No son para festejar las noticias que vienen de varios lugares del país y que revelan falta de autoridad en el manejo de protestas sociales y laborales. Son por supuesto condenables los excesos que se cometan para mantener el orden. Pero por parejo lo son los abusos de quienes a nombre de reivindicaciones de derechos sindicales, o de aspiraciones de la comunidad amenazan la paz pública. Nos da la impresión de que el Gobierno se ha dejado medir y de que ciertos grupos están imponiendo su ley de la selva.

Los acontecimientos de Puerto Gaitán, en contra de la petrolera Pacific Rubiales, no pueden ser más lamentables. Un puñado de encapuchados ha cerrado la producción de una cuarta parte de los hidrocarburos del país. Y lo han logrado en medio de la pasividad total de la Policía, sin que obre razón de derecho de ninguna especie que justifique esos actos de violencia.

Los revoltosos saben muy bien que le están pegando en el corazón a la economía colombiana y al principio de la confianza inversionista, elemento esencial de la política que dejó establecida el Presidente Uribe, y que Santos prometió continuar. Cuando estábamos condenados a importar gasolina y otros derivados del petróleo, una sana forma de contratación ha conseguido la vinculación de importantes volúmenes de capital extranjero y de tecnologías de punta para revertir esa gravísima carencia. Pero no es solamente la distribución adecuada de las ganancias la que ha conseguido que estemos en la vecindad del millón de barriles de producción, con una exportación superior a los seiscientos mil barriles por día. Es sobre todo la seguridad lo que ha permitido esas maravillosas conquistas.

Hay mucho en juego, por supuesto. Y el Gobierno no puede ignorarlo. Y la USO, cuyas crueles ejecutorias no hemos olvidado, mucho menos. Y sin embargo, se le ha permitido que imponga su ley de terror y se le han concedido treinta días a Pacific para que se acomode a la voluntad de los autores de la asonada. La trapisonda se esconde con una supuesta negociación entre las partes, cuyo desenlace se conoce de antemano. Si la compañía petrolera no accede a lo que la USO le exige, vendrá otra manifestación de fuerza, más afinada en sus técnicas y más audaz en sus propósitos.

Lo del petróleo no viaja solo. Se encuentra en el mismo vagón del mismo tren con la fuerza desatada en Puerto Wilches contra las productoras de palma de aceite. En una de ellas, llamada Bucarelia, la plaga de la pudrición del cogollo ha puesto en entredicho la viabilidad de la operación. Pero los trabajadores, o los sindicatos que los azuzan, han resuelto cerrar otras tres plantaciones vecinas, que nada tienen que ver con el conflicto. Y otra vez presenciamos la indiferencia de la Fuerza Pública, mientras que oímos al Gobernador de Santander, el inefable doctor Serpa, ofreciéndose como mediador en nuevas conversaciones. Serpa es especialista en esos diálogos. Y sobre todo en entregarle a la Fuerza lo que le pertenece al Derecho. Quienes heredamos sus larguezas con lo ajeno en los conflictos indígenas del Cauca, sabemos por cuáles caminos quiere conducir estas discusiones. Vaca ladrona no olvida el portillo.

Estamos de vuelta a épocas que creíamos superadas. En la madrugada de este domingo, la guerrilla atacó los pueblos de Caldono, Siberia y Jambaló, y la represa de Salvajina. Ya le había tocado el turno a Corinto y nos preguntamos lo que pasará mañana. Y cuando todas estas desgracias caen sobre la Nación, triste presagio de muchas cosas peores, el Presidente anda de viaje y el Ministro del Interior, de vacaciones. Tal vez daría lo mismo si estuvieran. Porque a lo mejor no es el Presidente ni el Ministro lo que hace falta. Es la voluntad de mantener el orden por medio de la legítima acción de la autoridad, lo que estamos añorando.

Si el Presidente se toma la libertad de recomendarle a Israel y a Palestina lo que les conviene, no parece excesivo que nosotros le recomendemos que de una buena vez se amarre los pantalones.