Una  condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad es la existencia de una prensa libre, sin la posibilidad de los intermediarios que se estacionan entre quienes ejercen la libertad de informar y la de quienes necesitan ser informados.

Esos intermediarios son, siempre han sido, factores de poder, que niegan los derechos fundamentales del ser humano desde la administración del Estado, desde la política, desde el dinero, desde la tecnología o desde el crimen. Se identifican en el objetivo de buscar neutralizar la prensa, como epítome del derecho a informar en libertad y el deber de buscar la verdad a toda costa, a todo costo.

En esa lucha en desventaja, el poder del asesino a sueldo es, a veces, mucho más efectivo que el del Estado, y con mayor razón si en ese objetivo se conjugan los demás factores, orientados hacia generar injusticia, impunidad, corrupción, recorte de derechos y libertades para satisfacer intereses particulares.

Por esto, es de particular agrado la celebración en Cartagena de la reunión de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa (Sip), en momentos que, de verdad, marcan una época muy difícil para la prensa hemisférica en general y el periodismo en particular.

Los medios tradicionales de comunicación enfrentan, desde hace pocos años, una nueva ofensiva que se suma a las de los demás factores: la de los intermediarios tecnológicos, en especial en la internet, que intentan imponer, como permanentes normas de comportamiento, ciertas decisiones particulares de ellos que, quiéranlo admitir o no, son restrictivas del derecho a dar y recibir información libre, veraz y sin intermediación.

En Cartagena, el presidente Iván Duque hizo dos cosas importantes para los medios de comunicación: firmó la Declaración de Chapultepec, iniciativa de la Sip en busca de lograr que nunca haya leyes que restrinjan la libertad de expresión y la de prensa. Duque es el mandatario 71 de América Latina que firma el documento desde cuando surgió, hace 25 años.

El otro acto fue por mandato de la Justicia internacional, que ordenó que el Gobierno colombiano diera una satisfacción pública a la familia del periodista del Huila Nelson Carvajal, asesinado a balazos en 1998. Por el crimen, nadie ha pagado, y el Estado colombiano estaba pasando agachado ante la responsabilidad que cabe a toda sociedad que permite que a sus periodistas los maten por el mero hecho de cumplir con su misión de ser, junto con los medios, el contrapoder real y legítimo.

Nadie, menos el Estado y quienes lo administran, pueden olvidar jamás que los periodistas y los medios son indispensables, esenciales para la defensa de todo lo que signifique democracia y libertades. Que después de firmar la declaración, en algunos países los gobernantes olviden el compromiso que adquirieron, no significa que los principios defendidos se hayan debilitado. Por el contrario, cada ataque los hace más sólidos, más fuertes, imperecederos.

Los medios de comunicación saludables son imperiosamente necesarios para el Estado, que, en el caso de Colombia, cambia periódicamente de administradores, que hacen esfuerzos, unos más que otros, para vencer la tentación de imponerles controles. Algunos ceden a las tentaciones. Otros, ni siquiera han contemplado la posibilidad de que pueda haber prensa sin control.

En Colombia, y ojalá se mantenga la tendencia, cada vez parece haber más respeto por la prensa y por los periodistas. Por fortuna.