Bucaramanga “está lleno de venezolanos sin documentos legales”, igual, Barranquilla. Y Santa Marta, y Cúcuta, y Pamplona, y Yopal. Y hasta Toledo. Y deportaron a 32 prostitutas venezolanas que permanecían de manera irregular en Barrancabermeja.

¿Cómo han llegado los venezolanos a esas ciudades si, se supone, con los documentos que presentan en los puertos de entrada, al menos en Cúcuta y Villa del Rosario, no pueden salir del Área Metropolitana?

La respuesta es elemental: porque no hay controles migratorios distintos de los establecidos en los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión. Cualquier extranjero que entre por allí puede ir hasta donde quiera, sin tener que mostrar documento alguno. Es la realidad.

Mientras un colombiano debe someterse a los controles migratorios lógicos en Peracal, unos siete kilómetros territorio venezolano adentro, un venezolano está autorizado de hecho para recorrer toda Colombia y establecerse donde mejor le parezca. Nadie le dirá nada, nadie le recriminará nada.

Si no, ¿cómo explicar que en Bucaramanga, según las redes sociales, haya unos 18 mil venezolanos establecidos, o la nube de vendedores ambulantes en las calles de Santa Marta y las de Barranquilla? Y ¿cómo explicar los de Toledo?

¿Cuál es el verdadero papel de Migración Colombia? ¿Cuál, el compromiso del gobierno colombiano? Cualesquiera sean los compromisos, deben tener límite, para evitar que, por ejemplo, el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta se vea obligado a atender enfermos venezolanos que han interpuesto y ganado tutelas?

Hasta hace pocos días, el hospital había gastado 1.200 millones de pesos en atención a enfermos venidos del otro lado de la frontera. ¿Quién pagará? Es bueno saberlo, porque ese dinero hace falta para atender a los colombianos.

Todos los extranjeros ejercen presión sobre los recursos del país que los recibe. Es lógico. Por eso, los países serios establecen controles drásticos que en el nuestro son inexistentes por razones que nadie explica.

Esa presión llega a todos los ámbitos, con preferencia del laboral, en el que se llega a desplazar la mano de obra nativa para dar cabida al extranjero que, en su condición de migrante irregular, es abusado por empresarios que no le pagan lo establecido por las leyes y lo amenazan con entregarlo a las autoridades si por un acaso llega a quejarse.

No se trata de saber quiénes nos visitan y de que lo demuestren con documentos. Hay que ir más allá, y evitar que los extranjeros se queden cuando son inmigrantes irregulares. Eso es elemental, básico, no admite discusiones.

La que sí las permite es esa costumbre de no cumplir con las obligaciones que establecen las leyes, de controlar la llegada de extranjeros y de tener certeza de que solo se quedarán los expresamente autorizados.

Los venezolanos que llegan con la tarjeta fronteriza saben que no pueden ir más allá del Área Metropolitana. Pero ese conocimiento no es suficiente para creer que no se adentrarán en Colombia. De hecho, antes lo dijimos, hay miles en otras ciudades, y de alguna manera llegaron allí. Y esa manera tiene que ver con el hecho de que Colombia no tiene control sobre los extranjeros.