ley de Migración y Extranjería y se violó también el Tratado de Tonchalá y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Instancias internacionales

Para el parlamentario, el hecho de que la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia hayan avalado los decretos de estados de excepción  no le confieren legalidad, porque según afirma, incluso en estados de excepción no se puede suspender ni el debido proceso ni el principio de legalidad.

“Sabemos que los poderes públicos están secuestrados y, precisamente, por eso vamos a ir a la Corte Penal Internacional en la Haya, Holanda, con un equipo de abogados en el Táchira y con otro equipo en Caracas, que coordina Rafael Veloz, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados”, anunció el antiguo embajador, que cuentan con suficiente documentación probatoria y alegatos  para recurrir a las instancias nacionales e internacionales correspondientes.

Se conoció que la medida introducida involucra también a los generales Vladimir Padrino López, titular de la Defensa; al comandante de la Zodi-Táchira, José Morantes Torres; al jefe de la Redi, Efraín Velásquez Lugo; al General Carlos Martínez de la Zona 1  y también a los ministros responsables de haber suscrito el estado de excepción.

“Nos reservamos el derecho a seguir ampliando estas denuncias porque de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución es responsable desde el presidente de la República, que dio la orden del  cierre de la frontera, hasta el último soldado que la cumplió,”, dijo.

El legislador aseveró que la Constitución venezolana establece dos requisitos para decretar estado de excepción: primero, que se trate de hechos que comprometan la seguridad de la nación “y eso no ocurrió en el Táchira”.

Aseguró que lo acontecido en la entidad son delitos comunes, como el contrabando y el paramilitarismo. “Por otra parte, se requiere que sean hechos para los cuales resulten insuficientes las facultades presidenciales disponibles”, dijo, alegando que el jefe de Estado en Venezuela cuenta con la Ley Habilitante y otras leyes especiales.

Mientras, la crisis empeora…

Subrayó que la grave situación económica en el Táchira ha derivado en una crisis humanitaria. “En San Antonio del Táchira y  Ureña, especialmente, hay 7640 empresas, tanto comercios como industrias, que están a punto de quebrar”.

Márquez insistió en que ya cesaron las causas bajo las cuales el Ejecutivo de Miraflores decidió adoptar el estado de excepción. “El propio Vielma Mora declaró que habían disminuido en 99 %  los delitos fronterizos en Táchira; si invocan el problema de las casas de cambio, estas fueron cerradas; y el dólar alternativo, cuando se emitió el decreto de cierre de las fronteras, estaba en 675, ubicándose ahora en 830”.

“Esta es una estrategia eminentemente electoral con un ventajismo para el Gobierno y en detrimento de los sectores democráticos. El Ejecutivo fracasó rotundamente en su políticas económicas en el país  y ahora está recurriendo a las fronteras como un argumento para escurrir su responsabilidad frente a la crisis.” destacó el declarante.

Sobre la presencia del paramilitarismo y de grupos guerrilleros en la frontera - las FARC, los “helenos”  ELN o disidentes de esos grupos -,  precisó que “es público y notorio que, incluso, Timochenko, el máximo comandante de la guerrilla, fue trasladado en un avión de Pdvsa a  La Habana, lo cual significa que el Gobierno está en “conchupancia” con las  FARC”.

“El Gobierno tiene una “para-sicosis”: es decir, todo lo que ocurre en el país se lo atribuyen al paramilitarismo”, ironizó.

“Hay complicidad con los irregulares;  el Gobierno está vinculado al narcotráfico y a la guerrilla. El caso de Walid Makled, que señaló que habían 40 generales en su nómina; el propio gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, ha sido el enlace con  la guerrilla colombiana y eso no lo investigan”, prosiguió, citando casos relevantes.

“Este es un gobierno “narco complaciente” que está eludiendo los verdaderos problemas que ocurren en la frontera y recurre al estado de excepción cuando el estado de excepción es la excepción del Estado”, concluyó.