Si hubiera sido solamente por estar generando contaminación auditiva, pues podría tratarse de un mal menor que -sin querer bajarle el volumen en cuanto a los inconvenientes y problemas de salud que puede generar en el vecindario- habría sido más fácil de solucionar, lo encontrado en muchos de los 111 negocios que fueron sellados en las zonas de diversión de Cúcuta deben ser objeto de alarma, análisis profundo decisiones contundentes.

Resulta que al entrar a las llamadas cervecerías, los encargados de ejecutar los operativos quedaron sorprendidos al encontrarse que en muchos de esos establecimientos lo que realmente funcionaba eran prostíbulos disfrazados y cobijados por permisos de uso de suelo para que operaran establecimientos de venta de cerveza y escuchar música, y nada más.

Sin embargo, los propietarios o administradores se las ingeniaron y montaron lugares en que se ejerce la explotación sexual, lo cual debe dar a la aplicación rigurosa de las normas vigentes y a generar una revisión, en el terreno, de la utilización que se le viene dando al certificado de uso de suelo permitido en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los instrumentos que lo desarrollen, en la capital de Norte de Santander.

Y en medio de aquella gran operación que se adelantó en las ‘ocho fábricas de ruido en Cúcuta’ como lo reseñó La Opinión en un reciente trabajo periodístico, apareció otra situación sorpresiva: fueron descubierto certificados falsos de uso de suelo, razón por la cual Planeación Municipal tiene que emprender un rastreo meticuloso y determinar ¿qué está sucediendo? Si es que hay laxitud en la aplicación de las disposiciones vigentes o si es que opera una oficina paralela desde la que se expiden documentos apócrifos por no se sabe cuántos miles o millones de pesos.

Las acciones correctivas hay que aplicarlas sin tardanza, porque por lo visto lo que podría estarse ocultando es una acción de carácter delincuencial que requiere la contundencia administrativa, policial y judicial para conjurarla, sin contemplaciones.

Cuando todo llevaba a pensar que la situación ya había alcanzado el límite máximo, resulta que otro hecho puso a sonar una música desafinada a  esta situación: más se demoraron los agentes de Policía en ponerles los sellos a dichos negocios de diversión nocturna, cuando a las pocas horas algunos nuevamente estaban funcionando y atendiendo a su clientela, como si nada hubiera pasado. 

Este último acontecimiento conduce a abrir numerosos interrogantes, y lleva a pensar si es que la corrupción anda haciendo de las suyas en esa clase de operaciones, que con bombos y platillos son dadas a conocer por los medios de comunicación para mostrar que la autoridad municipal cumple con el deber de ejercer la autoridad para la regulación de las relaciones ciudadanas, con el fin de lograr una convivencia en medio del respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes.

Sin embargo, este cuadro puede dar pie para hacerle un cordial llamado a la administración municipal para que fortalezca, cambie o establezca estrategias frescas, de largo aliento y con contundencia, dirigidas a aplicar mano dura  dentro de regulación jurídica, para que la legalidad sea lo común y corriente y no lo extraordinario, porque como se ve, la ilegalidad tiene poderosos equipos que hacen sonar su música con fuerza por el valle de doña Juana Rangel de Cuéllar.