Un coliseo semivacío sigue siendo el hogar temporal de 104 personas repatriadas tras la crisis fronteriza hace más de dos meses.

Las carpas verdes que hace un mes tapizaban el pabellón y alojaban a 1.019 personas, son una pequeña mancha. El silencio reina.

Mientras ocho mujeres ocupan los lavaderos del albergue de Interferias, en el anillo vial oriental, para lavar las pocas prendas de vestir que tienen y los uniformes de sus hijos, cuatro niños se instalan ante el único televisor del lugar.

Pocas veces hay imagen. Y, en esta oportunidad, los niños se divierten viendo ‘Guillermina y Candelaria’, a la espera del almuerzo.

Pese a que el gobierno nacional les ofreció un subsidio de arriendo por tres meses, las 35 familias se niegan a irse. Alegan no tener garantías para iniciar una nueva vida.

Su estancia tiene las horas contadas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) decidió el cierre del proceso de entrega y trámite de subsidios de arrendamiento, a partir del mañana.

Diego Fernando Ruiz, coordinador del albergue y miembro de la Cruz Roja, dijo que nadie perderá beneficios educativos y laborales.

Ruiz dijo que al día entre 15 y 25 personas dejan el albergue luego de recibir los subsidios.

El anuncio del fin del proceso puso en alerta a los repatriados, que aseguran no saber qué harán al irse.

No se quieren ir

“No me he ido, porque no tengo trabajo y no quiero salir a la calle sin nada”, dijo Ramón Arias, quién lleva un mes instalado en la carpa 229 con su esposa y dos hijos.

Tener una irregularidad en su libreta militar le ha impedido conseguir un trabajo.

Pese a que se ha postulado en repetidas oportunidades en la bolsa de empleo del Sena y ha sido seleccionado para el puesto de vigilante, no ha podido ser contratado por no tener la libreta.

“Yo presté servicio militar seis meses en Pamplona y me dieron la baja porque mi esposa quedó embarazada. Ahora me dicen que debo ir hasta el batallón de allá para solucionar mi situación, pero ni siquiera tengo para los pasajes”, explicó Arias.

La familia Pinzón también teme partir. Yazmín, madre de seis hijo, llegó desde el estado Trujillo y ha pasado por cuatro de los 30 albergues que se dispusieron desde el cierre de la frontera.

Afligida, la mujer asegura que no ha conseguido trabajo ni quién le arriende una casa.

“He buscado en varios barrios y los arrendadores no firman contrato porque dicen que no tienen garantías de que yo les seguiré pagando arriendo cuando se acaba el subsidio del gobierno”, explicó.

 Esta situación ha dividido las opiniones de su numerosa familia. Mientras que sus hijos mayores de 16, 15, y 14 años le piden que se vayan a vivir así sea debajo de un puente, porque no aguantan seguir viviendo en las condiciones del albergue, los menores, de 12, 10, y 8, años le piden no irse, porque se sienten seguros con la presencia policial y temen que afuera les hagan daño.

“No sé que hacer; aunque mucha gente dice que los que seguimos acá somos unos vividores, están muy equivocados. Realmente no tenemos para donde irnos”, dijo la mujer.

Al otro extremo del coliseo, Mario Sandoval empaca para irse. Consiguió casa en arriendo en San José y hace un mes trabaja limpiando parques. Con 79 años y una jovialidad envidiable, termina de empacar en dos bolsas su ropa y su colchoneta y se dispone a recibir la cocineta y los útiles de aseo y de alimentos que la Ungrd les entrega a los repatriados.

“Ya recibí el primer sueldo y me compré un celular  con radio para escuchar las noticias, y una bicicleta para moverme por toda la ciudad”, dijo emocionado, mientras se arregla para cumplir con su jornada laboral.