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Sábado, 14 Marzo 2020 - 1:50pm

Las razones por las que 'Epa Colombia' no pagará su sentencia en la cárcel

La joven fue condenada a tres años y 10 meses por daño en bien ajeno, perturbación del transporte público e instigación para delinquir con fines terroristas.

Colprensa
Barrera Rojas también tendrá la pena accesoria de no usar redes sociales por el mismo tiempo.
/ Foto: Colprensa
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En el proceso que se seguía contra Daneydi Barrera Rojas por los desmanes que protagonizó en noviembre pasado en la estación Molinos de TransMilenio, ubicada en el sur de Bogotá, fueron tres los cargos que le endilgó la Fiscalía: daño en bien ajeno, perturbación del transporte público e instigación para delinquir con fines terroristas.

Este último, a la luz del Código Penal, era el que revestía una mayor pena. Sin embargo, la jueza segunda especializada tumbó la argumentación de la Fiscalía, por lo que la joven fue condenada a tres años y 10 meses por los dos primeros delitos.

En la audiencia de imputación de cargos se realizó el 29 de noviembre, pocos días después de que la joven subió a sus redes sociales un vídeo en el que la emprendía a martillazos contra las puertas de la estación, el dispositivo lector de tarjetas, la registradora y los equipos de recarga automática.

En esa diligencia, el fiscal al que le encomendaron el proceso dijo ante el estrado que con la actuación de la joven, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, se había “desasosiego, nerviosismo, fervor y zozobra en la población en momentos en que en el país se vivía un paro nacional”.

Y añadió el delegado del búnker que con la divulgación del vídeo, que rápidamente se hizo viral y generó un rechazo generalizado, la joven invitó a otras personas a seguir su ejemplo.

En ese entonces, Barrera Rojas no aceptó ninguno de los cargos. No obstante, a comienzos de diciembre se celebró otra audiencia en la que se allanó a los delitos endilgados, por lo que su proceso no fue tan extenso.

Al entregar su argumentación, la jueza dejó en claro que la Fiscalía no demostró ante el estrado los hechos “que permitan concluir que la finalidad de su conducta estaba dirigida a que las personas cometieran delitos o procedieran de la misma forma en relación con los daños a la infraestructura de TransMilenio. Esa intención no se advierte en el vídeo”.

La providencia expuso que la intención de la joven era que la grabación se hiciera viral con el fin de ganar más adeptos a sus redes sociales, porque eso le generaba un ingreso económico ya que esa es la labor de un youtuber.

“Esto no implica que tal comportamiento sea censurado – sostuvo la jueza – solo que no encaja en la descripción penal del delito imputado. El vídeo se hizo tendencia y llama la atención del despacho que el vídeo fue eliminado por la cantidad de comentarios negativos que recibió”.

La sentencia recordó que el delito mencionado solo se configura cuando se presenta con el fin de convencer a otros a seguir determinadas conductas. Pese al impacto y las veces que fue compartida la grabación, la jueza dijo que en este caso no resulta ni evidente ni palpable.

“Con la publicación del vídeo su intención era económica, pues no es desconocido que por una cantidad específica de ‘me gusta’ para el youtuber representa una ganancia (...) no pudo demostrarse que incurriera en el delito de instigación a delinquir”, concluyó la jueza.

Junto con la decisión de imponer una sentencia de tres años y 10 meses, Barrera Rojas también tendrá la pena accesoria de no usar redes sociales por el mismo tiempo. Además, tendrá que pagar dos multas: una por 22.4 salarios mínimos, es decir unos 22 millones de pesos, y otra por 10 salarios, o sea 9.806. 570 pesos.

Jorge Andrés Sosa, abogado de la procesada, explicó que lo que se tuvo en cuenta es la comparecencia a la justicia que ha tenido su clienta.

“Lo de la prohibición de no usar redes sociales por tres años y 10 meses es la que más le va a costar. Lo que debemos buscar es que esas personas que cayeron en ese tipo penal se puedan resocializar, esto se debe aplicar porque no logramos nada con las cárceles atestadas”, dijo el jurista.

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