Ya la Justicia les dijo, a la Alcaldía, por una parte, y a los vendedores ilegales, por otra, que el espacio público es de todos los colombianos, no solo de quienes, por razón del abuso permanente, se han adueñado de las calles para hacer negocio, con el argumento fallido de que tienen derecho al trabajo, al debido proceso y a obtener el llamado ingreso mínimo vital.

El Juez Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, con un razonamiento ajustado al contenido de la Constitución, dijo que esas razones de los vendedores no se ajustan a las normas legales, y que ellos y sus negocios tendrán que desocupar las calles, para que todos los ciudadanos las disfrutemos, sin abusar de nadie.

El fallo del juez conlleva no solo la obligación de los vendedores de abandonar los sitios públicos que ocupan, sino el deber de la Alcaldía de aplicar la ley y obligar a los usurpadores a liberarlos. Que el Municipio disponga de lugares adecuados para reubicar a los miles de vendedores que dicen las autoridades son los dueños de calles y otros sitios públicos, es cuestión que debe afrontar de inicialmente esta administración.

Si no lo hace, es decir, si no despeja las calles, con el argumento de la razón o el de la ley, y si no decide dónde ubicar a esos vendedores, estaría contraviniendo un mandato judicial lo que podría resultarle costoso, no solo al actual mandatario sino a los próximos, pues podrían terminar sancionados. Al fin y al cabo, se trata del mandato de un juez, no de una simple decisión política.

El problema de la invasión del espacio público en Cúcuta ha sido manejado de muchas maneras, menos de la forma correcta: impidiendo su apropiación por reales mafias corruptas que se aprovechan de la necesidad de los más pobres para ponerlos a ganar dinero que en la tarde cambiará de manos e irá a las grandes cuentas en los bancos, como si de dinero legal se tratara.

Mientras tanto, a los vendedores y a los administradores de estacionamientos improvisados en cualquier calle, los abandonan a su suerte, para que los aprovechen los políticos, que bajo la promesa de solucionarles el problema de su ilegalidad ganan sus votos y su elección, y después lo olvidan todo.

Esta administración considera una cifra realmente escandalosa: 7.000, sobre los que nada sabe, y por lo mismo, hoy nadie tiene la menor idea de cómo solucionar el problema de ellos y de Cúcuta.

La Alcaldía dispone de unos 1.100 cupos en El Oití, Las Mercedes, la Nueva Sexta y el Parque Lineal, lo que es apenas una sexta parte de las necesidades de sede; ¿qué hacer con los otros 6.000 vendedores? Es como acomodar a casi toda la población de Ragonvalia en Cúcuta, o la totalidad de los habitantes urbanos de Labateca. Pero no de cualquier manera, sino con sitios de trabajo.

¿Está, en verdad, la Alcaldía, en capacidad de ofrecerles a estas personas todas las soluciones que requieren? Lo dudamos, pero tendrá que comenzar ya a hacerlo, amparado ya en el fallo de los jueces. Menudo lío.