Lastimosamente, hay un conteo que debe llamar a todos a la reflexión: el de los asesinatos de líderes sociales en el territorio colombiano. La última cifra es de 343 asesinados, la cual no debe ser tratada como una fría estadística porque detrás de ellas hay seres humanos con planes, ideales y, sobre todo, un trabajo en beneficio de los demás, que no se da silvestre, sino que es inherente al ser, en una especie de apostolado.

Que son las Águilas Negras. Que es la guerrilla. Que son agentes del Estado. Que es la mafia. Esa es la lista de los posibles responsables de esa oleada criminal que recorre el país y, desafortunadamente, también ha tocado a Norte de Santander. Todos ellos tendrían algún presunto motivo para ejecutar sus acciones criminales contra los voceros de las comunidades. Lo cual es una violación a los Derechos Humanos. Una intimidación a la base social y la imposición de la ley del más fuerte, situaciones que finalmente terminan deteriorando y volviendo añicos el tejido social.

Organizaciones como Amnistía Internacional han reaccionado frente a esta operación de acallar sangrientamente a quienes de manera a personas que desde las comunidades se oponen a diversas acciones que consideran riesgosas para quienes ellas representan. Para Amnistía lo que está ocurriendo en Colombia “alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos humanos”.

El gobierno del presidente Iván Duque Márquez, que no ha cumplido ni siquiera los 20 días, ha dicho que inició un “trabajo para que tengamos un marco de política pública de reacción de todos los involucrados, teniendo información unificada y claridad sobre la secuencia de cada una de las instituciones y garantizando activamente que todos vamos a trabajar por la prevención, investigación y sanción ejemplarizante de quienes han participado de estas conductas”.

Desde la Procuraduría se oyó decir que hay más de 30 investigaciones disciplinarias contra funcionarios que violan derechos humanos al estigmatizar a los líderes sociales y que han puesto en riesgo sus vidas. 

En la Defensoría del Pueblo se dio a conocer el nombre de la víctima número 343 de la acción violenta contra los líderes sociales. El asesinato ocurrió en el vecino departamento del Cesar y a la víctima se le identificó como Luis Henry Vera Gamboa.

¡Ya basta! Eso es lo que hay que decir para repudiar y condenar a quienes actúan así.

Pero también debe reclamarse contundencia a las autoridades. Que se pase del discurso a la acción. De las evaluaciones a los planes concretos. De las investigaciones exhaustivas a las capturas efectivas. De las declaraciones de condolencia, a las políticas de protección que incluyan los esquemas de protección efectivos para ese segmento de la población, aspecto en el cual debería actuarse con determinación y sin temor al qué dirán porque se revisen, reduzcan o desmonten las asignaciones de escoltas y vehículos a ciertas personas que ya no los requieren, que en estos momentos no desempeñan cargos que impliquen riesgos o que los estudios de seguridad indiquen que ahora no están en la mira de ninguna organización que los amenace.

Un líder social o un defensor de Derechos Humanos es un tejedor de voluntades. La anterior descripción es de Carlos Guevara, miembro de ‘Somos Defensores’. Y, por culpa de los violentos, esos tejedores de voluntades están muriendo en medio de su trabajo para construir futuro.