Luego de una sesión en la que se sabía perfectamente lo que iba a pasar, durante la cual se percibieron con mayor intensidad algunas intenciones de privatizar el Municipio, el Concejo aprobó, para dolor de unos pocos y angustia de todos los contribuyentes, el Estatuto Tributario local. El problema no es tanto el estatuto en sí, como algunos de sus elementos.

El de la tasa a la seguridad, por ejemplo, que no es más que otra metida de mano a los estrechos bolsillos de los cucuteños, para que paguen por algo que hace una semana, alcalde y jefe de Policía dijeron que andaba sobre ruedas: la seguridad.

Seguridad que, según comentan miembros del Concejo, se limitará al manejo de las cámaras de vigilancia, instaladas y por instalar, mediante las cuales puede, el Municipio, controlar todo lo que pasa en las calles de la ciudad. 

Con una red como esa se puede saber quién vive dónde y con quién y cuáles bienes tiene, a qué hora entran y salen de determinado lugar, cuál puede ser, en un cierto momento, la vía más rápida para muchas actividades.

En fin, todo. Es la tecnología al alcance de cualquiera, incluido el Estado.

Y es en este punto donde preocupa lo ocurrido en el Concejo. Porque, como se rumora en las calles, en el fondo, de lo que se trata es de un negocio —otro más— con funciones del Estado vendidas al mejor postor, algo que no es ilegal, solo que, en Cúcuta, al mejor postor de varias licitaciones lo asocian con un exalcalde preso.

En momentos en que está servida la mesa para que a los cucuteños les sigan sacando a la fuerza la plata de la billetera, es esencial, imperativamente necesario, que el alcalde, por ejemplo, o los trece concejales que aprobaron el estatuto, de modo solemne le aseguren a Cúcuta que, la alianza público privada de la que se habla en corrillos, no seguirá el camino que, dicen, han seguido otras.

Deben convencer a los cucuteños de que, en caso de que haya necesidad de alguien que mantenga vivo el sistema de cámaras, será prenda de absoluta garantía de integridad, probidad, honradez y responsabilidad. 

Pero, si como también dicen, el alcalde, César Rojas se opuso a incluir en el estatuto el asunto de la seguridad, es de esperar que vete la decisión. Un problema, sin embargo, lo limitará: la iniciativa salió de su despacho. Así, si no la incluyó él, entonces ¿quién lo hizo? De ser así, este solo detalle pone en duda cualquier paso que se avance hacia mejorar la seguridad, como es el objetivo de la tasa.

Quien se quede con un negocio como este, podrá hacer fiestas. Según calcula el Municipio, cada mes se recaudarán 400 millones de pesos por cobro de la tasa, una suma que parece pequeña. Pero en un año serían 4.800 millones de pesos. Y, si es por 20 años, como se especula, los ingresos serían de 96.000 millones de pesos, una verdadera fortuna para el beneficiado. Habría que descontar los gastos, claro, pero, de todos modos, el saldo le hace brillar los ojos al más escéptico.

Quizás todo sea una mera acumulación de versiones sin fundamento. Pero no sobra hacer notar que alguien está alerta...