La remodelación de la vía Cúcuta-Pamplona por fin será una realidad, así quedó establecido el pasado 19 de abril, cuando en licitación pública la empresa Sacyr Concesiones Colombia S.A.S., se quedó con el contrato.

De esta manera, el proyecto que cuenta con un tiempo de ejecución de cinco años, se suma a la hoja de vida de la empresa española Sacyr, propietaria del consorcio.

La multinacional, con 30 años de experiencia, ha logrado destacarse en el mundo por la construcción de 3.300 kilómetros de vías rápidas, así como de unos 400 kilómetros de líneas férreas de alta velocidad, dejando su marca en España, Portugal, Italia, Irlanda, Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Perú e India.

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Sin embargo, la grandeza de sus obras están rodeadas de problemas, que generalmente terminan en líos judiciales y demandas contra el Estado. 

En esta ocasión, La Opinión hace un recuento de los principales problemas de la compañía en Colombia y en el mundo.

Así llegó a Colombia

El nombre de Sacyr en el país se remonta a 1997. Ese año, el Gobierno Nacional le entregó a la concesionaria Comsa, del que Sacyr era el mayor accionista, la obra que comprendía la construcción de la vía Tobia Grande-Puerto Salgar, lo que hoy se conoce como la Ruta del Sol.

En ese momento, el Estado le adelantó a Comsa 77 millones de dólares para comenzar las obras que nunca fueron entregadas. Más de siete años después de contiendas judiciales, la concesionaria debió pagarle al Estado 120.000 millones de pesos por el incumplimiento en el contrato.

A eso hay que sumarle el corto paso por la Línea Férrea del Pacífico en 1998, que también terminó en procesos legales.

Historia reciente en el país 

Sacyr, que hace presencia en varios proyectos viales de cuarta generación adjudicados por el Gobierno Nacional, incluyendo el de Cúcuta-Pamplona, recibió cinco multas por un valor total de $11.000 millones, impuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Según informó la agencia, la española incurrió en el incumplimiento de cinco puntos del contrato firmado para la construcción de la de la vía que va desde Puerta de Hierro a Palmar de Varela y desde Carreto a Cruz del Viso, cruzando los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, con una extensión de 202 kilómetros. 

Sin embargo, esta no es la única obra que presenta retrasos para estos empresarios. En siete construcciones en las que está presente, Sacyr tiene problemas en cuatro, esto quiere decir 57,1% del total. Aunque hay que aclarar que en algunas de ellas no es culpa de la compañía.

Problemas en Panamá 

El cuento de hadas que prometía ser la ampliación del Canal de Panamá, terminó siendo toda una serie de terror financiero, cuyas últimas páginas serán escritas por tribunales internacionales.

En 2009, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que Sacyr es el mayor propietario con el 41%, logró adjudicarse el proyecto de adecuación del tercer juego de esclusas del canal panameño. Para lograr el objetivo, el consorcio hizo una oferta de 3.200 millones de dólares, por debajo de los 3.400 millones que se tenían como referencia, lo que le sumo puntos para la elección.

Con el paso del tiempo la obra se fue llenando de complicaciones, tanto así que pasó de un presupuesto inicial de 3.200 millones de dólares a un precio final de 5.581 millones, siendo este el principal punto de discusión entre las partes: GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), representante del gobierno en este proceso.

El proyecto, en el que se usaron 4,5 millones de metros cúbicos de hormigón y 220.000 toneladas de acero, que alcanzarían para construir 2,2 pirámides de Keops y 22 Torres Eiffel, se entregó oficialmente el 26 de junio de 2016, casi un año y medio después de lo pactado, dejando atrás varias crisis, entre ellas la de 2014, en donde por diferencias el proyecto fue suspendido y necesitó de la intervención estatal para continuar.

Hoy, los problemas que se presentaron por las fallas no previstas en los terrenos, la calidad del basalto, las huelgas, los cambios en las normas y la no renovación de las garantías de parte del GUPC, según informó en su momento el diario El País de España, han originado demandas legales, en las que el consorcio espera recuperar más de $5.000 millones por los sobrecostos, con demandas a la ACP. 

Los procesos que adelantan las dos partes hoy se debaten en estrados internacionales y parecen no tener una pronta solución.

El aeropuerto de Murcia

En España, de donde es oriunda Sacyr, está en la agenda de la opinión pública por las reclamaciones y demandas judiciales relacionadas con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

En 2007, la cocesionaria Aeromur, del que la compañía también es la mayor accionista con más del 60%, se adjudicó la construcción del terminal aéreo y la administración del mismo por 40 años. Un par de años después, cuando el consorcio presentó problemas financieros para terminar las obras, el gobierno de Murcia tuvo que autorizar un préstamo de 182 millones de euros, pero con una condición: que Aeromur renunciara a la posibilidad de recibir ayudas públicas en caso de tener pérdidas en la operación del aeropuerto.

En 2012, con una inversión final de 280 millones de euros, el aeropuerto fue terminado, pero la apertura del mismo quedó en procesos administrativos e incumplimientos de pagos y en 2013 las autoridades decidieron suprimir el contrato con la concesionaria por los múltiples incumplimientos en la apertura de la terminal aérea.

Hoy, la Comunidad de Murcia está buscando adjudicar de nuevo el aeropuerto para ponerlo en funcionamiento y Sacyr, a través de demandas, está intentando evitar que esto suceda, pidiendo entre otras cosas una liquidación de 80 millones de euros por el contrato que le fue suspendido.

Inundación en Chile

En Chile, en donde la compañía española hace presencia hace 20 años, el desbordamiento del Río Mapocho, en abril de 2016, tiene a la empresa en los tribunales.

En julio de 2014, Sacyr se adjudicó dos licitaciones por 243 millones de dólares, para la construcción de la segunda parte del plan Santiago Centro Oriente, que incluía, entre otras obras, la construcción de un túnel vial.

En 2016, en ejecución de dichos proyectos, el río se desbordó generando enormes daños a la comunidad. Ante esto, la española y la empresa Costanera Norte, están vinculadas al proceso por el plan de desviación del río, el cuál habría sido ineficiente y sería el causante de la inundación.