Creía uno que a esta pandemia se le estaba escuchando para al menos hacer unos cambios en los que prime la vida por sobre el dinero y la ganancia, pero no, esa esperanza se quedó en mera utopía como se está viendo en Cúcuta con el modo de actuar de muchas empresas prestadoras de salud (EPS) para enfrentar el coronavirus.

Lamentables los testimonios de pacientes que llevan días y semanas esperando a que esas intermediarias les den a conocer los resultados de las muestras de la COVID-19 que les han sido tomadas, mostrándose aquí otro grave cuadro de desatención, en medio de una histórica emergencia.

Leyendo esos casos, llegan a la memoria aquellos anuncios mediáticos de que la Superintendencia de Salud ahora sí tendrá dientes y dejará de ser un tigre de papel para vigilar y controlar a las EPS. 

Esto se dijo a principios del año pasado: “Desde hoy, la Superintendencia Nacional de Salud podrá imponer multas de hasta 8.000 salarios mínimos a entidades bajo su control, y hasta por 2.000 salarios mínimos  para las personas naturales, de acuerdo con la Ley 1949 del 8 de enero de 2019”, firmada por el presidente, Iván Duque Márquez.

Señores de la Supersalud, qué están esperando para tomar lo expuesto por los usuarios que elevaron sus denuncias en el trabajo periodístico publicado el martes en La Opinión para proceder de oficio a actuar con toda la rigurosidad en un momento en que el tiempo es asunto de vida o muerte.

De investigaciones exhaustivas estamos hasta la coronilla y más en un asunto tan delicado como es la salud humana que no es ninguna mercancía sino un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de Colombia.

Las EPS tienen la obligación legal de destinar los recursos de los colombianos en la adecuada atención de salud en momentos que la pandemia en nuestra región muestra una aceleración de contagios, puesto que al igual que otras enfermedades, es indispensable ofrecer las mejores alternativas para salvar vidas.

Luego las excusas deben estar en el nivel cero, porque resulta desalentador advertir una especie de discriminación en el manejo de las muestras del peligroso virus en la ciudad, como lo dice la nota periodística: “Se denuncia que la oportunidad de resultados no se cumple de la misma manera en pacientes particulares que en aquellos  asegurados a alguna EPS. Mientras que los primeros conocen en 24 y máximo 48 horas si son positivos o negativos, con las EPS pueden transcurrir 15 días o incluso más, algo que según los médicos intensivistas es gravísimo en una pandemia”.

Ese comportamiento en una temporada tan peligrosa para la vida, deja entrever que el virus nos está diciendo a los colombianos que es urgente una reforma al sistema de salud, que tal vez incluya el desmonte de la Ley 100, que aunque tiene la prevención dentro de su esquema, esto tampoco funciona adecuadamente. 

La inversión y configuración de equipo humano en la etapa preventiva, además de ayudar a generar empleo -pues en el desempleo también tenemos otra pandemia- permitirá tener una radiografía en tiempo real de muchas enfermedades y problemas como la obesidad o la desnutrición que a la postre exponen a la población a quedar en estado de indefensión ante virus como el que nos ataca.

Lo cierto es que nuestro sistema de salud ya debe ser sacado de circulación y con lo aprendido en esta encrucijada y de todo lo que se ha vivido, de manera que sobre esa enseñanza se pueda construir un esquema mejor, como se merecen quienes viven en un Estado Social de Derecho como el colombiano.