Desde enero hasta el 24 de marzo de 2015 han sido deportados 1.389 colombianos desde Venezuela, de acuerdo con las cifras de las autoridades migratorias del país, publicó el diario del vecino país El Nacional, el cual agregó que la cifra duplica la del mismo período del año pasado, cuando fueron devueltos 701connacionales.

El periódico aseguró que “ese ritmo plantea un promedio de 17 deportaciones diarias, sobre todo de Caracas y zonas llaneras como Barinas. Solo en el albergue de Cúcuta han sido atendidos 980 en 2015”.  

“Las quejas presentadas por algunos de ellos sobre el trato que recibieron en los lugares donde los retuvieron ya fueron presentadas a las autoridades venezolanas, a través de los canales consulares”, expresó en febrero la canciller colombiana María Ángela Holguín, después de conversar con los afectados.

Holguín indagó ante las autoridades venezolanas las razones que motivaron dicho operativo. “Venezuela informó que los extranjeros se encontraban en situación migratoria irregular, algunos de ellos no tenían ningún tipo de documento de identificación y otros portaban documentos falsos”, declaró.

La Defensoría del Pueblo de Colombia se declaró el alerta permanente: “Se destacan casos de separación familiar de colombianos que luego de haber vivido por cerca de 30 años en Venezuela fueron expulsados y separados de sus hijos y cónyuges”, dice una nota de prensa de la institución. Fuentes diplomáticas informaron que no han recibido respuesta del gobierno de Venezuela.

El año pasado, en medio de los días más revueltos de las protestas en territorio venezolano, el presidente Juan Manuel Santos alertó sobre las deportaciones que –aunque en mucha menor medida que ahora– estaban ocurriendo. “Dicen ellos que les quitan los documentos y luego los deportan”, afirmó.

Maduro rechazó que su gobierno maltratara y deportara a colombianos. “Basta ya, ¡carajo!”, completó.
 
Concordia

“Primero nos llevaron a la plaza La Concordia”, recuerda un deportado vía telefónica. En Santa Teresa, a unas cuadras de la avenida Lecuna, está la plazoleta donde antes funcionaba La Rotunda, cárcel de los presos políticos de Juan Vicente Gómez, de las torturas y los grilletes; confinamiento de una dictadura feroz que fue demolido y en su lugar se construyó esa plaza de nombre amigable que buscaba atenuar las memorias del horror.

Pero la historia se las arregla para demoler buenas intenciones: al sitio llevan ahora a los colombianos que son detenidos en las zonas pertenecientes a ese cuadrante policial antes de ser trasladados al Comando Regional Nº 5, desde donde salen hacia la frontera en un autobús sin retorno.

A media tarde están operativos un módulo de la PNB y una carpa de la GNB, con uniformados haciendo guardia. Un militar confirma la información de que allí los concentran después de las redadas. Dice que no ha habido incidentes con ninguno y que son subidos a jeeps directo al Core 5. A la vista de los funcionarios, bajo la sombra de los árboles, una buhonera vende café a 50 bolívares el medio kilo.

Otro indocumentado que habla desde Cúcuta dice que la siguiente parada después de la plaza y el comando es San Antonio del Táchira, antes de cruzar a su país natal. “Me agarraron en La Hoyada. Yo tenía casi 10 años en Caracas y prácticamente me va a tocar empezar desde cero. Allá tenía mi señora, que es venezolana, mi casa. Voy a perderlo todo, nadie me va a tender una mano”.

Relata un caso que escuchó en el albergue: un muchacho, papá de una bebé de siete meses, fue detenido con la niña; como la esposa lo había abandonado él era su único representante. El guardia le dio dos opciones: o montaba a la hija en el autobús en dirección al vacío o la dejaba. El papá decidió que se quedara con su cuidadora. “Eso fue inhumano”, dice y detrás de la voz suena un acordeón vallenato y el ruido de hombres que no están reunidos para cantar.

El artículo 47 de la Ley de Extranjería y Migración reconoce la propiedad de los bienes de los deportados y les garantiza el derecho de trasladar lo adquirido de manera legal en Venezuela a través de un apoderado hasta un año después de haber salido del país.
 
La gota más fría

“¿Estás pensando retornar a Colombia?”, se lee en un afiche en el consulado de ese país. La amabilidad de la pregunta es casi una ironía estos días: hasta las 11:00 de la mañana el vigilante había contado 626 personas haciendo fila para informarse sobre el estatus de sus cédulas. Volney Valoyes entra al edificio y sus paisanos se apresuran a saludarlo.

Es un líder de la organización Fraternidad Popular, director del periódico Tribuna Colombiana y fue coordinador de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en Venezuela. Conoció de cerca el proceso de naturalización y regularización de extranjeros de 2004, año de apertura a la migración, de la peculiar firma en forma de “X” de Hugo Cabezas –entonces director de la Onidex– y del referéndum revocatorio contra Chávez.

“Ha habido negligencia de colombianos que no atendieron su caso, pero hace 10 años también hubo algunos problemas. Uno era que las personas quedaban inmediatamente inscritas en el CNE, pero no aparecían en las bases de datos de la Onidex para sacarse el pasaporte”, recuerda Valoyes.

