Recientemente, la Contraloría Municipal dio a conocer varias inconsistencias en el funcionamiento de un parqueadero privado que actualmente sirve para custodiar los vehículos inmovilizados por la Policía de Tránsito.

En el reporte se critican desde las fallas en el sistema de cámaras, hasta el mal manejo de las cuentas de ingreso y egreso de los vehículos inmovilizados, así como la inexistencia de un control de archivos conforme a la Ley 599 de 2000.

Sin embargo, el hecho de que se estén cometiendo posibles irregularidades en los patios donde se llevan los carros infractores, no es lo único que preocupa a la Contraloría. Lo grave  para el ente fiscalizador, es que estas fallas puedan generar futuras demandas, que al final terminarían pagando todos los contribuyentes.  

Esta irregular situación fue debidamente advertida desde enero del año pasado en el contrato  1790 de 2012, el cual no contiene las claúsulas de obligaciones y deberes que debían haberse tenido en cuenta para evitar futuros incumplimientos o desaciertos jurídicos que, como se evidencia,  estarían  sucediendo.

Los contribuyentes o infractores, quienes son los que alimentan todos los días económicamente a las entidades de Tránsito, las grúas y parqueaderos con el pago de comparendos, hacen parte de un juego de tres caras, que para esta ocasión bien podría semejarse al de una pirinola. Pero no una pirinola normal de seis lados, en las que las opciones son variadas y en las que se gana o se pierde, sino una de solo tres caras dibujadas por un contrato donde: todos juegan, todos ponen, pero donde un solo grupo gana.

-Quiénes juegan: todos los conductores de carros y motos, las grúas, la Policía de Tránsito, los parqueaderos y los funcionarios de Tránsito Municipal.

-Quiénes ponen: son todos los conductores ebrios, los que dejan los carros mal parqueados, los que se pasan los semáforos en rojo o los accidentados, entre otros infractores.

-Quiénes ganan: para el caso particular de la custodia de los vehículos, son los parqueaderos quienes se llevan el 80 por ciento del valor del estacionamiento, que varía entre $14.200 por día en el caso de los carros y de $7.100 por moto. El municipio percibe el  20 por ciento del valor del parqueo por día de cada inmovilización.

Lo cierto es que los organismos de control evidenciaron inconsistencias graves que podrían haber sido abordadas desde hace tiempo por la misma Alcaldía, que en un futuro cercano estaría en una encrucijada al deber responderles a quienes manejan  los patios por los carros que nunca son sacados de los parqueaderos.  De hecho, se pudo conocer que sobre este caso existe una demanda en contra del municipio por el operador del anterior parqueadero Los Coches, donde  viejas latas de carros siguen aparcadas generando gastos.

Por eso, en vista de que la misma administración no reconoce la posible falta y sus consecuencias, la Procuraduría y la Contraloría revisan con lupa el dudoso contrato 1790 de noviembre de 2012 celebrado entre la Secretaría de Tránsito y el Consorcio Parqueadero Tránsito.

Allí, la entidad de control fiscal juzga la improvisación, el posible detrimento a las arcas municipales en el recaudo de los dineros provenientes de las multas y la elección de un solo contratista para el lucrativo servicio de parqueo de automotores y motos inmovilizadas.

Dudoso contrato

La presunta irregularidad en la que se basó el ente de control fue simple: el secretario de Tránsito de 2012, Ricardo Villamizar Gómez, “celebró un contrato con afán, vulnerando el principio de planeación, violando el principio de publicidad”, y presuntamente no verificó la falta de idoneidad del parqueadero escogido que, incluso, a pesar de las advertencias hechas, seguiría incumpliendo los requisitos que garanticen la transparencia de su funcionamiento.

En palabras más concretas, lo que pretenden las entidades de control es que el parqueadero cuente con sistemas más idóneos para garantizar que el dinero producto de las inmovilizaciones no se extravíe y llegue a manos del municipio.

Otro hecho cuestionado por la Contraloría  es que la misma oficina de contrataciones de la Alcaldía sigue firmando prórrogas a un contrato que agotó sus términos en el tiempo.

Para este caso, el órgano critica que se  siga extendiendo un contrato que no podía seguir alargándose, a razón de que hay otros parqueaderos en Cúcuta que pueden brindar el mismo servicio, incluso, en mejores condiciones.

En defensa del polémico contrato, la asesora jurídica de la oficina de contratación, Paola Aguilar, dijo a La Opinión que este documento no es irregular pues fue firmado a un tiempo definido y por mínima cuantía, el cual puede seguir siendo prorrogado hasta que la Alcaldía de Cúcuta decida acabarlo, pues “no habría daño fiscal”.

“Es un contrato en el cual el parqueadero no cobra al municipio por su operación, por el contrario, el contratista efectúa el recaudo directamente de los usuarios del parqueadero y transfiere el 20 por ciento al municipio, y como no hay gasto, la ley no nos limita”, señaló.

Según la Alcaldía, este contrato 1790, se pensó hacer a corto tiempo a la espera de que un empresario uniera esfuerzos y alivianara cargas en el gasto del municipio, bajo una  Alianza Público Privada (APP).

El llamado de la Contraloría es a que la administración concilie la terminación del contrato de parqueaderos e inmediatamente monte una licitación pública y abierta para que todos los parqueaderos participen de la oferta, de manera que se cumpla con las normas legales amparadas en la Ley 80 de 1993 sobre la contratación estatal.

Tres de las evidencias

Según el informe de la Contraloría Municipal, en total son ocho las irregularidades, entre las  que se encuentra la inexistencia de una póliza de responsabilidad civil por daños para cubrir los hurtos de las autopartes o incendios, actos terroristas, terremotos, catástrofes o daños a los vehículos dentro del estacionamiento.

También se cuestiona  el obsoleto software que no cumple en tiempo real con la entrada y salida de vehículos, y la carencia de formatos que evidencien los controles y procedimientos dentro del parqueadero.

La Contraloría indica que existen evidencias de que algunos automotores (vehículos y motos) han salido del parqueadero sin que el respectivo comparendo sea pagado o se haya suscrito algún acuerdo de pago con el infractor, lo que significa  que los carros vienen siendo sacados por ‘manos oscuras’ sin contar con la autorización de Tránsito.

Sin embargo, la falla más grave, y que podría incluso causar un daño fiscal a las finanzas locales, según la Contraloría, tiene su génesis desde que se firmó el contrato 001790 que eligió al Consorcio Parqueadero Tránsito como operador contratista.