La ida estrepitosa y sorpresiva del ministro Murillo llevó al gobernador Tavera a convocar una audiencia permanente participativa, que busque definir con claridad las propuestas de todos los actores involucrados en el proyecto de delimitación del páramo.

En síntesis, la que se está dando por Santurbán es la batalla de la vida contra el negocio. Es el agua, contra lo que representen entre 11,5 y 13,7 millones de onzas de oro y plata que guarda la fría montaña donde nace el agua para más de 3 millones de habitantes, muchos de ellos nortesantandereanos.

Pero es una lucha que ha escalado hasta el punto de que el flamante ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, tuvo que salir en fuga de Bucaramanga, porque los chiflidos de la gente lo obligaron cuando iba a exponer la metodología que exigió la Corte Constitucional en fallo que anuló la delimitación del páramo.

Y no es para menos. La política de los hechos cumplidos que se acostumbra en algunas instancias del Gobierno, esta vez no ha funcionado: los ciudadanos les han dicho de frente a los responsables del medioambiente que no pueden continuar con su costumbre de imponer cosas que no han sido consultadas y negociadas.

Lo han dicho a chiflidos, porque consideran que es la única manera que hay de que en verdad sean escuchados, algo que al refinado ministro nacido en Chocó, pero educado en Europa, no ha compartido.

Pero, sin duda, los habitantes, encabezados por el gobernador de Santander, Didier Tavera, y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tienen la razón: no hay claridad sobre nada del proyecto aurífero de Minesa, compañía árabe a la que, dicen los críticos, el Gobierno le está haciendo el trabajo político previo para explotar la gran mina.

Parte del problema está en que, por ejemplo, Bucaramanga obtiene agua de fuentes del páramo que están abajo de la franja donde Minesa tendría la mina, en la cual dice usará agua que luego limpiará en un 90 por ciento.

La ida estrepitosa y sorpresiva del ministro Murillo llevó al gobernador Tavera a convocar una audiencia permanente participativa, que busque definir con claridad las propuestas de todos los actores involucrados en el proyecto de delimitación del páramo. La propuesta la respaldó el alcalde de Bucaramanga.

Lo que se pretende es que participen todos los actores en torno del asunto del páramo y su delimitación, y que las corporaciones autónomas se vinculen en defensa de los intereses del medioambiente, en un papel de intermediarias entre el ministerio y la comunidad. A ellas les corresponde avalar que los avances en la delimitación obedezcan a criterios técnicos rigurosos.

Hay una situación compleja: por un lado están los intereses, muy poderosos, del gobierno y su locomotora minera, y de los emiratos árabes a través de Minesa, que pretenden que Santurbán entregue su tesoro de oro y plata, y por el otro, todos los seres humanos que dependen del agua potable, que se teme pueda resultar muy afectada con proyectos extractivos en la parte alta.

Pero, como parecen considerarlo las autoridades de Santander, a las que las nuestras deberían acompañar, priman los intereses vitales de la sociedad, que solo puede garantizar su supervivencia mientras el páramo siga siendo la fábrica de agua que ha sido siempre.

El oro y la plata pueden esperar. Dos millones de vidas, no.