Quienes fueron testigos del proceso, detectan varias fallas: colombianos con cédula que no aparecen en las Gacetas Oficiales de Ciudadanos Nacionalizados del Saime; pasaportes que se extraviaron en los operativos exprés en las ciudades del interior y nunca llegaron a la sede central del organismo migratorio; cédulas y pasaportes que no aparecen en el sistema, entre otros.

A pesar de que en la web del Saime hay un aviso permanente del Plan Especial de Regularización de Ciudadanos y Ciudadanas de otras Nacionalidades, los extranjeros señalan que no es tan fácil: “Tenía mi pasaporte y me tocaba salir del país cada 3 meses, pero no estaba económicamente bien para viajar. Eso es arrecho: uno iba al Saime, le ponían una cita, y luego no lo atendían, decían que no estaban sacando cédulas para uno. Si uno tiene real, sí la mueve, pero trabajando para medio comer, no sirve. No se me dio nunca”, dice uno de los deportados que es oriundo de Manatí Atlántico, y todavía no logra imaginarse la vida ahí.

“Hay arbitrariedad, no están respetando los derechos humanos”, opina Valoyes, que tiene más de 30 años en Venezuela y considera que este es uno de los momentos de mayor hostilidad hacia el gentilicio. “La eliminación de remesas, las acusaciones de contrabando y ahora las deportaciones están dificultando mucho las cosas. Y todo mientras las relación entre los gobiernos parece cordial”, lamenta.

En octubre de 2014 Maduro señaló a mafias colombianas del contrabando como uno de los protagonistas de la “guerra económica”. “Nosotros somos un pueblo hijo de Bolívar, que respetamos y amamos al pueblo de Colombia, pero no vamos a permitir que nos destruyan nuestra economía”, dijo.

En enero, cuando Carmen Meléndez aún era ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, informó que se iniciaban operativos de seguridad, con apoyo del Saime, en supermercados y abastos porque habían detectado “irregularidades en la nacionalidad de los consumidores”.

Valoyes cree que los gobiernos conocen a los que cometen estas irregularidades, pero no los capturan y “está pagando el todo por la parte”. Después, hace un cálculo para valorar la importancia de la comunidad colombiana: “Chávez dio mucha oportunidad a los extranjeros. Pienso que ahora debemos estar muy unidos, somos cerca de 4.000.000 de colombianos legales en Venezuela que tenemos capacidad de decidir unas elecciones cerradas. Maduro ganó por 260.000 votos”.

Sin respuesta

En varias oportunidades  se solicitó, a través del encargado de prensa del Saime, una entrevista con la dirección de Extranjería y también se le escribió directamente al director de organismo, Juan Carlos Dugarte, pero no se obtuvo respuesta.

Protegidos por la ley

En 2004 Hugo Chávez tenía que apurarse. Después de trabas y retrasos, la oposición había logrado recaudar las firmas para la solicitud de un referéndum revocatorio en su contra. Venía de enfrentar un golpe de Estado y un paro petrolero; acababa de crear las misiones sociales y, una de ellas, promovía jornadas de cedulación para nacionales y extranjeros.

Esa fue su mayor apuesta y ganó la contienda. De ese año data la Ley de Extranjería y Migración, cuyo capítulo sobre deportaciones y expulsiones protege los derechos del extranjero, al contrario de lo que ha ocurrido con las recientes deportaciones de colombianos.
 
Artículo 35: En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, el ministerio con competencia en materia de extranjería y migración o el funcionario que él delegue, tendrá potestad para dictar las medidas necesarias de amonestación, las multas previstas en el Capítulo I de este Título o la deportación del territorio de la República, abriendo para ello una articulación probatoria de setenta y dos (72) horas para determinar el tipo de sanción aplicable, de acuerdo a la gravedad o reincidencia de la infracción cometida, en la forma que determine el reglamento respectivo y sin perjuicio de la aplicación de las demás normas previstas en este Título. La persona incursa en la medida dispondrá de un lapso de cinco (5) días hábiles para ejercer los recursos, excepciones y defensas, conforme a la ley que regula los procedimientos administrativos.
 
Artículo 44: (…) La decisión de deportación o expulsión será notificada al extranjero interesado o extranjera interesada dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a dicha decisión, la cual deberá contener el texto íntegro del acto administrativo con indicación de los recursos que procedan y de los lapsos para ejercerlos, así como de los órganos o tribunales ante los cuales deberán interponerse. En las decisiones que acuerden la deportación o expulsión de extranjeros y extranjeras se fijará el término para el cumplimiento de tales decisiones, el cual comenzará a transcurrir una vez que se hayan agotado todos los recursos administrativos y judiciales previstos en la ley y dicha medida de deportación o expulsión hubiere quedado definitivamente firme.
 
Artículo 49: Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras sujetos a las medidas de deportación o expulsión contempladas en este Capítulo, tendrán derecho a percibir los salarios, prestaciones sociales y todos los beneficios establecidos en la ley que regula las relaciones de trabajo, contrataciones colectivas y demás leyes sociales aplicables con ocasión de la relación laboral.